Batalla cultural: las tres medidas de Javier Milei contra el adoctrinamiento político

En una medida fundamentada en el objetivo de fortalecer la ética pública y garantizar la neutralidad en la gestión estatal, el presidente Javier Milei firmó un decreto que prohíbe el uso de recursos y bienes del Estado Nacional con fines de propaganda política o autopromoción.

El decreto, que tiene como base la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188 y otras normativas relacionadas, establece la prohibición de exhibir nombres, imágenes, símbolos u obras que puedan interpretarse como promoción personal o partidaria en edificios, oficinas, monumentos y otras propiedades del Estado.

En los fundamentos del decreto 1084/2024 publicado este martes en el Boletín Oficial se advierte que "la propaganda institucional se ha desvirtuado y utilizado para promover la imagen personal del funcionario de turno en lugar de centrarse en la difusión de información de interés público, convirtiéndose en meros actos de proselitismo político". 

La norma firmada por Milei y Francos también explica que "los recursos y bienes del Estado nacional son públicos y deben estar al servicio de la comunidad en general y no de intereses particulares o partidarios que suponen una imposición forzada a la memoria colectiva".

Otro de los argumentos es que estas prácticas "provocan la pérdida de la neutralidad que corresponde que posean los bienes públicos, conspirando contra el objetivo de constituir la unión nacional"

La medida apunta a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y asegurar que los recursos estatales beneficien exclusivamente a la comunidad.

Se deberá esperar 10 años

Además, fija un plazo mínimo de diez años desde el fallecimiento de una personalidad antes de utilizar su nombre en bienes públicos, para garantizar objetividad en su reconocimiento. En su momento, el macrismo había presentado un proyecto que establecía que había que esperar al menos 20 años.

“Es fundamental que los bienes del Estado reflejen los principios de imparcialidad y transparencia que exige nuestro sistema republicano, evitando el culto a la personalidad y la confusión entre lo público y lo partidario”, señaló el mandatario al anunciar la medida.

La normativa también habilita a cualquier ciudadano a denunciar violaciones a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) sin costo alguno. Las infracciones serán consideradas graves, con posibles sanciones administrativas, patrimoniales e incluso penales para los responsables.

"Libertad de pensamiento" en las escuelas

Con objetivos similares pero apuntando especialmente a las instituciones educativas, se publicó otro decreto firmado por el jefe de Estado, el jefe de Gabinete y en este caso también por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. 

De esta manera se introducen cambios a la reglamentación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, estableciendo nuevas pautas destinadas a garantizar la libertad de pensamiento en el ámbito educativo.

El texto establece que la imposición de pensamientos o actos político-partidarios en el sistema educativo constituye una vulneración de la dignidad e integridad personal de niñas, niños y adolescentes. "La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal", señala el decreto.

El Poder Ejecutivo justificó la decisión subrayando el rol crucial de los docentes en la formación de los menores. Según el decreto, es fundamental evitar que los educadores impongan una determinada forma de pensamiento o limiten el libre desarrollo de ideas, para prevenir cualquier forma de adoctrinamiento. “La libertad de pensamiento representa un factor esencial en nuestra sociedad y debe ser respetada en todos los ámbitos y por todas las personas”, afirmaron desde el Ejecutivo.