Los motivos detrás de la inclusión de la “cláusula IMPSA” en El Baqueano

El gobernador Suarez tomó la determinación de avanzar con proyecto de El Baqueano luego de que las objeciones de La Pampa en el COIRCO frenaran Portezuelo del Viento. La represa que se levantaría sobre el Río Diamante tiene un presupuesto oficial de 556 millones de dólares, que se terminarán de ajustar a partir de los pedidos sectoriales, una vez que se haga la audiencia pública prevista para el 17 de julio.

La intención del Gobierno es que en agosto se realice el llamando a licitación, el cual duraría unos 6 meses, por lo que la adjudicación de la obra correrá por cuenta de la futura gestión provincial.

El aprendizaje de Portezuelo

Toda la experiencia Portezuelo del Viento ha sido turbulenta para la provincia. La megarrepresa proyectada sobre el Río Grande en Malargüe quedó en “stand by” a partir de las trabas que puso la provincia de La Pampa para la puesta en marcha del proyecto y la decisión del presidente Alberto Fernández de solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental para la obra.

Pero además, el proceso licitatorio de esa presa tuvo algunas controversias vinculadas al hecho de que existió un solo oferente. Durante el gobierno de Alfredo Cornejo se lanzó la licitación de Portezuelo del Viento y terminó con una sola oferta presentada por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encabezada por la firma china Sinohydro, la estatal IMPSA y las constructoras Ceosa y Obras Andinas.

En el Gobierno explican que esta situación se debió a la inclusión de la exigencia de compre local para la construcción de las turbinas, ya que sola la empresa IMPSA está capacitada para desarrollar ese equipamiento.

Desde el Ministerio de Economía y Energía observaron que explicaron que el aprendizaje de esa experiencia indicó que cuando se hace un pliego que respeta el compre nacional y compre provincial para un dique, la participación de IMPSA hace que haya un solo consorcio, porque en el país es la única empresa que puede hacer turbinas para una obra hidroeléctrica.

La otra alternativa que tendrían es abrir el juego a empresas internacionales chinas o alemanas y terminar perjudicando a la industria metalmecánica local y afectando el trabajo mendocino, explicaron desde el gabinete.

Esta situación generó una encrucijada para el Gobierno provincial entre favorecer a empresas extranjeras o promover la industria local y que haya una sola oferta, debido a que la licitación la ganaría la firma que se alíe con IMPSA.

A esto se le sumaba un elemento que complejiza más la situación y es que el Estado nacional como el provincial son dueños de IMPSA. En 2021 ambos gobiernos llevaron adelante un proceso de salvataje de la empresa a partir de una capitalización por 20 millones de dólares, quedándose Nación con el 63,7% de las acciones y la Provincia con el 21,2%.

Esto provoca que el armado del único consorcio que se podría presentar lo tendrían que armar estos gobiernos, que comandan la compañía, con lo cual se elegiría de antemano qué empresa ganaría la licitación.

La "solución" que propone el Gobierno

En el equipo de Suarez confían en haber encontrado una solución a este problema que se le presentaba y lo dejó plasmado en el proyecto de ley que envió a la Legislatura con el artículo 16.

Allí establecieron que IMPSA será la encargada de la obra hidroeléctromecánica, junto al complejo metalmecánico provincial, y que se licitará solamente la construcción civil. Por lo que quien gane la licitación tiene la obligación de trabajar con empresa estatal.

En el Ejecutivo no están seguron de que hayan múltiples oferentes, pero estiman que al menos habrá dos o tres diferentes. Las empresas que pueden presentarse deben haber hecho diques en los últimos 25 o 30 años y son 6 o 7 las empresas que han construido diques en Argentina en los últimas décadas.

En las próximas semanas comenzará la discusión legislativa del proyecto de ley y la atención estará puesta en si el debate político se focalizará en este artículo o se trasladará a otros aspectos del proyecto.