Tras la caravana, organizaciones respaldaron a los mapuches del sur
Desde que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dio a conocer una resolución en la cual se reconoció la ocupación de tierras en el sur de Mendoza de comunidades mapuches, un importante conflicto se desató. El primero en levantar la voz fue el senador Alfredo Cornejo quien apuntó contra el Gobierno Nacional y aseguró que se trató de una nueva maniobra para "perjudicar" a Mendoza.
El tema provocó que la grieta -en parte- desapareciera ya que el intendente de San Rafael, Emir Felix, también se mostró en contra de decisión de Nación, al igual que su par de Malargüe, el radical Juan Manuel Ojeda.
Desde Casa de Gobierno prometieron hacer algo al respecto y judicializaron la medida, el cual hasta llegó a ponerse en discusión en el Congreso de la Nación.
El último capítulo de este conflicto se produjo durante el sábado, día en el que se organizó una caravana que partió desde la Ciudad de Mendoza rumbo a Malargüe, varias cámaras empresarias apoyaron la iniciativa que se planteaba como en "defensa de la propiedad privada y los recursos de todos los mendocinos".
En respuesta a esta actividad, este domingo se dio a conocer un comunicado de la Mesa Interinstitucional de Asuntos Indígenas de Mendoza en el que se denunció "sobre la circulación, por diversos medios, de discursos violentos y racistas, que reproducen inexactitudes, desconocen la preexistencia de pueblos indígenas y atentan contra la pluralidad cultural, la convivencia pacífica y el cumplimiento de las normas que nos rigen".
El escrito señalaba que su objetivo era "contribuir al esclarecimiento de cuestiones de público conocimiento, suscitadas luego de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tomara algunas decisiones respecto a comunidades indígenas del Sur de la Provincia".
Luego de hacer un repaso por las normas legales y constitucionales que amparan a las comunidades originarias, detallan: "El Código Civil, reconoce también la propiedad y posesión comunitarias de las comunidades indígenas. Con este cambio de paradigma se intenta reparar, de alguna manera, los resultados de anteriores políticas de Estado que implicaron, para los pueblos indígenas que habitaban estas tierras, el despojo de sus territorios, las violencias contra sus cuerpos y la invisibilización de sus identidades".
También cita que, en 2001, Argentina se sumó a un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que obligaba a los Estados a tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la efectiva protección de los derechos a la propiedad y posesión comunitaria de las tierras que ocupan ancestralmente estos pueblos.
Es a partir de allí que se sanciona una ley nacional que ordenó al INAI a realizar un relevamiento de carácter técnico, jurídico y catastral de las tierras que habitan las comunidades indígenas. "Casi dos décadas después de esa Ley que declaró la emergencia en la materia, aún resta realizar la mayoría de los relevamientos de las numerosas comunidades que viven en el país", denuncian en el comunicado.
Con estos argumentos, es que la mesa interdisciplinaria señala que "los procesos de relevamiento son, por lo tanto, una obligación del Estado. Su conclusión no cede ni otorga la propiedad del territorio, sino que reconoce la ocupación actual, tradicional y pública. Estos conceptos son diferentes y producen por tanto consecuencias jurídicas disímiles".
El comunicado completo