Alfredo Cornejo, alarmado por la obra pública y el juego de apoyos y rechazos a Javier Milei
A lo largo de las casi tres horas que duró, la reunión entre Javier Milei y los gobernadores radicales de mediados de la semana pasada en la Casa Rosada transcurrió en un clima de paz y amor. Pero hubo un tema que Alfredo Cornejo tiró sobre la mesa que rompió un poco con ese ambiente de concordia un poco forzada. El mendocino expresó, en un concepto que compartió el resto de sus correligionarios y a su vez pares del encuentro, su preocupación por la casi segura desaparición del financiamiento nacional para obra pública que ya está expresada en el proyecto de Presupuesto 2025.
Las obras ya van a aparecer, respondió Milei al planteo del gobernador. Y siguió con su explicación: “Cuando baje la tasa de interés, las empresas van a acceder al crédito y ahí van a empezar a financiarse proyectos”. Luego de algunos minutos de debate alrededor del tema y de que sin muchas precisiones el presidente también les planteara a los gobernadores hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas en medio de la pelea con los gremios aeronáuticos, Cornejo abandonó la discusión. Pero se quedó con la seguridad de lo que viene en este asunto que preocupa y es quién se va a encargar en el mediano y largo plazo del mantenimiento y mejoramiento de las rutas nacionales. Después del contrapunto con el presidente, ya no quedaron dudas: mientras promete la irrupción en escena de los privados, el gobierno nacional busca ganar tiempo para no hacer nada en este aspecto.
Por estos días, el debate político a nivel nacional. transcurrirá por otros carriles mientras se define la letra chica del Presupuesto. Y en buena medida Cornejo ya definió como jugará. Por un lado, se alineará con el bloque de Diputados de la UCR que no dará quórum y no votarán esta semana el intento del kirchnerismo, del sector del radicalismo que lidera Martín Lousteau, de la Izquierda y del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, para modificar la forma en que se utilizan y ratifican en el Congreso los decretos de necesidad y urgencia. Las iniciativas que se discuten en Diputados, que son más de una docena, quieren terminar con la “sanción ficta” de los DNU y ponerle un plazo de vigencia a esos decretos si el Congreso no los ratifica.
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Desde hace unos pocos días, el oficialismo en la Cámara Alta volvió a a carga para destrabar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia y está detrás de un acuerdo amplio con los gobernadores que incluye el envío de los pliegos de 150 jueces federales de todo el país entre los que están incluidos las tres vacantes que todavía quedan por cubrir en la Cámara Federal de Mendoza.
Es prácticamente una decisión tomada por Cornejo no respaldar la designación de Lijo y seguramente ese camino seguirán Mariana Juri y Rodolfo Suarez, los senadores que le responden. Aquí la trama es cuasi pública: la designación de Lijo depende de una negociación con el kirchnerismo, que es quien tiene que aportar y está interesado en conseguir los votos necesarios para alcanzar los dos tercios en la Cámara al momento de la votación del pliego.
Hace unos meses el propio gobernador puso en duda su respaldo cuando afirmó que la candidatura de Lijo “nos genera confusión”. Sin embargo el rechazo también obedecería a un compromiso que asumió ante el juez y presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien estuvo en Mendoza en julio pasado. Rosatti está enfrentado internamente con su par Ricardo Lorenzetti, quien en los hechos es el verdadero impulsor de la postulación de Lijo. ¿Detrás qué qué objetivo estaría Cornejo con esta jugada? Intentar volcar favorablemente alguno de los expedientes que Mendoza tramita ante la Corte, particularmente, el conflicto con La Pampa por las aguas del río Atuel y una demanda por el reparto de la pauta oficial de publicidad.
En relación a la conformación de la Cámara, el interés por colocar nombres es mínimo. Milei deberá elegir el trío de candidatos, entre las tres ternas que ya fueron aprobadas por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. Una de ellas está compuesta por el actual fiscal Javier Pascua, por Ana Paula Zavattieri y por José Sebastián Elías, relator de la Corte Suprema. La otra la conforman Viviana Beigel, abogada de Derechos Humanos, un fiscal puntano llamado Federico Miguel Baquioni y el juez provincial Alfredo Dantiacq Sánchez. Y en la tercera ya están anotados Mauricio Martínez Rivas Ruzzo, funcionario de Tribunales, Emanuel Saldi, relator en la Corte ligado al juez Dalmiro Garay y Sebastián Soneira, titular de la Dirección de Personas Jurídicas. Pascua es un fiscal duro, en las antípodas del juez Omar Palermo y eso le encanta a Cornejo. Soneira es parte de la gestión. Sin embargo no existe por los dos ningún tipo de pedido especial. En medio de las negociaciones con el kirchnerismo por Lijo, habrá que seguir de cerca el recorrido de Viviana Beigel en esta rosca.
Cornejo volvió a Mendoza con la confirmación en su mente de que el único plan que está encarando con firmeza la gestión libertaria es la consolidación del equilibrio fiscal y la baja de la inflación. Y se dedicó a preparar un paquete de anuncios que el sábado terminó por presentar ante la Cámara Argentina de Constructores para intentar brindarles la certeza de que, a pesar del ajuste fuerte a nivel nacional, la provincia buscará mantener un nivel razonable de inversión en infraestructura pública. En ese ámbito fue que explicó como el año próximo la pauta presupuestaria provincial que se discute en la Legislatura destinará el 12% de los gastos totales a caminos, viviendas, hospitales y escuelas, entre otros proyectos. Y les adelantó que, en marzo de 2025, se conocerá una nueva tanda de licitaciones de obras que se financiarán con los 1.023 millones de dólares que forman parte del fondo de resarcimiento.
Dentro de este paquete está en análisis solicitarle a la Nación el traspaso de la administración de la ruta 7, en su tramo mendocino, para que sea la provincia quien se termine encargando de las tareas de mantenimiento y, por supuesto, instalar cabinas de peaje. El ejemplo de esta ruta clave para el desarrollo económico grafica muy bien el estado de cosas. Vialidad Nacional, en los once meses que lleva el gobierno de Javier Milei, ya modificó al menos tres veces su plan para decidir qué hacer a futuro. Empresas interesadas del ámbito privado hay, particularmente, para hacerse cargo de la ruta en la alta montaña y las constructoras de Cartellone y de Kristich, por mencionar algunas, ya se contactaron a nivel oficial. Pero un detalle: todos los privados ya hicieron su ecuación y determinaron que es negocio cobrar peaje del lado argentino antes de pasar a Chile. Pero eso una vez que la ruta sea mejorada y puesta en condiciones, lo que requerirá una inversión millonaria en dólares que ellos no están dispuestos a poner y esperan en definitiva que el Estado lo haga
La ausencia de obra pública, es lo que modifica en el contexto actual las negociaciones tradicionales que gobernadores y Poder Ejecutivo llevan adelante cada vez que se discute un proyecto de Presupuesto en el Congreso. Sin esa histórica planilla anexa (que el recordado Raúl Baglini bautizó con sorna hace muchos años como “el trencito de la felicidad” ) casi no existe hoy moneda de cambio para conseguir votos en las Cámaras. Cornejo, en la apacible reunión con Milei, volvió a dejar un reclamo que ya había hecho en público. Pretende discutir algunas asignaciones específicas en el proyecto de Presupuesto que, por ahora, se reducen a dos.
Una de ellas es la coparticipación del impuesto a los combustibles, después de que desde hace varios meses se eliminaran los subsidios al transporte en todo el país. La Nación se sigue quedando con lo que recauda de ese impuesto cada vez que cargamos nafta, aunque dejó de distribuir esos recursos en el interior del país Y después algo que se agregó hace un par de semanas: Mariana Juri presentó un proyecto en el Senado pará distribuir entre las provincias el porcentaje de coparticipación que se destina a la AFIP, que es del 1,9%, y que no sería necesario a partir de la disolución del organismo tributario. “Estamos abiertos a la discusión”, contestó Milei, aunque otra vez la sensación amarga para el mandatario mendocino: se fue de la Casa Rosada seguro de que no está en el ánimo del gobierno repartir esa plata.