Los fondos que Alfredo Cornejo espera de Javier Milei

El Gobierno de Alfredo Cornejo aún debate internamente el impacto del DNU y de la ley ómnibus que propuso el presidente Javier Milei. Están a favor de muchas medidas, otras las consideran políticamente inviables y hasta innecesarias. Pero hay una prioridad que deja en segundo plano el análisis de esos instrumentos: el Gobernador y sus ministros están atentos a los recursos que la Nación debe mandar de manera automática o por convenios y que, dada la falta de certezas generales, están en duda. 

"Conque nos manden lo automático, estamos bien", había dicho Alfredo Cornejo, refiriéndose a que tenía expectativa baja respecto a los fondos que pudiera enviar el Gobierno nacional. Y se refería a los fondos de coparticipación primeria y secundaria y otros que tienen obligatoriedad.

Javier Milei prorrogó el Presupuesto 2023, que implica "congelar" gastos y atar la gestión sin indexar. Sin embargo, los fondos que debe enviar a las provincias no están afectados por ese congelamiento, porque están automáticamente atados a la recaudación y no se deberían afectar. Es decir, se reparte según lo que se recauda y la mayoría de los impuestos están indexados (principalmente IVA). Sí preocupa que caiga la recaudación real por la posible baja en la actividad que podría implicar el ajuste. 

El fideicomiso clave

El otro fondo del que están atentos en el Gobierno es el de los dólares del resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial. Se trata del acuerdo que tenía como objetivo la construcción de Portezuelo del Viento u "otra obra hídrica de generación de energía" y que está guardada en un fideicomiso.  La primera cuota de la "era Milei" debería llegar el 28 de enero y será la última con un volumen importante de dinero: deberían transferir 30,9 millones de dólares y así se superarían los 1000 millones de dólares disponibles. A lo largo del 2024 solo quedarían algo más de 14 millones de dólares para transferir. 

Mendoza ya tiene casi todos los fondos disponibles en el Fideicomiso. Por eso más que los dólares, Cornejo espera que Milei libere el uso de esos recursos para que no estén atados a la cláusula que indica que solo se pueden haber obras hídricas de generación de energía. Esa es uno de los principales objetivos del lobby fino con el Presidente. El dinero será administrado por el Ministerio de Gobierno e Infraestructura y la intención de Cornejo es hacer obras diversas y que algunas tengan mecanismo de recuperación; sea por regalías, por aportes de los beneficiados u otro mecanismo. "Serán obras destinadas al sistema productivo", repiten en el Gobierno. El proyecto de ley para desregular la economía que impulsa Milei incluye un apartado que tiene la misma filosofía en cuanto a la participación de privados y el recupero a través de peajes u otro mecanismo. 

El primer paso que piensan en el Gobierno es esperar a que todos los fondos estén depositados para que se no queden cabos sueltos en alguna futura ejecución de obras. Si eso se cumpliera, deberían esperar hasta el 28 de octubre del año que viene, fecha en que se deposita la última cuota (de solo 350 mil dólares). Aunque la ansiedad puede jugar una mala pasada, no es tanto tiempo: el convenio original se firmó en 2007, en 2019 Cornejo aseguró la transferencia de fondos y durante toda la gestión de Rodolfo Suarez no hubo avances concretos, pues la licitación de Portezuelo del Viento fracasó.

La otra duda es cómo impactará la recaudación local con la nueva lógica financiera nacional. Mendoza había adaptado su esquema impositivo a las urgencias nacionales y, por ejemplo, uno de los gravámenes más rentables era el impuesto a los intereses de las leliq. Javier Milei aplica cambios en los instrumentos de captura de pesos y de gestión financiera y eso podría tener impacto. Incluso la apertura total del sistema financiero para que las aplicaciones presten servicios similares a los bancos (como recibir fondos para pagar salarios) podría hacer recalcular muchos de los instrumentos. Mendoza tiene Presupuesto y leyes impositiva y de avalúo atadas a "la realidad convencional", pero el Gobierno nacional busca cambiar de paradigmas.