Los estatales definieron medidas contra los exámenes de idoneidad

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó la renovación automática y anual de cerca de 50 mil contratos que vencen el 31 de diciembre en la Administración Pública Nacional. En este contexto, anunció una nueva Jornada de Lucha programada para el miércoles 11 de diciembre.

Según Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, el manejo de los contratos por parte del Gobierno constituye un "fraude laboral gigantesco", señalando que la precarización laboral en el sector público debe ser combatida mediante la renovación automática de los contratos y la incorporación definitiva de los trabajadores en planta permanente.

Aguiar criticó la implementación de contratos trimestrales, una medida que se adoptó desde el inicio de la actual gestión. Destacó que este esquema no solo genera incertidumbre y malestar entre los empleados, sino que también afecta negativamente la calidad y cantidad de los servicios públicos.

Además, denunció las irregularidades en los exámenes propuestos por el Gobierno para los trabajadores estatales: "El sistema de evaluación que ilegalmente pretende implementar el Gobierno bajo ningún punto de vista puede condicionar la continuidad de los vínculos laborales. Rechazamos cualquier posibilidad que se vulnere el derecho a la estabilidad",

Aguiar destaca al respecto que la Resolución 26/24 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado establece que dichas evaluaciones no son vinculantes y que, incluso al aprobarlas, los trabajadores no tienen garantizada su continuidad laboral. Esta normativa ha sido objeto de rechazo por parte de ATE, que ve en ella un mecanismo adicional de precarización.

A esto se suma el descontento por el congelamiento salarial en la Administración Pública y los recientes despidos en organismos como el PAMI, lo que, según Aguiar, agrava aún más la situación.

ATE anunció que intensificará su plan de acción en las próximas semanas, con movilizaciones previstas en diferentes puntos del país, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas las provincias. Estas medidas buscan visibilizar las problemáticas del sector público de cara a las festividades de fin de año y presionar al Gobierno para que responda a sus demandas.