Código Procesal Penal: el Gobierno explicó los cambios propuestos en la reforma

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados de la Legislatura recibió a Alejandro Gullé, procurador general, y a Marcelo D`Agostino, subsecretario de Justicia, para analizar el proyecto del Poder Ejecutivo que promueve la reforma del Código Procesal Penal bajo la consigna de "otorgar mayor agilidad, transparencia, precisión y credibilidad".

La propuesta consiste en modificar la Ley Nº 6730 (Código Procesal Penal), ingresó por la Cámara de Diputados y fue impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio Público Fiscal. Básicamente, tiene el objetivo de mejorar los tiempos y las dinámicas en la resolución de causas penales, centrándose en la etapa de la investigación penal preparatoria.

Tanto Alejandro Gullé como Marcelo D`Agostino coincidieron en que es un proyecto que “pretende darle entidad y la verdadera dimensión que tiene la etapa procesal del juicio oral, que es la etapa neurálgica. En el último tiempo se ha desnaturalizado y existen muchos caminos colaterales y posibilidades que terminan dilatando un juicio penal”.

Destacaron que “hemos tomado las principales notas para dinamizar los procesos. Se ha generado una etapa investigativa casi eterna que no puede ser. La investigación del fiscal tiene que ser rápida y con la posibilidad de impugnaciones elementales; por todo ello, este proyecto apunta a eliminar todos los puntos que puedan obstaculizar el proceso para que llegue a juicio oral”.

Los cambios propuestos se basan en modificar una serie de artículos de la normativa legal mencionada y realizar agregados con artículos para “permitir la continuidad rápida y que los procesos no se eternicen”. En este sentido, el proyecto promueve sustituir los artículos 22, 201, 346, 347, 350, 355, 360, 361, 466, 481, 482 e incorporar el artículo 362 bis.

De este modo, al retomar sobre cómo se dan los procesos en la actualidad, se explica que se puede establecer “la división del proceso en dos etapas bien demarcadas, investigación penal preparatoria, por un lado y juicio propiamente dicho por el otro”, perfeccionándose “con el objeto de establecer con claridad los roles de los sujetos procesales. En tanto que la primera se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal para llevar adelante las investigaciones y recolección de pruebas necesarias, la segunda está dirigida al desarrollo del debate oral en el cual el acusador y defensa dirimen la situación ante el órgano jurisdiccional a fin de que éste último se encuentre en situación de dictar la sentencia definitiva”.

“Esta última reforma que se plantea, busca en definitiva perfeccionar la actividad procesal en la etapa de la investigación penal preparatoria, teniendo en claro que la etapa esencial del proceso es el juicio oral propiamente dicho, previsto en la Constitución Nacional en su Artículo N° 18”, reafirma el texto confeccionado y puesto en consideración de los legisladores. Por todo ello, es que se subraya que “la investigación preparatoria no puede convertirse en una instancia engorrosa y dilatada en el tiempo cuando es el juicio, con todas las garantías de oralidad, inmediación, publicidad y contradictorio, el ámbito propicio para dirimir las distintas posiciones de cada una de las partes en el juicio”.

Al finalizar el encuentro, Marcelo D`Agostino indicó que “todas las reformas que implican a códigos de procedimientos, la idea que tiene el Poder Ejecutivo es trabajar en conjunto con los operadores del sistema de justicia; en pos de un procedimiento que sea más célere, más eficaz y no tan burocratizado. Es una adecuación normativa necesaria. La idea es llegar rápidamente a juicio”.

Sobre las modificaciones y aportes que se realizan en esta iniciativa del Poder Ejecutivo se detalla una nueva redacción de los artículos, y el agregado de otros. El punto esencial es que muchas acciones “no tendrán efecto suspensivo” lo cual posibilita que la investigación continúe. Los artículos.

• Artículo 22 (Tramitación separada). El incidente se sustanciará y resolverá por separado, sin perjuicio de continuarse la investigación. La resolución será apelable sin efecto suspensivo.
• Artículo 201 (Oportunidad y Forma). Las nulidades sólo podrán ser instadas, bajo pena de caducidad, en determinadas oportunidades.
• Artículo 346 (Archivo). Cuando no se pueda proceder o el hecho no encuadre en una figura penal el Fiscal dispondrá el archivo de las actuaciones por decreto fundado. El Querellante podrá oponerse ante el Juez de Garantías, quien resolverá en audiencia oral. Cuando mediare discrepancia del Juez de Garantías, regirá el Artículo 362 bis (que es el que se propone agregar a partir de esta modificación).
• Artículo 347 (Proposición de Diligencias). Las partes podrán proponer diligencias, las que serán practicadas salvo que el Fiscal no las considere pertinentes y útiles; si las rechazara, podrán ocurrir ante el Juez de Garantías en el término de tres días. El Juez resolverá en audiencia oral, de conformidad con lo previsto en el Artículo 362, sin perjuicio de continuarse con la investigación. La decisión del Juez no será apelable y si se rechazara la prueba, la misma podrá ser ofrecida en la audiencia preliminar (Artículo 367).
• Artículo 350 (Oposición y Ocurrencia). Trámite: Las decisiones del Fiscal de Instrucción serán impugnables por vía de oposición y ocurrencia. Serán oponibles los supuestos contemplados en los Artículos 13, 104, 346 y 360. La oposición se deducirá ante quien dictó la resolución en el término de tres (3) días, salvo que se establezca otro plazo. De inmediato se elevará al Juez de Garantías, quien resolverá en audiencia oral según el trámite del Artículo362. Se podrá ocurrir al Juez de Garantías en los supuestos de los Artículos 105 y 347.
• Artículo 355 (Apelación). La sentencia de sobreseimiento será apelable, sin efecto suspensivo, por el Ministerio Público Fiscal y, salvo el caso previsto en el Artículo 362 bis, por el querellante particular. Podrá recurrir también el imputado cuando no se haya observado el orden que establece el Artículo353ocuando se imponga una medida de seguridad.
• Artículo 360 (Instancias). Las conclusiones del requerimiento Fiscal serán notificadas al Defensor del Imputado quien podrá, en el término de cinco (5) días, oponerse instando el sobreseimiento.
• Artículo 361 (Elevación a Juicio). El Juez resolverá en audiencia oral la oposición al Requerimiento de Citación a Juicio. Si no hiciere lugar ordenará la elevación de la acusación fiscal y dicha resolución no será apelable. Cuando hubiere varios imputados, la decisión deberá dictarse respecto de todos aunque el derecho que acuerda el Artículo 360 haya sido ejercido sólo por el Defensor de uno. Cuando no se hubiere deducido oposición, el expediente será remitido por el Fiscal al Tribunal de juicio.
• Artículo 362 bis -agregado- (Discrepancia). Si el Fiscal de Instrucción solicitase el sobreseimiento y el Juez no estuviere de acuerdo, se elevarán las actuaciones al Fiscal Adjunto Penal. Si éste coincidiera con lo solicitado por el inferior, el Juez resolverá en tal sentido. En caso contrario, el expediente pasará en vista al Fiscal subrogante, quien formulará el requerimiento de citación a juicio en base a los fundamentos del superior.
• Artículo 466 (Resoluciones apelables). El recurso de apelación procederá contra las resoluciones de los Jueces de Garantías siempre que expresamente sean declaradas apelables. Así solo podrán apelarse las decisiones sobre excepciones de previo y especial pronunciamiento, nulidades, decisiones sobre medidas cautelares, control jurisdiccional, auto de archivo y sentencia de sobreseimiento. Respecto de las dos últimas, serán apelables siempre que no hubiera habido trámite de discrepancia del Artículo 362 bis.

Procederá también contra las decisiones de los jueces de Ejecución que se tomen durante la ejecución de la pena.

• Artículo 481 (Proveído). El Tribunal proveerá lo que corresponda, en el término de tres (3) días, de acuerdo con el Artículo 461, debiendo notificar a los interesados para que el en plazo de dos (2) días puedan adherir. Cuando el recurso sea concedido, se elevarán las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia.
• Artículo 482 (Trámite). Recibidas las actuaciones ante la Suprema Corte de Justicia se aplicará el Artículo 461, segunda parte. Admitido el recurso, se correrá vista a las partes por el plazo perentorio de diez (10) días. Cuando el recurso haya sido interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, el Procurador General, dentro del mismo plazo, deberá expresar si lo mantiene o no. Cuando desista y no haya otro recurrente o adherente, las actuaciones serán de vueltas por decreto. Cuando se haya solicitado informar oralmente, el Presidente fijará audiencia en el término de diez (10) días. En esta oportunidad no se admitirá la incorporación de memoriales o escritos por parte del recurrente.