Ley de Tierras: temor de legisladores por el impacto que tendría el DNU de Javier Milei
Es una de las derogaciones que más ruido genera en el Congreso. Crece la incomodidad entre aliados por el mecanismo excepcional usado por el Presidente para cambiar leyes.
Las consecuencias del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Javier Milei siguen apareciendo con el transcurso de los días. El malestar de algunos sectores frente a la incertidumbre de las medidas anunciadas crece a la par de la incomodidad de algunos de los aliados políticos que pudo captar el libertario luego del balotaje con Sergio Massa. El avance libertario sobre la Ley 26.737, comúnmente denominada Ley de Tierras, es uno de los focos del conflicto que enciende las alarmas en propios y ajenos.
El primer mandatario anunció el llamado a sesiones extraordinarias esperando que el Congreso de la Nación trate una lista de temas considerados prioritarios para él. En paralelo se abordará el polémico DNU. Puertas adentro del entramado de alianzas que tejió la rosca no cesa y está en duda si el libertario conseguirá los números que necesita para avalarlo y que queden firmes las anulaciones o modificaciones a más de 600 normas.
Los gobernadores están expectantes. Muchos optan por ser prudentes a la hora de expresar sus opiniones sobre el impacto que las medidas decretadas tendrán en sus territorios. Actúan con cautela y se limitan a esbozar algunos conceptos sobre las modificaciones en leyes nacionales que se contraponen a las legislaciones provinciales. Incluso evitan hablar ellos mismos y son los jefes de gobierno y/o gabinete quienes brindan definiciones de lo que vendrá los próximos meses.
La tensión se traslada al Congreso ahora, aunque en esta oportunidad, no se abordarán todos los temas del DNU. Aliados del radicalismo y el PRO evitan manifestarse abiertamente en contra de las modificaciones y derogaciones que realizó por DNU el reciente electo presidente. Pero puertas adentro la incomodidad y preocupación es evidente. Tal es así que un grupo de legisladores nacionales convocaron a sus equipos de asesores para profundizar sobre la batería de derogaciones, desregulaciones y cambios que se plasmaron en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado la semana pasada. "Si el DNU hubiese sido del Gobierno anterior, estaríamos todos manifestándonos en contra abiertamente", expresó a MDZ un influyente legislador nacional y agregó: "Milei fue por todo sin medir las consecuencias".
Uno de los temas que mantiene en vilo a los legisladores nacionales es la posible eliminación de la Ley de Tierras que tiene por objetivo limitar la adquisición de tierras nacionales por parte de extranjeros. La norma regula el porcentaje de tierras rurales que pueden estar a manos de extranjeros limitando a un 15% el total de las mismas ya sea por titularidad de dominio o posesión y limita la posibilidad de potenciales compradores foráneos para adquirir terrenos que tengan fuentes de agua importantes o estén en zonas de seguridad de fronteras. "La derogación de esa ley es peligrosa ya que quedamos a merced de los potenciales compradores chinos, ingleses y norteamericanos que hace tiempo muestran interés en las tierras argentinas. La eliminación de esa norma puede traer graves consecuencias para nuestro país", manifestó con preocupación el legislador nacional.
Los equipos técnicos de cada legislador evalúan los alcances en temas trascendentales relacionados con el acceso a la salud, los medicamentos, regulaciones laborales y, precisamente, tierras. Y la lista sigue.

El camino
El decreto firmado por Milei fue un baldazo de agua fría para algunos propios y sobre todo para los ajenos ya que, dentro del espacio político al que pertenece, hay muchos que lo miran con desconfianza asegurando que fue una medida "déspota" que surgió del núcleo más duro que responde a Mauricio Macri. Así lo consideran los más críticos dentro del círculo rojo. No sólo la política mira con recelo sino también fuentes y sectores sindicales, empresariales y sociales.
Desde el anuncio oficial, diversos especialistas analizan el impacto de las medidas, pero uno de los cuestionamientos principales se centra en la constitucionalidad de las derogaciones y modificaciones a las leyes vigentes. Los DNU están regulados por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.
El procedimiento establecido en el texto constitucional, se concentra en una facultad de emergencia que posee el Poder Ejecutivo, cuando no se cumple con las condiciones y, “... solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia…”.

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