Suarez, Cornejo y Mekorot van a privatizar el agua

Todo parece indicar que el Convenio Suarez/Cornejo y Mekorot con estos planes maestros que quieren organizar la oferta y la demanda hídricas (con escenarios prospectivos -2030, 2040, 2050- en función de diversos usos, ordenamiento territorial y matriz económico, es en realidad un  proyecto que forma parte de un modus operandi de desmembramiento y privatización de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en la provincia y la comercialización del agua cruda que administra Irrigación.

¿Necesitamos a Mekorot?

Una provincia como Mendoza, que logró destacarse a nivel internacional por haber plasmado en su Constitución, la Ley de Aguas, y tener un ente autárquico como el Departamento General de Irrigación (DGI) como autoridad  hídrica creada en 1891 y es responsable de la gestión y administración del agua en la provincia, y que es pionera en la república en el uso eficiente del agua, cuenta con planteles exquisitos de profesionales, no necesita que nadie le enseñe que lo más importante es medir el uso del agua, como principal recomendación de Mekorot, salvo que haya otros planes ocultos.

Menos aún se puede entregar a Mekorot la formulación legal de un plan que tenga como base la creación de una autoridad de aplicación centralizada de los recursos hídricos bajo dominio de una sola institución, sin que se de necesaria intervención de instituciones reconocidas internacionalmente como INA, IANIGLA-CONICET, IADIZA-CONICET, INTA, UNC, universidades privadas y ONGs, que cuentan con profesionales e investigadores altamente calificados para dar respuestas a las necesidades de este cambio institucional. Es importante tener en cuenta que la reforma integral del Código de Aguas, que respalda el plan maestro para 2050 de Mekorot, no puede ignorar la equidad, los bienes comunes y la accesibilidad al agua para todos los ciudadanos, y debe ser llevada a cabo con transparencia y responsabilidad.

¿Por qué Mendoza necesita firmar convenios de colaboración con Mekorot?

Mekorot es una empresa que se dedica a la gestión y tratamiento del agua, y obtiene beneficios económicos a través de la venta internacional de servicios y tecnología en el sector del agua. La empresa tiene experiencia en la gestión integral de recursos hídricos, desde la captación y tratamiento de agua hasta su distribución y uso eficiente.

En los acuerdos que establece con gobiernos y empresas, Mekorot suele ofrecer servicios de consultoría, asesoramiento técnico, diseño y construcción de infraestructuras de tratamiento y distribución de agua, y tecnologías innovadoras para el tratamiento de aguas residuales y la reutilización del agua. Estos servicios se ofrecen en régimen de concesión o a través de asociaciones público-privadas, en las que Mekorot suele tener una participación accionarial. Todos estos servicios tienen montos no menores a cientos de millones de dólares que son en definitiva donde gana esta empresa.

De esta manera, Mekorot obtiene beneficios económicos a través de la venta de sus servicios y tecnologías en el sector del agua, y en algunos casos también a través de la participación en la propiedad y gestión de infraestructuras de agua. La política del gobierno parece más que un convenio de colaboración en un área que no necesita dado que cuenta con las instituciones y expertos suficiente en ocultar el desembarco de Mekorot para la privatización de la gestión del agua, con gastos astronómicos para proyectos innecesarios, y emplear todos los mecanismos a su disposición para esquivar el pronunciamiento ciudadano en el uso del agua como un bien común.

Mercantilización del agua.

El cambio climático y la mega sequía están teniendo un impacto significativo en la disponibilidad del agua en Mendoza. La mega sequía se refiere a un período prolongado de sequía extrema que puede durar varias décadas y que se debe en gran parte a los efectos del cambio climático.

En Mendoza, el agua es un recurso vital para la agricultura, la industria y el consumo humano, pero la disminución de las precipitaciones níveas  y el aumento de las temperaturas están disminuyendo los caudales de los ríos y las reservas de agua subterráneas. Esto está afectando directamente la producción agrícola y vitivinícola, que son los principales sectores económicos de la provincia. Como también para disponer en el avance de explotaciones extractivistas como el fracking y la megaminería metalífera.

Los grandes grupos económicos, empresas multinacionales y los sectores de poder, saben que deben tomar medidas para cambiar la legislación y concepción del uso equitativo del agua y su concepto de inherencia al suelo, para privatizar el agua y “contabilizar el agua como recurso económico”, y “constituir inversiones en commodities y establecer tarifas, considerando al agua como bien escaso, según sea su uso y explotación como energía, consumo humano e industrial”.

Se busca cuantificar el valor económico del agua, tanto superficial de los ríos y arroyos como subterránea y atmosférica del territorio provincial, como recurso que pueda ser dado en concesión y explotación económica de empresas privadas. También la creación de un sistema de banco de agua para el intercambio de derechos de agua, donde los usuarios que ahorran agua o reducen su consumo pueden vender o intercambiar los derechos de uso de agua no utilizados a otros usuarios. Lo mismo para las empresas que invierten en impermeabilización de canales de riego reciben derecho de uso de agua como contraprestación económica.

Irrigación se mete en la mercantilización del agua.

El ex gobernador Alfredo Cornejo había mandado a la Legislatura de Mendoza, el proyecto de ley con los lineamientos para elaborar un Plan Provincial de Sequía en el año 2018, que defendió el actual Superintendente de Irrigación Sergio Marinelli, que fracasó por una delegación abusiva de atribuciones a Irrigación que compromete la propiedad, el uso del suelo y el derecho de inherencia del agua  su  que seguramente de ganar las elecciones su mentor Cornejo volverá a ser parte de la agenda legislativa. 

Que oportunamente rechazamos porque era la mercantilización y apoderamiento del agua con estas bases de acción:  

• Fijación de vedas sobre usos de menor prioridad legal.
• Implementación de mecanismos de reasignación de recursos.
• Obligatoriedad de la Instalación de dispositivos de medición en grandes y medianos usuarios.
• Riego acordado.
• Activación del RUA (Banco de agua).
• declara en el art. 5  "de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los rasgos de terreno, inmuebles, establecimientos, instalaciones, muebles, maquinarias y equipos, así como los derechos de uso de agua concesionados, que la autoridad de aplicación determine como necesarios para evitar o minimizar los impactos de la sequía ".

También Marinelli adelantó la reforma que proponen para la forma tradicional cobro de riego Irrigación, donde actualmente se cobra a los regantes los costos que tiene conducir y distribuir el agua cruda, a un nuevo sistema de tarifación que ponga precio al valor entregado, que será incremental en función a las estadísticas y fijación de la eficiencia en el uso del recurso, esto se aplicará a todos los usos del agua poblacional con el impacto en la tarifa a los usuarios de AySAM, los productores y establecimientos industriales. Este tipo de facturación no tiene fundamento real, dado que Irrigación no le agrega o da tratamiento alguno al agua que recibe de las montañas, por lo que al ponerle precio, establece diferentes categorías de clientes y de cantidad de agua que acceden.

El Partido Verde siempre está a favor de los bienes comunes.

Desde el Partido Verde rechazamos las prácticas de Mekorot y la mercantilización del agua que no se trata solo de una cuestión política, sino también de una cuestión de equidad y justicia en el acceso a los bienes comunes. El agua es un recurso vital para la supervivencia humana y su acceso debe ser garantizado para todos de manera igualitaria. La privatización y la mercantilización del agua solo benefician a los intereses de unos pocos, a expensas del acceso y la calidad del agua para las comunidades más pobres y vulnerables. Debemos luchar por la protección y gestión responsable de los recursos hídricos, y trabajar en la creación de sistemas de acceso justo y sostenible al agua para todos. Debemos asegurar que la accesibilidad al agua no sea una cuestión de poder económico o político, sino un derecho humano básico para todas las familias, contratistas y pequeños productores mendocinos.

El mejor plan para la sequía no es cobrar más el agua, sino tener una política de triple impacto para lograr la máxima eficiencia en su uso económico, social y ambiental. Tenemos 13 mil kilómetros de canales de riego de tierra, y solo 1.500 impermeabilizados, eso hace perder hasta un 50% del agua que se conduce y distribuye por Irrigación y eso es lo primero en lo que tenemos que invertir el dinero de Portezuelo, dado que sirve para convertir la pendiente y la fuerza del agua en pequeños emprendimientos hidroeléctricos (PEH), que tenemos solo 7 en funcionamiento y podría llegar a cientos.

Impsa, nuestra mayor empresa tecnológica debe ser utilizada para la producción y desarrollo de tecnología, productos y servicios para la eficiencia del agua. Con lo que lograríamos ponernos pioneros en la región y no comprar las patentes israelitas, sino por el contrario ser nosotros los que exportemos. Bajaría los costos que hoy son enormes para hacer una agricultura de precisión y con tecnología de presurización de riego. Tendría un efecto expansivo en el PBG y ayudaría al cuidado del suelo al evitar el riego a manto y el exceso de agroquímicos. 

* Mario Vadillo, precandidato a Gobernador de la provincia de Mendoza.