Piden nueva indagatoria para el hacker que espiaba jueces y políticos

De un tiempo a esta parte, el nombre Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro cobró relevancia porque fue quien declaró haber sido contratado para el hackeo del teléfono celular de algunas personas a cambio de una suma de dinero, entre ellas, Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y Diego Santilli entre otros.

Hay diferentes causas en distintos juzgados como los de María Servini y Sebastián Ramos que investigan o deben investigar la maniobra. En una de ellas declaró este mediodía, pero ahora en los tribunales de Comodoro Py le solicitaron  una nueva indagatoria en orden a los delitos de acceso indebido a comunicaciones electrónicas privadas, acceso ilegítimo a bancos de datos personales y estafa en tentativa, sin perjuicio de que el devenir de la investigación, la identificación del resto de los sujetos intervinientes por el ataque a los jueces.

La Justicia le imputa a través de un requerimiento realizado por el fiscal Gerardo Pollicita, la maniobra criminal desplegada, al menos desde febrero de 2022, por un grupo de personas que, actuando de manera coordinada, realizaron un conjunto de actos -entre ellos, el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas- tendientes “a tomar el control de las líneas telefónicas de magistrados del Poder Judicial de la Nación, para con ello acceder ilegítimamente a aplicaciones de comunicación”.

Esa intromisión -hackeo- les permitió conocer el historial de conversaciones y demás documentos e información existente en dichas plataformas (fotografías, videos, opiniones, etc.), suplantar la identidad digital de las víctimas (lo que posibilitó enviar mensajes a su nombre) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos.

Según la presentación realizada por Pollicita ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi a la que MDZ tuvo acceso, se pudo determinar que uno de los autores sería Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien, según sus dichos, habría actuado de manera coordinada con un sujeto que se comunicó con él vía Telegram y que usaba el nombre de usuario @eljuanxd.

Hasta el momento se pudo identificar fehacientemente que sufrieron ataques, los jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos, integrantes de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal n° 2 y Andrés Fabián Basso, integrante del Tribunal Oral Federal n° 3.

Cómo se desarrolló la maniobra criminal 

Según relata la fiscalía, la misma habría constado de tres pasos: 1) La obtención de información acerca de las víctimas, a través del acceso ilegítimo a bancos de datos personales; es decir, el imputado  obtuvo, a través de consultas realizadas mediante el servicio de la firma NOSIS y a la base del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), un conjunto de datos personales de las víctimas, que habrían de ser necesarios para concretar el paso siguiente de la maniobra ya que, para tomar control la línea de telefonía celular, resultaba necesario contar con el nombre completo, número de DNI, sexo y número de trámite del DNI de las víctimas y una serie de datos personales de aquellos.

2) La toma de control de las líneas de telefonía celular, por medio de un cambio de tarjeta SIM de la empresa Movistar. Una vez obtenidos los datos personales de las víctimas, insertó tarjetas SIM “blancas” —sin línea vinculada— en dispositivos de telefonía celular y, valiéndose de los datos obtenidos, logró que Movistar vinculara esas tarjetas con las líneas de las víctimas y, así, obtuvo el control de sus servicios de telefonía celular.

3) El acceso ilegítimo a las aplicaciones de comunicación de las víctimas (Whatsapp, Telegram y/o Facebook). Habiendo obtenido el paso 2, accedió ilegítimamente al manejo de las aplicaciones de las víctimas que contienen comunicaciones, Whatsapp, Telegram y Facebook, para lo cual se valió del control de la línea telefónica y desde aquélla solicitó a las aplicaciones un código SMS, destinado a activarlas en un nuevo dispositivo electrónico.

Con los datos recabados, aún la Justicia desconoce si la activación de las aplicaciones se produjo en los mismos equipos telefónicos en poder de Nuñes Pinheiro, o si recibió en dichos celulares los códigos de activación de las aplicaciones y los proporcionó a terceros, para que ellos, desde otros equipos activaran las aplicaciones de las víctimas.

Sostiene Pollicita en su escrito que teniendo en cuenta la condición de jueces federales de las víctimas, “las eventuales acciones de esa clase revisten una inusitada gravedad institucional, por cuanto son idóneas para ocasionar un importante perjuicio a la administración de la Justicia nacional”.