Fiscalía de Estado negó irregularidades en una operación entre EMESA y CEOSA

Un duro revés recibieron los legisladores de La Unión Mendocina que denunciaron penalmente la operatoria contable entre EMESA y CEOSA para la transacción de una empresa de generación de energía. En concreto, la Fiscalía de Estado afirmó que "a la luz de todo lo analizado y el respaldo documental obrante en autos, puede afirmarse que no se encuentra ilegitimidad formal ni de fondo en el obrar de EMESA". Según se puede observar en el reciente dictamen, "no hay visos de arbitrariedad o desviación de poder que perjudiquen el patrimonio estatal en beneficio de CEOSA". 

La denuncia fue presentada por los Senadores Provinciales Germán Adolfo Vicchi, Valentín Rafael González, Gabriel Alejandro Pradines, Martín Guadalupe Rostand, Oscar Ariel Pringles, Flavia María Manoni y Marcos Enrique Quattrini, quienes también pidieron la intervención de Fiscalía de Estado para evaluar un posible perjuicio a la provincia. Específicamente, pusieron el foco en el convenio de Cesión de Acciones de Calbuco Energía S.A entre la Empresa Mendocina de Energía SAPEM (EMESA), el Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y a Desarrollar creado por Ley N° 8986 (FOPIATZAD) del cual EMESA es la Fiduciaria, y la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA).  

En este sentido, denuncian que la provincia le concedió un préstamo de 1.6 millones de dólares a Fernando Porretta para terminar de construir cinco saltos energéticos pero que la empresa nunca devolvió el dinero. En 2022 se terminó firmando un convenio en el que EMESA le perdona la deuda a cambio de las acciones de una empresa llamada Calbuco SA, que controlaba uno de esos cinco saltos energéticos. Pero los denunciantes cuestionan que lo hizo sin contemplar intereses por mora y además de ello EMESA le pagó a CEOSA otro millón de dólares por esas acciones. A eso adhieren que se pesificó la deuda al dólar oficial en perjuicio de las arcas provinciales.

Según consta en el dictamen de Fiscalía de Estado, los cuestionamientos fueron refutados punto por punto e incluso remarcan que la operación terminó siendo beneficiosa para la provincia. "No se aprecia que haya existido perjuicio fiscal en beneficio de la empresa denunciada. Por el contrario, el patrimonio público se ha visto beneficiado tanto desde el FOPIATZAD como desde EMESA", argumenta el director de Coordinación de Fiscalía de Estado, Luciano García Bistué.

 

"Por todo lo expuesto, se concluye que su accionar ha sido legítimo, razonable y proporcionado, sin que se observe que sus decisiones hayan generado perjuicio ilegítimo o irrazonable al patrimonio estatal. Por el contrario, el análisis revela que la estrategia implementada ha sido beneficiosa, permitiendo a la empresa cumplir sus objetivos y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo para la comunidad de acuerdo a los fines que se propone la misma, así como recuperar un crédito potencialmente litigioso e incrementar su patrimonio", agrega el dictamen en sus conclusiones.

"En definitiva, como resultado global se observa un recupero razonable de deuda y un incremento patrimonial para el sector público considerado en su conjunto. Resulta entonces que no encuentra asidero la pretensión de que Fiscalía de Estado lleve a cabo otras acciones en ejercicio de su competencia como Organismo de control, atendiendo a que no se aprecia en el caso ilegalidad ni arbitrariedad alguna ni daño al interés fiscal que custodia", finaliza.

El dictamen de Fiscalía de Estado no avanza sobre cuestiones técnicas ni realiza un análisis de mérito, oportunidad o conveniencia, sino que se circunscribe a la "juridicidad" del procedimiento. Del análisis realizado concluyen que es inexistente el daño al patrimonio estatal.

La Justicia ordenó una pericia contable

Paralelamente, la causa avanza por vía judicial y el fiscal, Juan Tichelli, dispuso la realización de una pericia contable "con el fin de determinar la existencia o no de un perjuicio patrimonial al estado provincial" en la operatoria mediante la cual EMESA le condonó una deuda en dólares a CEOSA a cambio de la empresa Calbuco SA.

Según esgrimen desde el Ministerio Público Fiscal, la pericia tendrá como objetivo auscultar "la dinámica y ejecución de los convenios realizados entre los entes públicos involucrados y la empresa denunciada". Se trata de un primer paso para que luego el Ministerio Público Fiscal, en base al resultado, determine si hay "puntos a dilucidar".

Justamente, la pericia apunta a conocer a ciencia cierta cuál fue la inversión de CEOSA y cómo fue la operatoria mediante la cual se fijó la diferencia que EMESA le pagó por la empresa Calbuco SA. También está en discusión la cotización del dólar que se utilizó para pesificar la deuda que CEOSA tenía con EMESA.