La imagen que expone cómo el oficialismo concentra el poder público en Mendoza
Una imagen vale más que mil palabras. Con la designación de Gustavo Riera como vocal del Tribunal de Cuentas el gobernador Alfredo Cornejo logró torcer la mayoría que el peronismo tenía en el órgano de control. Ahora, el oficialismo tiene el control de ambas cámaras legislativas y también del Tribunal de Cuentas y la Suprema Corte de Justicia.
Al gobernador le incomoda que se le acuse de cooptar los distintos poderes del Estado. Se defiende afirmando que todas las personas que ha propuesto para esos cargos cumplen los requisitos constitucionales para ocuparlos. Y es cierto. Pero también es real que, por primera vez desde el retorno a la democracia, un gobernador consigue un segundo mandato y eso le ha permitido llenar de personas de su estricta confianza los órganos de contralor. Incluso, en el acto de asunción de Gustavo Riera estaba el procurador general Alejandro Gullé, también designado por Alfredo Cornejo.
La suma del poder público en la provincia de Mendoza es algo indiscutible. Es incluso lógica luego de tres gobiernos del mismo equipo político. Alfredo Cornejo designó en su primer gobierno a dos jueces de la Corte, una vocal del Tribunal de Cuentas, el presidente del órgano de control y el procurador general de la Corte. Luego el gobernador Rodolfo Suarez le tomó juramento a la jueza Teresa Day y ahora Alfredo Cornejo en su segundo mandato designó a Norma Llatser en la Corte y Gustavo Riera como vocal. Muchos de esos lugares eran ocupados por personas nombrados durante gobiernos peronistas, como el caso de Mario Angelini, a quien reemplazó esta semana Gustavo Riera como vocal del Tribunal de Cuentas.
Hoy en día, el único órgano extrapoder que no es conducido por un cornejista es Fiscalía de Estado con el exsenador del PJ Fernando Simón a la cabeza. El resto, incluida la Oficina de Ética Pública e Investigaciones Administrativas, son presididas por personas cercanas al gobernador.
La foto habla por si sola. En la Casa de las Leyes el oficiamismo cuenta con una cómoda mayoría en ambas cámaras. En el senado, con Hebe Casado al frente, ha logrado aprobar pliegos de jueces, vocales y otros funcionarios, además de darle luz verde a los distintos paquetes de leyes con reformas estructurales impulsados por el Ejecutivo en Seguridad, Educación y Salud, entre otras áreas. En la Cámara de Diputados la situación es aún más holgada y el presidente de la Cámara, Andrés Lombardi prácticamente no ha necesitado negociar con la oposición. Las negociaciones actualmente no son para que se aprueben las leyes sino más bien para que salgan aprobadas con amplia mayoría.
La balanza en el Tribunal de Cuentas registró un cambio esta semana. Hasta hace pocos días, en el órgano de control presidido por el cornejista Néstor Parés había tres vocales de extracción peronista y solo una de confianza del gobernador. Ahora, la ecuación se modificó y la UCR cuenta con dos vocales y la presidencia. Los vocales Héctor Caputto y Ricardo Pettignano pasaron a ser minoría frente a Parés, Liliana Muñoz de Lázaro y Gustavo Riera, los tres designados por Cornejo.
Quizás en la Corte sea en el único lugar donde la obediencia al Ejecutivo se encuentre en duda. Si bien cuatro de los siete jueces del máximo tribunal fueron propuestos por gobiernos radicales, en los últimos meses José Valerio ha actuado con cierta independencia y esto ha generado malestar en el oficialismo. Un ejemplo es el fallo reciente en el que desestimó el planteo de lesividad que el Ejecutivo había presentado contra la intervención que se hizo durante el gobierno de Celso Jaque de la Fundación Santa María que controla la Universidad Champagnat. Para el gobierno existió un notorio desvío de poder y hablaban incluso de corrupción por parte de exfuncionarios de Celso Jaque que participaron en la intervención desde la Dirección de Persona Jurídica y luego se hicieron con el control de la Fundación Santa María, ocupando cargos rentados en la Universidad Champagnat. El voto de Pedro Llorente avaló los planteos del oficialismo, pero Julio Gómez y José Valerio votaron que la acción estaba prescripta.
Hasta ese voto, habían existido chispazos entre Valerio y el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, pero "sin sacar los pies del plato". Por eso, el caso de la Fundación Santa María puede marcar un nuevo camino. A eso se suma que en febrero asume Norma Llatser en el máximo tribunal, una mujer que cuenta con la confianza del gobernador pero que, al igual que Valerio, tiene recorrido propio en el Poder Judicial. Quizás sea el inicio de una etapa diferente en un tribunal que en los últimos años estuvo demasiado influenciado por el Ejecutivo.
A Alfredo Cornejo todavía le quedan tres años el frente de la provincia y en ese tiempo pueden seguirse abriendo vacantes en los órganos de control. Incluso podría darse el caso de que el propio Cornejo sea quien elija al sucesor del procurador Alejandro Gullé, nombrado por el gobernador en su primer mandato y, según trascendidos, estaría próximo a jubilarse.