Ruta del dinero K: confirmaron las condenas de Lázaro Báez y otros imputados

Las condenas oportunamente dictadas por el tribunal oral, habían sido recurridas por las defensas, de modo que –por mayoría- se hizo lugar parcialmente a diversas cuestiones planteadas en los recursos de casación de dieciocho imputados; confirmándose así parcialmente las condenas impuestas en los términos precisados, con sus respectivas calificaciones legales y grados de intervención, lo que repercutió en las sanciones finalmente impuestas. En ese orden, se tuvo en cuenta para la reducción de su condena, los aportes que, como arrepentido, fueron efectuados por Jorge Leonardo Fariña, quien oportunamente se acogiera al régimen del imputado colaborador.

Asimismo, el doctor Borinsky y la doctora Ledesma dispusieron las absoluciones de Melina Soledad Báez y de Luciana Sabrina Báez, hijas del principal acusado, por no haberse acreditado sus participaciones con la certeza requerida para un veredicto de condena. El voto mayoritario puso además de resalto que sus respectivos pronunciamientos condenatorios se dictaron sin perspectiva de género, en particular, al momento de efectuar la valoración probatoria de los elementos recabados en su contra y de evaluar el contexto familiar al momento de los hechos. En ese orden, se concluyó que las nombradas no tuvieron ninguna intervención en la maniobra principal y se destacó que no tuvieron lugar en los negocios de la familia. Contrariamente a lo resuelto con anterioridad, se remarcó que su padre Lázaro Antonio Báez, les adjudicó un rol marginal exclusivamente dirigido a cuidar el espacio doméstico dentro de la familia pero sin injerencia en la actividad empresarial; situación que se correspondió con parámetros estereotipados de lo que usualmente se adjudica a la mujer, por su condición de tal, como manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Por su parte, el juez Javier Carbajo, en su voto en disidencia,  postuló el rechazo de los recursos de casación de las defensas, confirmando de ese modo no sólo las condenas sino también las penas de prisión y multa por el lavado de más de 55 millones de USS -producto de los ilícitos precedentes de la causa “Obra Pública” y de las evasiones impositivas- impuestas por el Tribunal Oral Federal 4, manteniendo, por ende, las de 12 años de prisión y multa de 8 veces el monto de las operaciones para Lázaro Antonio Báez; de 9 años de prisión y multa 7 veces el monto de las operaciones para Martín Báez; de 5 años de prisión y multa de 5 veces el monto de las operaciones para  Leonardo Fariña; de 8 años de prisión y multa de 5 veces el monto de las operaciones para Daniel Pérez Gadín; de 8 años de prisión y multa de 5 veces el monto de las operaciones para Jorge Chueco; de 5 años de prisión y multa de 4 veces el monto de las operaciones para Fabián Rossi; de 5 años de prisión y multa de 4 veces el monto de las operaciones para Gustavo Fernández; de 6 años de prisión y multa de 4 veces el monto de las operaciones para Juan De Rasis; de 6 años de prisión y multa de 3 veces el monto de las operaciones para Julio Mendoza; de 5 años de prisión y multa de 3 veces el monto de las operaciones para Leandro Báez; de 5 años de prisión y multa de 3 veces el monto de las operaciones para Eduardo Castro; de 4 años y 6 meses de prisión y multa de 3 veces el monto de las operaciones para Federico Elaskar; de 4 años y 6 meses de prisión y multa de 2 veces el monto de las operaciones para Claudio Bustos; de 4 años y 6 meses de prisión y multa de 2 veces el monto de las operaciones para Carlos Juan Molinari; de 3 años de prisión en suspenso y multa de 2 veces el monto de las operaciones para Daniel Bryn y de 4 años de prisión y multa de 2 veces el monto de las operaciones para Alejandro Ons Costa.

En el primer voto, el juez Carbajo rechazó las nulidades de procedimiento formuladas por las defensas de los condenados, en particular convalidó la utilización de la figura del “arrepentido” y su validez en el juicio como elemento de prueba incriminatorio. También rechazó la nulidad solicitada por los impugnantes por la inclusión en el debate de las filmaciones difundidas por diversos medios periodísticos, las pretendidas vulneraciones al ne bis in idem y al principio de congruencia. En estos aspectos hubo unanimidad de los jueces y la jueza de la Sala IV para rechazar todas las nulidades interpuestas.

Qué analizó el tribunal 

Quedó acreditado que a través de un sofisticado mecanismo societario y financiero, que incluía el empleo de sociedades “pantalla” -eludiendo los controles fiscales-, los nombrados permitieron la expatriación y el movimiento de dinero por transacciones en distintos bancos internacionales, y su posterior repatriación por una operación bursátil con apariencia de legalidad (lavado de dinero), junto a otros activos que fueron detectados y decomisados-, de una suma total equivalente a cincuenta y cuatro millones ochocientos setenta mil dólares estadounidenses (U$D 54.870.000) durante el período comprendido entre finales del año 2010 y abril de 2013, coincidente dicho monto total con las evasiones fiscales precedentes efectuadas por Lázaro Báez .

En la causa se constató que los principales acusados conformaron una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, por medio de la cual se canalizaron, transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulación en el mercado, fondos procedentes de delitos. Ello así, con el objeto de cortar todo lazo con su fuente ilegal e integrar esos activos al circuito económico formal bajo una apariencia lícita. Mediante el mecanismo llamado de “cable” o “compensación”, se expatriaron grandes sumas dinerarias. El mismo consistía en utilizar los servicios financieros y bancarios de una institución intermediaria que tuviera cuentas en bancos en el extranjero, permitiendo así la compensación de montos dinerarios de quienes pretendían transferir divisas hacia el exterior y de quienes querían repatriarlas por fuera de los mecanismos de control vigentes. Algunas de dichas operaciones quedaron registradas en videos correspondientes a las cámaras de seguridad de la financiera “SGI” que tomaron público conocimiento. 

Se probó que el dinero así depositado en el extranjero, ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas, que los acusados luego circularon y finalmente reunieron en una cuenta a través de la cual se adquirieron bonos de deuda pública que ulteriormente fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA). 

Sin embargo, quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación propia de esta modalidad delictiva, ingresado en la cuenta de ACSA, siempre fue Lázaro Antonio Báez, quien se valió de distintos coimputados para lavar el dinero de origen espurio, proveniente de hechos ilícitos de delitos tributarios.

Por su parte, para el juez Carbajo, según su voto en minoría, se comprobó, fuera de toda duda razonable, la responsabilidad de los imputados en la comisión de todos los hechos investigados, incluido el relacionado con la compra de la estancia El Carrizalejo en 5.000.000 USS por parte de Leonardo Fariña, con fondos de Lázaro Baez, quien intentó permanecer oculto hasta su venta posterior, provenientes del lavado de dinero.

También confirmó que los delitos precedentes que generaron las abultadas sumas de dinero que se pretendieron blanquear a través de la compleja operatoria montada con sociedades pantalla, constituidas en diversos países no cooperantes y cuentas bancarias en bancos extranjeros, fueron dos: los derivados de la Obra Pública, investigado en la causa “Vialidad” y las evasiones impositivas, investigadas en el fuero penal económico.