La reacción "light" del Gobierno de Mendoza al decretazo de Javier Milei

El Gobierno provincial mantiene, hasta el momento, cautela tras el decretazo del presidente Javier Milei. El gobernador Alfredo Cornejo reunió a su Gabinete y a diputados nacionales este jueves por la mañana para analizar las desregulaciones económicas oficializadas. En el medio, la mesa nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) presiona para las medidas pasen por el Congreso. En la provincia, quien si refirió de forma "light" a lo ocurrido por el flamante ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, que en los últimos días ha adoptado un rol de vocero del Ejecutivo.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 anunciado anoche por el presidente Javier Milei por cadena nacional, que implican una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas, quedó oficializado hoy, con su publicación en el Boletín Oficial. Se trata de una norma de 366 artículos que, entre otros puntos, declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025".

En ese orden, Mema opinó: "El análisis profundo -área por área- lleva más tiempo. Son más de 300 leyes... Pero bueno, nos hemos enfocado en lo más importante. Hay muchas cosas de regulación en las cuales, obviamente, estamos de acuerdo y que nos parece que había que hacerlas. Hay que ver cuáles son las cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Todavía no tenemos un análisis muy fino de cada una de las medidas. La realidad es que muchas de esas cosas nosotros en Mendoza ya las veníamos haciendo. Por ejemplo, las sociedades anónimas del Estado. No tenemos empresas del Estado, sino sociedades anónimas. Ninguna es deficitaria, por lo tanto, no es un problema en ese tema la regulación".

El DNU que firmó Milei incluye modificaciones a la operatoria de la medicina prepaga. Introduce modificaciones al marco regulatorio de la medicina prepaga, liberalizando los precios de sus cuotas y permitiendo a los afiliados redireccionar de forma directa sus aportes de salud a estas empresas. Entre los considerandos del decreto se señala que la liberalización de precios permitirá “aumentar la competitividad del sistema”.

En ese orden, Mema opinó: "Hay aspectos que nos preocupan: cómo puede impactar en los ingresos de la provincia y en la prestación de servicios. Por ejemplo, el hecho de las prepagas. Qué puede ocurrir con la regulación del precio de las prepagas, cuántas personas pueden dejar de tener y cómo va a tener que recibir el sistema de Salud provincial público a todas estas personas. También algunas cuestiones vinculadas a las obras sociales y las prepaga que ahora van a tener un solo régimen, que es el régimen de las obras sociales. Y que, en el caso de que algunas de las obras sociales pueda ir a la quiebra -que ahora eso queda desregulado-, las personas que están dentro de esa obra social y tengan alguna enfermedad o estén embarazadas y no puedan ingresar a otra obra porque porque no puedan pasar por el test inicial, también van a recaer. Entonces, entendemos que buena parte de estas medidas que desregulan el mercado en muchos aspectos, pueden llegar a tener un impacto también en los gastos que tengan las provincias en general en atender a ese tipo de de situaciones".

Y añadió: "OSEP no tiene ese inconveniente porque no tiene libre ingreso. Es únicamente a través de quienes son empleados de cualquiera de las dependencias provinciales o municipales. Por lo tanto, no ingresa dentro de la generalidad. OSEP no tiene un impacto directo con estas medidas. Sí lo tuvo con los impactos del sector en general con la devaluación hace una semana atrás. Pero no está vinculado a este decreto de desregulación. Por los costos sí se duplicaron los costos de muchos remedios. Ya estamos empezando a ver el impacto fiscal, financiero y económico de esas primeras medidas económicas que el mismo presidente y el ministro de Economía dijeron que iban a ser complicadas".

El discurso de Javier Milei puso como ejemplo a la vitivinicultura y el DNU eliminó todas las leyes que la regulan. Así, se dio de baja la ley N°18600 de contratos de elaboración de vinos, la 18905 de política vitivinícola nacional (1970) y la 22667 de reconversión vitivinícola (1982). En este marco, la única que podría hacer ruido es la primera (18600) que deroga la elaboración de vino por cuenta de terceros. Se suma que la industria del vino deberá pagar 8% de retenciones a las exportaciones.

En relación a esta temática, Natalio Mema consideró: "En general nos parecen bien. Tenemos que ver cuál es el efecto, por ejemplo, en el precio del vino. Cómo impactan en nuestra economía regional algunas medidas que pueden llegar a estar vinculadas al cupo. Cuando hablamos de cupo es sobre cuál es el porcentaje que tiene que tener a mosto y a varietales. Queremos ver y estudiar específicamente una de las leyes que se deroga, que habla de la denominación de origen, de la denominación de origen controlado... Algunas cuestiones específicas de la industria que habrá que analizar junto con la industria. Lo que nosotros tenemos que prever es cuál es el impacto que puede tener en la economía provincial o economía regional como en otras parte como San Juan o alguna parte de la Patagonia en cuanto a la regulación y cómo impacta en el precio del vino y en los productores más chicos, sobre todo".

"También en algunos que tienen más uvas que no están vinculadas a la calidad. No es un análisis que podamos hacer en este momento, sino que tenemos que ver a lo largo de este año. Estamos prontos a tener la vendimia, pero no es una cuestión específica propia de la provincia de Mendoza, sino que hay que hablarlo con las los distintos referentes de estas áreas, en especial los vinculados a la vitivinicultura, teniendo en cuenta sobre que después el Estado sí el que tiene que salir a acompañar cuando pasan algunas situaciones de crisis económicas específicas de algunos sectores. A a eso es lo que vamos a estar atentos como Estado provincial", sumó el ministro.

Respecto la derogación de la Ley de Tierras y lo que ocurrirá en Mendoza, sostuvo: "Hay que ver cómo lo regulan y, si eso trae mayores inversiones y podemos tener mejoras en las inversiones de la provincia, puede ser positivo. El asunto es, finalmente, cómo se utiliza esa herramienta. Pero en sí, no es una cuestión que la ataña a la provincia por bueno o por malo. Tenemos que ver cómo reacciona digamos el mercado luego a una medida de esas características".