La Justicia apunta a la plata narco en la campaña electoral

El Poder Judicial de la Nación impulsó a través de la Cámara Nacional Electoral la clarificación de los fondos de las campañas políticas de las elecciones venideras. Se trata de la Acordada Extraordinaria Nº45 del 2023 en la que participaron los doctores Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas. 

De primera mano, los juristas destacan la validez del accionar de la Justicia por sobre la legalidad de los financiamientos de los armados políticos. "Que la Constitución Nacional impone a los partidos políticos la obligación de dar publicidad al origen y destino de su patrimonio (art. 38).- Por su parte, la ley 26.215, que reglamenta su ejercicio -así como los regímenes que históricamente la precedieron (ley N° 25. 600; 23.298, tito v; 22.627, tito V Y 16.652, tito V)- encomienda a la Justicia Nacional Electoral el control de legalidad en la materia", detalla. 

La Cámara Nacional Electoral hace hincapié en la cuestión del narcotráfico como una afección en las sociedades latinoamericanas. "Uno de los problemas más serios que afronta el estudio de la financiación ilegítima de la política, tanto en el plano del análisis como en la formulación de acciones de política pública, es su complejidad", señala el texto. 

En ese marco, la Cámara Nacional Electoral se pronunció en el día de hoy, resaltando la necesidad de promover políticas institucionales para prevenir, detectar y sancionar el ingreso de dinero del narcotráfico y en el financiamiento de la actividad de las agrupaciones políticas.

El organismo estatal solicitó información a todos los tribunales a cargo de investigaciones penales por delitos relacionados con el narcotráfico en los que se encuentren involucradas figuras de las organizaciones políticas. El Tribunal destacó que se suele presentar más riesgo cuando se trata de cargos locales -con algún control territorial-, cuya regulación y fiscalización queda fuera del régimen nacional.

La resolución implica lo siguiente: "Invitar a los poderes ejecutivos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a coordinar esfuerzos para la prevención, detección y sanción de maniobras dirigidas a la aplicación de fondos provenientes del narcotráfico en 14 el financiamiento de las actividades de los partidos políticos y sus campañas electorales, en los términos expresados en el considerando 10 de la presente".

Para ello, señaló la conveniencia de que el Congreso Nacional evalúe la posibilidad de establecer un “régimen integral y unificado de control patrimonial, invitando a las provincias a adherir al mismo”.