Nueva embestida del Gobierno contra Gerardo Morales por los incidentes en Jujuy
El precandidato a presidente, Gerardo Morales, continúa bajo las embestidas del Gobierno. Tras los incidentes en Jujuy, la Secretaría de Derechos Humanos presentó una denuncia penal ante la justicia federal pidiendo que se inicie una "investigación penal urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión".
En un documento de 11 hojas, el secretario Horacio Pietragalla Corti expone una serie de testimonios, imágenes y pruebas sobre "prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy".
"La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha estado presente, recorriendo y recogiendo testimonios en relación con la represión policial contra las personas que participaban de las múltiples protestas de docentes, trabajadores y comunidades de pueblos originarios por aumentos salariales, contra la reforma constitucional y otros reclamos. Asimismo, y como desarrollaremos a continuación, las víctimas de la represión y privaciones de libertad han sido numerosas personas que ni siquiera estaban participando de las protestas sociales. Hemos visitado y nos hemos entrevistado con las personas detenidas en el penal de
Alto Comedero, hemos ido a ver a los heridos al hospital Pablo Soria, nos hemos entrevistado con familiares de heridos y detenidos, hemos recorrido distintos puntos de la protesta para conversar con manifestantes, y hemos recibido numerosas denuncias tanto en nuestras líneas", comienzan exponiendo en el documento
"Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones. También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes", agrega la Secretaría de Derechos Humanos.
“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, se señala en la presentación.
Con la mira en Gerardo Morales
El escrito también menciona que el propio gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el Poder Judicial.
La denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local este lunes por la Secretaría para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta. A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Gerardo Morales a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida.
Otra de las cuestiones que plantea Pietragalla Corti es que se investigue que en el momento de la represión y las detenciones arbitrarias, la policía se manejó con camionetas que no tenían ninguna identificación policial, e incluso "sin identificación de su patente".
Y agregaron como factor de investigación el uso ilegal de armas no letales, como los disparos de perdigones de goma y de granadas o cartuchos de gas lacrimógeno.
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La delegación de la Secretaría de Derechos Humanos estuvo integrada por el jefe de Gabinete Nicolás Rapetti; Alejandro Marmoni, presidente del INAI; Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional; Adelqui Del Do, director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”; Paula Álvarez Carrera, directora del cuerpo de abogados de la Secretaría, y Eugenia Ferrero, enlace entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Secretaria General de Presidencia.