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Ordenan imputar por coacción a los inspectores de Sadaic que quieran cobrar en eventos privados

El procurador Alejandro Gullé dio instrucciones a fiscales para imputar a las personas que pretendan cobrar en cumpleaños, casamientos y otros eventos privados.

La decisión del gobierno de Mendoza de avanzar con el cumplimiento del decreto nacional 765 amenaza con llevar a otro plano la pelea con Sadaic. Este fin de semana, los fiscales de la provincia recibieron instrucciones del procurador Alejandro Gullé de imputar por coacción a cualquier agente que intente cobrar derechos de autor en fiestas de índole privada. Así se dio a conocer luego de la reunión que Gullé mantuvo ayer con los diputados Gustavo Cairo, Gisela Valdez y Enrique Thomas, quienes encabezan la cruzada contra Sadaic y AADI Capif en Mendoza.

En concreto, por decreto el presidente Javier Milei dispuso que las fiestas que se desarrollen en un ámbito privado, sea este propio o alquilado para la ocasión, no deberán pagar tales gravámenes. El mismo decreto le ordena a Sadaic y AADI Capif a abstenerse de reclamar en eventos de carácter privado cobros indebidos, "a fin de evitar la comisión de delitos tipificados por el Código Penal y un enriquecimiento sin causa del derecho civil”.

Tras tomar conocimiento de la citada resolución, el procurador dio instrucciones a los fiscales para imputar a todo aquel que pretenda cobrar dichos aranceles en fiestas privadas. En comunicación con MDZ Radio 105.5 FM, Gullé señaló: "la calificación legal es coacción, que es la figura del 149 bis, segunda parte, del Código Penal argentino. Tiene una pena de 2 a 4 años". 

Alejandro Gullé bajó la orden de imputar a los agentes que pretendan cobrar en eventos privados.

Por este motivo, solicitan que ante cualquier exigencia de pagos indebidos, los afectados realicen la denuncia penal correspondiente, de modo complementario a la asistencia que debe brindarle Defensa del Consumidor.

Los mismos tres diputados se había reunido esta semana con la titular de Defensa del Consumidor para coordinar acciones para que los individuos a los que se les ha cobrado luego de la firma del decreto presidencial puedan reclamar el reembolso y la sanción correspondiente contra ambas agrupaciones.