Romano, el hombre que se creía impune y era parte del mecanismo más nefasto de la Justicia federal de Mendoza
El poder es impunidad. La frase es adjudicada a Alfredo Yabrán y tiene la precisión de alguien que lo ejerció. Pues en Mendoza, el caso de Otilio Roque Romano calza igual. Era un hombre que vivió gran parte de su vida con el privilegio de la impunidad y del ejercicio del poder que le daba su posición en la justicia federal de Mendoza.
Impunidad para decidir al margen de la ley; impunidad para ocultar, impunidad para su propia vida y que le permitió, por ejemplo, cruzar a Chile aún con un pedido de captura. Tenía información, contactos, influencia y, como ocurre aún hoy con los jueces federales, un aura intimidante que le abría más puertas de las que debía. Esa llave a la impunidad fue usada por la policía, las fuerzas armadas y el aparato represor del Estado. Pero también luego del retorno de la democracia para inclinar la balanza hacia otros sectores en causas más ordinarias.
Las licencias que se tomaba Romano por su poder llegaron al punto de poder fugarse a Chile al límite de la ley para profugarse. Tenía los contactos necesarios para saber que lo buscarían, que podía hallar una ventana para cruzar a Chile y lo hizo. MDZ lo encontró en ese país, paseando sin camuflajes. El fotógrafo Alfredo Ponce lo retrató e hizo público con las imágenes que había detrás una posible línea de connivencia.
Fin de la impunidad
Romano fue fiscal y llegó a la cúpula de la justicia federal. Encabezó lo que era Cámara Federal de Mendoza.
Las primeras acusaciones fueron de víctimas de la dictadura que identificaron al exjuez por haber obstaculizado las investigaciones, haber avalado acusaciones falsas y hasta haber estado en zonas que eran usadas como centro clandestino de detención, como el palacio policial, sin alertarse de que allí se torturaba y asesinaban personas. También los abogados que oficiaban en esos años explicaron en la causa que Romano "cajoneaba" habeas corpus y recursos para preservar a las víctimas.
El proceso judicial tuvo una complejidad enorme porque se inició cuando los acusados, con Romano a la cabeza, tenían poder y uso de todos los privilegios formales e informales que les daba la posición de jueces. El ahora fallecido juez fue condenado a prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua por ser "partícipe primario, penalmente responsable, de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por medial violencia y amenazas". Ese delito fue probado en 84 casos, es decir 84 personas que fueron secuestradas y torturadas. También por la privación de la libertad agravada por personas detenidas por más de un mes en 11 casos. También por la "imposición de tormentos agravada" contra perseguidos políticos en otros 38 hechos. La acusación más grave es por el asesinato de 33 personas, cometidos con "alevosía".
Como funcionario judicial, Romano tenía la obligación de la persecución y represión de delincuentes; en ese caso de quienes cometían los delitos de lesa humanidad que eran denunciados. Él no lo hizo y también fue condenado.
Romano, el hombre cuyo poder parecía darle impunidad eterna, murió condenado a perpetua y en prisión domiciliaria.