La decisión del Gobierno sobre la capacitación de conductores que pega de lleno en la UTA
En una nueva resolución emitida por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Gobierno derogó normas históricas que regulaban la capacitación de los conductores del transporte automotor de pasajeros. La medida apunta a flexibilizar el sistema y fomentar la competencia en el marco de un amplio proceso de desregulación económica.
A propósito, el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó la decisión y resaltó su impacto en el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera Roberto Fernández: "Se puso fin al monopolio del sindicato de colectiveros, la UTA. Con la anterior normativa quienes querían sacar una licencia de transporte de pasajeros en una entidad vinculada la UTA, la Asociación para la Educación y Formación de Trabajadores de Transporte de Pasajeros".
El funcionario detalló el impacto de la medida: "Gracias a este monopolio el gremio recibía mas de 11 mil millones de pesos desde 2019. Esto es una cifra que recibía el sindicato solo por las renovaciones obligatorias que tenían que hacer. Y destacó: "Ahora cualquier prestador podrá dar las capacitaciones"
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En esa línea, la Secretaría destacó que el objetivo es abrir la actividad a múltiples prestadores particulares, promoviendo estándares más altos de calidad en las capacitaciones y eliminando restricciones que obstaculizaban la entrada de nuevos actores al mercado.
La resolución se inscribe dentro de la política de ajuste y desregulación impulsada por el Gobierno, sustentada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Este decreto establece la promoción de un sistema económico basado en la libre competencia, eliminando restricciones normativas que afectan precios, oferta y demanda.
En sus fundamentos, el texto publicado el Boletín Oficial sostiene: "se dispuso llevar adelante la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, con el objetivo de dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda".
Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que esta medida permitirá reducir costos operativos, aumentar inversiones en el sector y mejorar la calidad del servicio, en línea con los objetivos de competitividad económica del Ejecutivo.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) deberá adecuar su marco normativo para implementar la nueva disposición. Asimismo, la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, junto con otras dependencias del Ministerio de Economía, participarán en el proceso de transición hacia el nuevo esquema de capacitación.
Con este movimiento, el Gobierno busca consolidar un sistema de transporte caracterizado por la libertad de contratación y un rol estatal limitado a garantizar eficiencia y seguridad. Las autoridades explicaron que el proceso será público y transparente, garantizando que los conductores puedan acceder a opciones de formación más variadas y accesibles.