Denuncian que una petrolera británica vinculada a Malvinas fue aprobada por el Gobierno en el RIGI
El diputado Maximiliano Ferraro advirtió que Harbour Energy, ex Premier Oil y previamente inhabilitada por operar en las islas, posee el 15% de Southern Energy.
El caso reaviva la polémica tras la firma del Decreto 868/2026.
Imagen generada con IA/MDZUna grave controversia sacude la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el sector energético argentino. El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció formalmente que Harbour Energy, una corporación petrolera británica ligada a actividades hidrocarburíferas no autorizadas en las Islas Malvinas, participa como accionista en un megaproyecto gasífero beneficiado por el régimen oficial.
De acuerdo con la presentación realizada por el legislador, Harbour Energy posee el 15% del paquete accionario de Southern Energy, una iniciativa de envergadura aprobada por el Poder Ejecutivo mediante la Resolución 559/2025. El proyecto está focalizado en el desarrollo, infraestructura y posterior exportación de gas natural desde la provincia de Río Negro.
Del cambio de nombre a la inhabilitación por Malvinas
El núcleo central de la denuncia elevada por Ferraro radica en los antecedentes corporativos de la firma. El diputado precisó que Harbour Energy es exactamente la misma persona jurídica que con anterioridad operaba en la región bajo la denominación social de Premier Oil PLC, nombre que modificó de manera formal en el año 2021.
Bajo la marca Premier Oil, la compañía arrastra un fuerte historial de contenciosos legales con la República Argentina. En el año 2013, la firma fue inhabilitada oficialmente en el marco de la Ley 26.659 —que sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la correspondiente autorización administrativa—, tras detectarse tareas de prospección no autorizadas en las inmediaciones del archipiélago atlántico.
Despliegue operativo en Río Negro y ofensiva normativa del Ejecutivo
A la espera de una definición por parte de las autoridades administrativas y judiciales competentes, la propuesta de Southern Energy mantiene prevista una importante logística operativa en el litoral patagónico. El esquema proyectado involucra la llegada mensual de buques con un cargamento de aproximadamente 3.500 tubos de acero, destinados a la instalación de los tendidos de cañerías para el transporte del gas.
El señalamiento opositor se conoce de forma simultánea a los recientes anuncios gubernamentales tendientes a endurecer las medidas de resguardo soberano. A través de la reciente publicación del Decreto 868/2026, el Gobierno nacional estableció un plexo normativo más riguroso contra las empresas que exploten recursos hidrocarburíferos sin permiso oficial en la plataforma continental.
La norma vincula por primera vez y de forma explícita las condiciones de admisibilidad del RIGI con la Ley 26.659. A partir de esta reglamentación:
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Declaración jurada obligatoria: Las empresas postulantes al RIGI deberán certificar bajo juramento que ni sus socios, accionistas ni red de proveedores incurren en violaciones a la normativa sobre soberanía hidrocarburífera en Malvinas.
Consulta previa a Cancillería: La autoridad de aplicación del RIGI tendrá la obligación legal de girar una consulta vinculante al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto antes de emitir cualquier dictamen de aprobación.
Extensión a la Ley de Hydrocarburos: Idéntico mecanismo de verificación previo quedará sujeto para la tramitación de permisos, concesiones o autorizaciones en el marco de la Ley 17.319.
Con la acusación formal interpuesta, el expediente sobre la habilitación de Southern Energy reabre el debate institucional sobre la efectividad de los filtros de control respecto del cumplimiento de las leyes de soberanía energética y territorial.
