Maximiliano Ferraro intimó a Javier Milei y a Gerardo Werthein con denunciarlos en la Justicia por su política exterior
El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) envió una carta documento al presidente Javier Milei en la que cuestionó sus últimas decisiones en materia de relaciones exteriores y derechos humanos. La misma acción inició contra el canciller, Gerardo Werthein.
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En el texto que Ferraro envió a ambos funcionarios advirtió que estas acciones serían violatorias de la Constitución Nacional y tratados internacionales. Además, anticipó que podría promover una denuncia penal por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
“En mi carácter de diputados, le intimo a cesar con la toma de decisiones en materia de relaciones exteriores y derechos humanos de lo contrario estaré obligado a promover denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, afirmó Ferraro en la carta documento que le mandó por Correo Argentino al presidente.
El legislador hizo foco en el voto solitario de la representación argentina en la Organización de Naciones Unidas (ONU) rechazando dos resoluciones clave: una sobre la intensificación de esfuerzos para prevenir la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital, y otra vinculada a los derechos de los pueblos indígenas. Según el diputado, estas decisiones vulneran principios fundamentales establecidos en el artículo 75 de la Constitución Nacional, así como en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Además, Ferraro cuestionó el retiro de la delegación argentina de la 29ª Conferencia sobre el Cambio Climático (COP29), celebrada este año en Bakú. Para el legislador, esta acción “incurre en graves incumplimientos de los principios y declaraciones establecidas en la Constitución Nacional en el Art. 75 inc. 17 y 23, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional del inc. 22, y las obligaciones asumidas del Estado Nacional en relación a la protección de los grupos sociales afectados”.
En su carta, el diputado instó a Milei a rectificar estas medidas, argumentando que “el ejercicio de la política exterior debe ser en observancia de los principios y obligaciones asumidas por la Constitución Nacional”. Asimismo, subrayó que el Poder Ejecutivo, como poder constituido, debe operar “dentro de los límites que le impone el poder constituyente”.
Ferraro advirtió también sobre las posibles implicancias legales y democráticas de estas decisiones, señalando que “todos aquellos actos que el Estado no haga en su favor, los hace en su contra y pueden constituir actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático (art. 36 C.N.)”.
Según el diputado, “la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional son la base legal, moral y ética en la cual se funda la democracia y la República”. Ferraro enfatizó que estas decisiones “contravienen los principios de igualdad y libertad consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos”.
Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones, que podrían derivar en una judicialización del caso. Este episodio se suma a las tensiones políticas internas que han surgido por las posturas del oficialismo sobre derechos humanos, cuestiones de género y política ambiental.
La carta documento enviada por Ferraro