Contraataque: plantean un pedido de nulidad para que Janina Ortiz no pierda los fueros

La defensa de Janina Ortiz, diputada provincial de La Unión Mendocina, planteó un pedido de nulidad para evitar que avancen las dos solicitudes de desafuero que pesan sobre los hombros de Ortiz, quien asumió su banca la semana pasada y que está acusada -sin imputación formal por el momento- de participar en el direccionamiento millonario de fondos públicos hacia una cooperativa de trabajo que no cumplía las tareas asignadas en Las Heras durante su gestión como secretaria de Gobierno. También se la investiga por delitos de coacciones, luego de que una empleada municipal la acusara de haberla amenazado para que mantenga relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo.

De esta manera, Ortiz, de La Unión Mendocina, gana tiempo en su lucha por no perder los fueros, algo que -como relató MDZ- el oficialismo quiere concretar sí o sí antes de que concluya el 2023. Quienes se encargan de tratar esta temática son los miembros de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), la cual se reunió este martes para designar autoridades, aunque sin profundizar en la polémica vinculada a la legisladora y esposa del intendente saliente de Las Heras, Daniel Orozco. De los 13 diputados en LAC, 7 son oficialistas, por lo que le alcanzaría para aprobar el despacho que requiere mayoría simple. A partir de ahora habrá una carrera contrarreloj, a poco menos de un mes de que comience el receso legislativo.

Asimismo, Ortiz, mediante el patrocinio de su abogada María Elena Quintero, planteó el jury de enjuiciamiento a dos fiscales. Se trata de Gonzalo Nazar, fiscal Adjunto en lo Penal, y Alejandro Iturbide, fiscal en Jefe de la Unidad de Delitos Económicos. El titular de la Fiscalía de Instrucción N°7 de Delitos Económicos e Informáticos, Flavio D'Amore, pidió que la Cámara de Diputados trate su desafuero para poder avanzar con la imputación. El mismo pedido también lo presentó la fiscal de Instrucción N°32 de la Unidad de Delitos No Especializados, Patricia Atur, que investiga el delito de “coacciones". En la causa de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra, el fiscal D'Amore investiga irregularidades en procesos licitatorios y contrataciones en beneficio de esa cooperativa. No obstante, Ortiz no solicitó el jury para D'Amore y Atur al inferir que el accionar de ambos respondería a presiones de sus superiores. 

"Es una imputación incomprensible desde lo jurídico- factico, comprensible únicamente desde la presión ejercida contra los fiscales por parte de Procuración general, contra quien se llevarán a cabo las denuncias correspondientes, ante los organismos que se deban realizar", resalta la presentación.

Respecto al pedido de nulidad, el cual la comisión LAC deberá abordar antes de avanzar con un pedido de desafuero, entre los argumentado en el escrito dirigido hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Andres Lombardi, se destaca: "En el carácter expresado, vengo en mi condición de diputada provincial a promover en legal tiempo y forma Incidente de Nulidad Parlamentaria en contra de la solicitud de desafuero obrante en los autos arriba intitulados, por afectar gravemente las inmunidades y derechos constitucionales de la suscripta y esencialmente a la Inmunidad Colectiva de esta Honorable Cámara en cuanto el mismo resulta violatorio de su independencia y del normal funcionamiento del Poder Legislativo, solicitando en consecuencia al Honorable Cuerpo el oportuno rechazo de los mismos atento a los vicios formales y sustanciales que los afectan, dejando sin efecto ni valor legal alguno al mismo, debiendo señalarse al Ministerio Público Fiscal en oportunidad del rechazo, que deberá atenerse en cuanto a todo pedido de desafuero, a las exigencias Constitucionales de los arts. 96 y 167 de la Constitución Provincial y art. 12 y 16 del Código Procesal Penal de la Provincia".

En tanto, acusa la existencia de nulidad al considerar que hay "interés" y "perjuicio" en el pedido. También indica que "resulta evidente el interés político de un sector del oficialismo gobernante y de los altos funcionarios judiciales que, al haber sido puesto en funciones por ellos, no saben mantener la distancia de esos intereses".

Por otro lado, el equipo jurídico de Ortiz acusa vicios en el procedimiento y sostiene que el primer pedido de desafuero fue hecho cuando todavía no tenía fueros y sólo tenía inmunidad parlamentaria de arresto. Puntualizaron que los fueros pertenecen a la cámara y no a ella y que la misma Cámara no le había tomado juramento aún.