Ránking de Eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales: en que puesto se encuentra Mendoza
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó este 31 de octubre la actualización del ránking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina, con los datos correspondientes al año 2022. Se trata de una nueva edición de la microinvestigación iniciada en 2019 y continuada en 2021, que se actualiza todos los años.
Mendoza se ubicó en la cuarta posición en lo que refiere a la tasa básica de eficacia político criminal con 11,07%. En 2022 ingresaron 85.332 casos penales, hubo 5.994 condenas, 1.794 suspensiones de juicio a prueba y 1.656 acuerdos reparatorios. Además, la provincia fue destacada por una "buena práctica" en particular.
Desde la organización señalan que esta microinvestigación busca "concientizar a las autoridades de los Ministerios Públicos sobre la necesidad de evaluar el desempeño de sus políticas de persecución penal, como insumo básico para mejorar su impacto sobre la criminalidad y en la tutela judicial de las víctimas".
La tasa básica de eficacia político-criminal busca identificar cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad (uno de los objetivos principales de los Ministerios Públicos).
Desde el instituto consideran que "con la implementación del sistema acusatorio en casi todo el país, los Ministerios Públicos Fiscales adquirieron un nuevo rol que ya no puede resumirse en la vieja fórmula de 'dirigir la investigación penal', sino que abarcan tareas tan sensibles como la identificación y priorización de mercados criminales, el diseño de estrategias de intervención con respuestas diversificadas y la participación en la implementación de la política criminal del Estado, a través de un de sus sub-políticas, como lo es la política pública de persecución penal. Estas nuevas funciones hacen que la producción de información se vuelva indispensable para la toma de decisiones por parte de las autoridades y para el control ciudadano".
A modo de llamado de atención, el informe indica que la mayoría de los Ministerios Públicos Fiscales del país no publican información básica sobre su desempeño. Y, en muchos casos, ni siquiera la producen, o sólo lo hacen cuando reciben algún pedido de acceso a la información pública.
Es por ello que el reporte intenta responder el siguiente interrogante: "¿En cuántos casos penales que le ingresan, el Ministerio Público Fiscal logran obtener una salida con incidencia político-criminal, aunque sea mínima o potencial?". Esto incluye no solamente a las condenas, sino también a las suspensiones de juicio a prueba y a los acuerdos reparatorios. En otras palabras, en cuántos casos las fiscalías logran el objetivo (ya que eso es la eficacia) político-criminal más básico. Se trata de una instancia mínima y elemental de evaluación. El indicador se construye en base a datos solicitados a todos los MPF del país a través de solicitudes de acceso a la información pública.
Ránking de opacidad de los ministerios públicos fiscales
Del documento se desprende que los Ministerios Públicos Fiscales de Tucumán, San Juan, Tierra del Fuego, Misiones, Córdoba, Formosa, La Pampa y Santiago del Estero no enviaron ni siquiera los 4 indicadores más elementales (ingresos, condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios) que permitirían medir la eficacia básica, pese al plazo de más de 3 meses con el que contaron, y a las reiteradas solicitudes enviadas. Estos datos tampoco son publicados en sus sitios web.
Formosa, Misiones y Tierra del Fuego "son 3 de las 5 provincias del país que siguen regidas por los oscurantistas sistemas inquisitivos o 'mixtos', cuya despreocupación por los resultados no es novedosa. San Juan, por su parte, se encontraba en 2022 en un proceso de transición hacia el sistema acusatorio", reza el escrito.
El instituto también planteó que "Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero y Tucumán son provincias con sistemas acusatorios consolidados, cuya falta de datos, a esta altura, sólo puede responder a un desinterés por los datos o, aún peor, a una posible decisión política de ocultar deliberadamente esta información".
Continuando con la crítica, advirtió que "esta falta de transparencia activa (no publicar) y pasiva (no responder pedidos de acceso a la información) es una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos".
"Este 'apagón informativo' impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo. Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal', aportó el INECIP.
Mendoza, destacada en un aspecto
El informe completo