Janina Ortiz podría perder los fueros antes de fin de año por el impulso del oficialismo
Se reúnen los nuevos integrantes de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y se especula con que el desafuero de la diputada de La Unión Mendocina avance antes de que concluya el año.
La Legislatura provincial ya llevó a cabo el recambio de bancas tanto en Diputados como en Senadores e, incluso, se conformaron las comisiones en la Cámara baja. Este último dato tiene una particularidad y es que se oficializó quiénes integrarán la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que esta semana comenzará a tratar un tema caliente: el pedido de desafuero de la diputada de La Unión Mendocina Janina Ortiz, que -junto al intendente saliente de Las Heras, Daniel Orozco,- está acusada de participar en el direccionamiento de fondos públicos hacia una cooperativa de trabajo que no cumplía las tareas asignadas. También se la investiga por delitos de coacciones.
A Orozco y a otros funcionarios los imputaron por fraude en perjuicio de la administración pública en la modalidad de administración infiel. "Vamos a pisar el acelerador antes de que termine el año", confesaron fuentes oficialistas en la Casa de las Leyes.
La Comisión de LAC está integrada por 13 legisladores: Cambia Mendoza, a través de la UCR, cuenta con Franco Ambrosini, Silvina Gómez, Evelin Pérez, César Cattaneo, José Vilches y Alberto López. Enrique Thomas, del PRO, se suma al frente oficialista. En representación de Juntos por la Libertad aparecen los demarchistas Gustavo Cairo y Laura Balsells Miró. Completan la nómina Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, y, en representación del peronismo, Gabriela Lizana, Verónica Valverde y Natalia Vicencio.
Este martes se reunirán por primera vez para designar a las autoridades de la comisión y podrán empezar a debatir los dos pedidos de desafuero -que tienen estado parlamentario en la Legislatura- y la suspensión de Janina Ortiz. Según pudo constatar MDZ, la intención que tiene el oficialismo es avanzar antes de que concluya el 2023 y comience el receso. Cambia Mendoza tiene la mayoría simple necesaria para el despacho en comisión y, a su vez, en el recinto. Cabe aclarar que, al tratarse de una cuestión vinculada a la Cámara baja, no debe pasar por el Senado. De esta manera, el tiempo no sería un impedimento para que el oficialismo consiga apartar a Ortiz antes de que termine el año. "Tenemos que verlo bien. No podemos tomar una postura individual, sí de bloque. Números tienen para hacer el desafuero...", deslizaron desde La Unión Mendocina.
En el escándalo en suelo lasherino, Janina Ortiz -secretaria de Gobierno saliente- es la única sospechosa que no fue formalmente imputada y se debe a que cuenta con fueros como legisladora. En un principio se especuló con impedir su jura como diputada ya que la Comisión Especial de Poderes tenía una opinión dividida respecto a su habilidad moral o no, lo cual finalmente no se se dio y no hubo sobresaltos, aunque desde Cambia Mendoza afirmaron que pese a esto continuarían por las vías correspondientes para el pedido de desafuero.
Ante esa situación, el titular de la Fiscalía de Instrucción N°7 de Delitos Económicos e Informáticos, Flavio D'Amore, pidió que la Cámara de Diputados trate su desafuero para poder avanzar con la imputación. El mismo pedido también lo presentó la fiscal de Instrucción N°32 de la Unidad de Delitos No Especializados, Patricia Atur, que investiga el delito de “coacciones". En la causa de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra, el fiscal D'Amore investiga irregularidades en procesos licitatorios y contrataciones en beneficio de esa cooperativa. A la misma, se giraron 35 millones de pesos sin que cumpliera servicios a cambio.
La acusación indica: “A partir del año 2021 y hasta el 2023, con el fin de defraudar al Municipio de Las Heras, un grupo de funcionarios públicos integrado por el intendente, Mario Daniel Orozco; la secretaria de Gobierno, Janina Ortíz Occhionero; el jefe de Licencias de Conducir, Hernán Matías Mostaccio; el director de Compras y Suministros, Mauricio Rafael Valle; el subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Alberto Oyhenart; el secretario de Hacienda, Carlos Arturo Nofal; el director de Asuntos Legales, Mauro Sebastián Homan; el agente contratado, Juan Pablo Pandolfi; el ex subdirector de Contaduría, Daniel Germán Herrera; todos ellos con la participación necesaria de Adrián Alejandro Pérez (a) 'Moco'; orquestaron mediante el direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1.112 - 1.127 y las contrataciones directas N° 3.086 y 3.101, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas".
Ortiz es investigada judicialmente por los delitos de fraude a la administración pública, en el marco de la causa de cooperativas, y por coacciones, luego de que una empleada municipal la acusara de haberla amenazado para que mantenga relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo.
A partir del desafuero, también se abre la puerta para la suspensión de Ortiz. En consecuencia, no podría ejercer su cargo de diputada hasta se resuelva su destino judicial y la Cámara pasaría a tener 47 legisladores.
La Constitución provincial especifica en su Artículo 167: "Producida acusación por delitos comunes, contra un miembro de la Legislatura o contra cualquiera de los funcionarios sujetos a juicio político ante la Legislatura o ante el Jury de Enjuiciamiento y existiendo mérito bastante en las constancias del proceso para decretar la prisión preventiva, comunicados los antecedentes a petición de parte, a instancia fiscal o de oficio por el juez, a la Cámara legislativa a que pertenezca el acusado, a la Cámara de Diputados o al Jury, en los respectivos casos, deberá procederse al desafuero o a la suspensión del acusado, a los efectos de la substanciación formal de la causa, proveyéndose la acefalía con arreglo a esta Constitución y a la ley. No podrá allanarse la inmunidad ni resolverse el desafuero sino por el voto de la mitad más uno de los miembros que componen la Cámara respectiva, o la Cámara de Diputados, o el Jury".
Ortiz tendrá la posibilidad de defenderse si así lo requiriese la Comisión. Durante su asunción se refirió a la situación y cargó contra las Fiscalías al señalar: “No se puede pedir un desafuero de alguien que todavía no tenía fueros. Yo lo que tenía era inmunidad parlamentaria, yo puedo tener fueros y estar imputada. No se prohíbe en nada el camino de la justicia. Para pedir un desafuero se debe primero encontrar a la persona in fraganti o que la causa sea elevada a juicio. Yo no estoy en ninguna de esas etapas. Ellos son los que se han pasado la justicia, discúlpenme la expresión, por donde quieren. Usan al Ministerio Público Fiscal para perseguir adversarios políticos, porque qué justo que lo hacen con una mujer y una mujer que es de la oposición. A mí no me prima el derecho a la inocencia. Yo tengo que demostrar que soy inocente primero, para la justicia”.