Juicio a Bento: el abogado de los arrepentidos dice que hay "errores muy groseros"
Este miércoles, el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza comenzó el juicio contra el titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza Walter Bento, acusado de ser el líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales.
Además de Bento, son juzgadas otras 32 personas, entre las que se encuentran su esposa y dos hijos, acusados también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.
En la acusación se indica que la asociación ilícita liderada por Bento tenía como organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba, y como miembros a los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.
Pablo Cazabán, abogado defensor de los imputados arrepentidos Matías Aramayo y Martín Ríos, habló en MDZ Radio y dio detalles de la causa que tiene más de 800 fojas y por la que van a pasar 350 testigos, en un juicio que se estima puede llegar a durar dos años.
Sobre la figura del “arrepentido” que ostentan sus defendidos, Cazabán explicó que se trata de una ley “relativamente nueva” que se utiliza en determinado tipo de causa: “Ellos reconocieron la existencia de una organización, de los hechos que tuvieron conocimiento”.
“La ley prevé que, en el eventual caso que los encuentren responsables, la sanción que pueden recibir es reducida”, indicó en Según Cómo lo Mires. “Cualquier acusación debe sostenerse con pruebas, de allí se puede determinar la responsabilidad penal de una persona y la pena”, agregó.
Sobre el desarrollo del juicio, Cazabán remarcó que “ahora empieza la etapa crítica porque se tiene que reproducir todo lo que hizo durante la instrucción, tienen que pasar todos los testigos”.
“Muchas de las primeras testimoniales y las pruebas que se recolectaron al principio se hicieron cuando todavía no habían imputados, no había abogados defensores, no había control de partes”, recordó y adelantó que “quedan tres días más de lectura”.
Cazabán detalló que “son 15 casos, más la asociación ilícita, más el enriquecimiento ilícito de un funcionario público y el tema del lavado”. Además, criticó: “Se podría haber estructurado de otra forma la causa. Va a ser muy tedioso”.
“Incluso hasta la infraestructura es mala. Son jornadas tediosas, muy largas, muy complejas. Se va a tratar caso por caso: si un testigo está en 10 casos, va a tener que ir 10 veces”, añadió.
El Tribunal para esta causa está compuesto por las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra. Además, fue nombrada como cuarta magistrada Carolina Prado.
Respecto de los acusados que se encuentran detenidos, el letrado insistió en que se trata de “un exceso, porque son acusaciones excarcelables”.
“Entiendo que mis defendidos no van a recibir ninguna pena porque van a ser absueltos. En el supuesto caso que les competiese una pena, al acogerse al instituto del arrepentido sus penas pueden reducirse hasta la mitad. Entiendo que como máximo podrían recibir una pena de dos años, tres años en suspenso”, señaló.
Finalmente, Cazabán aseguró que “la corrupción no es tan difícil de probar, pero el sistema es selectivo”. Y apuntó: “Es más fácil y redituable meter preso a alguien que vende drogas que agarrar a los grandes narco. Causa más efecto público detener a un delincuente de hechos más violentos, físicos - como puede ser un robo - a ponerse a investigar la corrupción”.
“Llama la atención esta causa porque es una excepción a la selectividad”, reflexionó.
Para cerrar, opinó que “la causa tiene algunos errores muy groseros. Y creo que nace herida de muerte y no es responsabilidad de ninguno de los imputados. Ha habido errores que pueden poner en riesgo la suerte de este proceso”.