Gastos reservados: qué son, en qué se ocupan y a quién rinden cuentas
En el Presupuesto 2024 figuran gastos reservados del Ministerio de Seguridad por $96 millones y el año pasado fueron $48 millones. El dato sale de un relevamiento nacional de la red federal RUIDO.
Esta semana se aprobó el Presupuesto 2024 después de un acuerdo entre el gobernador electo Alfredo Cornejo y los intendentes del peronismo. Los temas de discusión fueron: el reparto de fondos a las comunas, el endeudamiento para la obra del Metrotranvía y el roll over. Pero nada se habló de los gastos reservados del Ministerio de Seguridad que están calculados en 96 millones de pesos para el año que viene. En la pauta de gastos de este año la cifra fue de 48 millones de pesos.
El 70% de las provincias de Argentina manejan gastos reservados o algún otro tipo de fondo sin control, según el relevamiento de la red federal RUIDO. Mendoza está entre las 17 provincias que tienen gastos reservados y que no disponen de un registro -ni siquiera clasificado- donde quede un detalle del destino de los fondos.
Qué son los gastos reservados
En Mendoza, los gastos reservados figuran en el Presupuesto Provincial. Se trata de erogaciones de la administración pública que, por razones de confidencialidad, permanecen ocultos al escrutinio público. En general, son fondos que se utilizan para seguridad o para investigaciones policiales.
En las planillas detalladas del Presupuesto, los gastos reservados figuran bajo el nombre “erogaciones sin discriminar-erogaciones reservadas” en el apartado de Rentas Generales del Ministerio de Seguridad. En 2023, el ítem fue de $48 millones y se estipuló de $96 millones para el año que viene. En general, el monto destinado a gastos reservados ronda el 0,07% del presupuesto total del Ministerio de Seguridad.
En qué se ocupan los gastos reservados
Según una investigación de MDZ a Fondo, los gastos reservados en Mendoza se utilizan para pagar a informantes de fiscales. Los contratos son de palabra, se cierran en los despachos de los fiscales y se asignan a jefes policiales que tienen “informantes” a cargo. Los informantes suelen ser personas vinculadas con el mundo delictivo que por un “sueldo” acceden a dar datos a las fuerzas de seguridad. Lo que comúnmente se conoce como un “buchón”.
La figura del informante no es nueva. Aparecieron en los años ´60 durante la dictadura militar como un cuerpo de policías “secretos”, se fortalecieron en los ´70 y estuvieron activos hasta los primeros años de la democracia.
En Mendoza, eran casi 100 efectivos que se dedicaban a espiar y estaban distribuidos en todas las instituciones. Tenían un presupuesto oficial y fondos reservados para pagar buchones. Esa estructura se disolvió y se entregaron los archivos de espionaje a figuras públicas. Pero los fondos reservados y los “informantes” se mantienen hasta la actualidad y sin rendir cuentas claras.
El caso del exjuez federal Walter Bento dejó al descubierto la trama de informantes, coimas, corrupción y desmanejos de fondos públicos.
A quién rinden cuentas por los gastos reservados
En Mendoza, por ley todas las reparticiones públicas rinden informes de gastos ante el Tribunal de Cuentas. La ley 9.292 en el artículo 182 establece que “todos los poderes públicos, las municipalidades y cuantos empleados y personas administren caudales de la Provincia u otras corporaciones, estarán obligados a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros que hubieran invertido o percibido, para su aprobación o desaprobación”.
Entonces, sigamos el camino de los gastos reservados. En primer lugar, esta partida para el Ministerio de Seguridad es aprobada por la Legislatura cuando se aprueba el Presupuesto. La ley 9.292 en el artículo 23 hace una salvedad para los gastos reservados: “En caso de que el Poder Ejecutivo estuviese o fuese autorizado a realizar gastos de carácter secreto o reservado, deberá remitir directamente al Presidente del Tribunal, para su examen y aprobación, la rendición de cuentas pertinente”.
Efectivamente, la rendición ante el Tribunal de Cuentas se realiza todos los años, el problema es la forma. En general, todos los organismos del Estado deben presentar tickets y facturas para justificar el destino de los fondos. En el caso de los gastos reservados, el Ministerio de Seguridad solamente envía planillas de ejecuciones presupuestarias con un detalle de los gastos sin ningún tipo de comprobante.
Ante el pedido de información pública realizado por la red federal RUIDO para saber el destino general de los gastos reservados, no hubo respuesta de los organismos oficiales al día de la fecha.
Gastos reservados en el país
La investigación de RUIDO detectó que 17 de las 23 provincias argentinas más CABA aún manejan algún tipo de gastos reservados sin control. Los gastos reservados figuran en 11 provincias argentinas y en 10 existen otros tipos de fondos que no rinden cuentas: figuras jurídicas como fiduciarias, agencias o sociedades con participación estatal mayoritaria que a lo sumo presentan balances generales. Sólo 5 provincias respondieron el pedido de acceso a la formación de RUIDO.
La Nación, si bien inició un protocolo de reducción de gastos reservados, aún dispone de ellos. La Presidencia de la Nación tiene un fondo de $650 millones presupuestado para 2023, en ese ítem. Esta falta de controles es un factor que propicia casos de corrupción y manejo discrecional de dineros públicos.