El "shock reformista" del segundo primer año de Alfredo Cornejo en el poder

La gestión de Alfredo Cornejo al frente del Gobierno de Mendoza ha tenido una marcada impronta reformista desde sus inicios. A partir del desembarco en la gobernación en 2015 el dirigente radical impulsó múltiples modificaciones a la estructura del Estado con cambios jurídicos, legales y administrativos. En su segunda temporada al frente del Ejecutivo provincial, el mandatario retomó el camino de las reformas con medio centenar de proyectos que modifican legislaciones vigentes en materia de salud, seguridad, al funcionamiento del Estado y relacionadas con el sector privado. Muchas de ellas apuntan a ser transformaciones de fondo, aunque sus efectos no aparezcan en el corto plazo.

Durante el primer año de su segundo mandato como gobernador, Cornejo envió a la Legislatura numerosos proyectos de leyes apuntados a reformas en el sistema de salud, a la política de seguridad, a la eficiencia en la administración de recursos y activos del Estado, el desarrollo de actividades privadas y, en especial, el estímulo de la minería. Incluso en este periodo se concretó una reforma electoral que, si bien no surgió del Ejecutivo, fue promovida por legisladores oficialistas.

Buena parte de las reformas impulsadas están orientadas a concretar transformaciones de fondo en el funcionamiento del Estado provincial. No obstante, la mayoría de ellas apuntan a obtener resultados en el mediano plazo, aunque alguna ya mostró efectos significativos.

Los tres paquetes reformistas

El primer paquete de reformas que priorizó el mandatario provincial consistió en el Plan Provincial de Salud 2024-2030. La innovadora iniciativa estaba compuesta por 26 proyectos de leyes que modificaban diversas aristas del sistema sanitario mendocino. Los cambios iban desde aspectos generales como la declaración de la emergencia sanitaria hasta nuevas normas que regulen las funciones de profesionales, residentes y específicamente enfermeros, radiólogos y farmacéuticos.

Uno de los cambios más trascendentales del ambicioso plan de salud de Cornejo tiene que ver con un nuevo régimen salarial para médicos. La iniciativa establece un sistema especial de contratación para los profesionales de la salud en la que podrán trabajar más horas y cumplir objetivos a cambio de una remuneración que puede llegar a triplicar el salario, a partir de la implementación de una nueva unidad de valor denominada “unidades sanitarias”. La propuesta buscaba reformar servicios médicos de guardia, críticos, asistenciales, sanitarios y también los que se prestan en centros de salud.

A su vez, también se reformó la Ley de Residencias para incentivar la elección de especialidades críticas que el Gobierno provincial considera que es necesario cubrir con mayor urgencia. Puntualmente esta norma fue la que tuvo una suerte efecto inmediato, el cual fue celebrado por el propio Cornejo. Al poco tiempo de sancionada la Ley, el gobernador destacó que hubo un incremento del 68% en la cantidad de aspirantes a las residencias en salud respecto al año pasado y destacó que subió el número de interesados en áreas de terapia intensiva, pediatría, clínica y medicina de familia.

Otros de los cambios importantes que introdujo el paquete de reformas de salud fue la creación del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (REFORSAL) que permitirá cobrarle a las obras sociales y prepagas la atención de sus afiliados en los hospitales y centros de salud públicos. Asimismo, se aplicaron cambios en las leyes que regulan las funciones de los licenciados en Enfermería, los radiólogos y los farmacéuticos. Para estos últimos se eliminó el bloqueo de título para quienes se desempeñan en el Estado también lo hagan en el ámbito privado.

Otra de las áreas que buscó priorizar el Gobierno provincial en esta etapa de reformas fue la seguridad. El gobernador envió a la Legislatura un nuevo paquete con 11 proyectos de leyes que buscan agilizar y modernizar la estrategia en política de seguridad de la provincia, en un contexto complejo de sucesivos hechos violencia.

Los cambios apuntaron a medidas tendientes a la prevención del delito y también apuntaron al servicio de justicia y al sistema penitenciario.

Algunas de las medidas destacadas fueron la ampliación del sistema de videovigilancia incorporando las cámaras de seguridad privada a la red pública de dispositivos de supervisión; la habilitación del uso de inteligencia artificial, a través del reconocimiento facial, reconocimiento de patentes y patrones delictivos; la implementación de un sistema preventivo, de control y registro para la compra y venta de bienes muebles usados, complementado con un sistema de consulta de origen de los mismos. A su vez, también se actualizó la ley de Seguridad Privada. 

En ese cuerpo de normas, se incluyó como novedad una modificación a la Ley de Tránsito y el Código Contravencional endureciendo las penas para conductores que conduzcan con más de 1 gramo de alcohol en sangre, aumentando las multas y los días de arresto y la inhabilitación para manejar hasta por un año y medio.

A su vez, se avanzó con una nueva ampliación de los juicios por jurados, modalidad que se implementó durante la primera gestión de Cornejo y que se puso en marcha en 2019. En esta oportunidad se incorporó el juzgamiento de robos con lesiones graves o gravísimas, muchas veces producto de entraderas, y los homicidios simples, sin uso de armas, por ejemplo, los casos de ajustes de cuentas de pandillas y entre bandas delictivas.

Finalmente, también se modificó la ley orgánica del Servicio Penitenciario provincial, actualizando la norma teniendo en cuenta el crecimiento de la población penal en los últimos años y la creación de nuevas dependencias y estableciendo una clasificación clara para los perfiles de los internos. En paralelo, otra reforma estuvo orientada a la Dirección de Promoción y Control de Liberados, institución dedicada a la contención y reinserción social de personas liberadas. 

El tercer conjunto de reformas que envió Cornejo a la Legislatura durante este año fue una serie de proyectos que buscaban conseguir una mayor eficiencia en la administración de recursos y activos del Estado.

Uno de los puntos que generó más controversia fue la modificación de un indicador para la distribución de la coparticipación municipal. Se trataba de un cambio en el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal para compensar a los municipios más perjudicados en el reparto de recursos, por la actualización de los datos de la población a partir del Censo 2022. Pese a la polémica que generó su debate, la propuesta terminó siendo aprobada por una amplia mayoría en ambas cámaras.

Otra de las iniciativas incluidas en este paquete tenían que ver con la gestión del recurso humano en la administración pública. Entre los cambios que se establecieron está la cesantía inmediata por presentar certificados médicos falsos, un cambio en la indemnización por incapacidad absoluta, para hacerlo según el tiempo restante para jubilación y requisitos más rígidos para las licencias sin goce de haberes.

También se habilitó la liquidación de la cartera de créditos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), para aumentar los recursos para la ejecución del plan de obras del organismo. Asimismo, se modificó la legislación para crear la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (Dirigibe), organismo que se encargará del control de los inmuebles del Estado y podrá disponer de su venta y también se ampliaron las funciones del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) para que desarrolle por su propia cuenta planes de obra e inversión. También se habilitó al Ejecutivo provincial a cerrar el canal estatal Acequia TV y se procedió al despido de la totalidad de los empleados.

Reforma minera

Una de las directrices de este segundo mandato de Cornejo al frente del Gobierno provincial ha sido el tenaz impulso al desarrollo de la minería en Mendoza. El primer estímulo para la actividad tuvo que ver con la reforma del Código de Procedimientos Mineros, actualizando la norma creada en 1945.

La propuesta del Ejecutivo mendocino apuntó a que se agilicen los trámites de permisos, evitando que queden expedientes sin resolución durante años, o que estas demoras se traduzcan en especulaciones inmobiliarias mineras. También busca la profesionalización y aumento en la dotación de la Policía Minera e inspectores, que tendrán mayores funciones y facultades que los que contaban en la antigua normativa.

La ley sancionada establece que Impulsa Mendoza heredará y será el heredero natural de las áreas mineras vacantes. Pero no mantendrá la posesión, sino que deberá llamar a concurso público en un plazo de hasta 180 días. Los adjudicatarios serían los dueños de las concesiones y deberán ejecutar el plan de inversión propuesto.

Otra reforma vinculada que apuesta a tener impacto en el sector privado de la provincia es la modificación de la Ley Orgánica de la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ). y Registro Público de Sociedades, Contratos Asociativos y Fideicomisos de la Provincia de Mendoza. Desde el Gobierno resaltaron que las modificaciones introducidas a la norma, lograrán modernizar el funcionamiento de la dependencia estatal, a partir de la digitalización de los trámites, y que se facilitará la creación de empresas, principalmente Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS).

Más cambios legislativos

Durante el último periodo legislativo se aprobó una ley que tendrá impacto en las futuras elecciones provinciales. Se trata del límite a la reelección indefinida de concejales. Durante su primer mandato como gobernador, Cornejo puso en vigencia la enmienda constitucional que limitó a una las reelecciones de intendentes y ahora se avanzó con el resto de los representantes municipales electos.

Sin embargo, esta propuesta no surgió del Ejecutivo provincial, pero sí fue impulsada por el diputado radical cornejista César Cattaneo, en conjunto con otros legisladores, como Gustavo Cairo (LLA).

La reforma establece que los ediles podrán ser electos solamente por dos períodos consecutivos, debiendo dejar pasar un proceso electoral al finalizar su segundo mandato para poder volver a presentarse como candidatos.

Otra iniciativa importante sancionada en los últimos meses por la Legislatura fue la autorización para que el Gobierno de Mendoza avance, junto al Gobierno nacional, con el proceso de privatización de IMPSA.

Los legisladores provinciales dieron el aval necesario para que la provincia pueda desprenderse del 21,2% de las acciones Clase C de la empresa metalmecánica que adquirió durante el proceso de capitalización que tuvo lugar en 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández.

El Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y el Gobierno provincial tienen decidido transferir las acciones de la compañía que posee el Estado para que la empresa vuelva a estar en manos privadas. En los próximos días se espera que se resuelva quién sería el nuevo propietario de la empresa.

Por otra parte, recientemente en la Casa de las Leyes también se aprobó la expropiación total de los terrenos del ex Centro de Esquí Los Penitentes. El Gobierno avanzó con la solicitud para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación tres polígonos del complejo que todavía estaban en propiedad de Los Penitentes SA, empresa propiedad de la familia López Frugoni. En 2019 se había dado el primer paso expropiando 6 parcelas de tierras que tenían una dimensión de 42 hectáreas.

El gobernador Cornejo resaltó durante esta última semana que la expropiación total del complejo de montaña era necesaria para darle seguridad jurídica a los futuros concesionarios del predio. Advirtió que en los próximos días se lanzará la licitación y que apuestan a que sea un privado quien lo administre y realice las inversiones necesarias para reactivar el centro de esquí.

Una de las últimas reformas impulsadas por el Gobierno provincial fue la propuesta de disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Concretamente se plantea eliminar el organismo y transferir sus funciones al Departamento General de Irrigación, entidad que asumirá el control de los servicios de agua potable y saneamiento en la provincia.

La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y se espera que en los próximos días obtenga sanción definitiva del Senado. Una vez concretada la disolución, en el Ejecutivo calculan que de los 62 empleados que tiene actualmente el EPAS, solo una veintena pasarán a cumplir funciones en Irrigación o en Aysam. Los 40 restantes serían desvinculados e indemnizados.