Los compromisos y la letra chica detrás de Potasio Rio Colorado

Potasio Río Colorado es una de los yacimientos de sales de potasio (un fertilizante) más grandes del mundo y, potencialmente, una de las minas más prometedoras del país. El Gobierno de Mendoza le vendió todos los derechos y los activos a la empresa Minera Aguilar. Pero el precio pagado es irrisorio: el contrato se firmó con el valor de un dólar, aunque la empresa está valuada en casi 4 mil millones de pesos.

El valor pagado en realidad es testimonial, pues la cesión de todo fue a cambio de la promesa de inversión para reactivar la mina. Aún así, quedó en el contrato firmado por el gobernador Rodolfo Suarez y la empresa liderada por José Luis Manzano. "Adicionalmente, al momento del cierre, el comprador le pagará al vendedor la suma de un dólar", dice el contrato. El capital social de la empresa es de 3800 millones de pesos, pero los activos superan ampliamente ese monto. 

La exigencia real es que Minera Aguilar cumpla el plan para reactivar la mina y producir. En una primera etapa la empresa debe invertir 10 millones de dólares y contratar a 60 personas para ejecutar el plan piloto. Luego deben presentar un plan de inversión a mediano y largo plazo para explotar el potencial real de la mina, que incluye reservas probadas por 400 millones de toneladas de sales de potasio y recursos probables por 1.000 millones de toneladas. El objetivo comprometido es que la mina llegue a producir 1,2 millones de toneladas de sales de potasio por año. Es decir, un cuarto del proyecto original, que rozaba los 5 millones de toneladas por año. 

Mendoza "heredó" los activos de PRC luego de que la empresa brasileña Vale abandonara el proyecto. Para ello hubo un acuerdo para gestionar esa transacción y acordar los diferendos que había. El Estado a través de PRC y la flamante "Impulsa Mendoza" buscó inversores para que se hagan cargo del proyecto. De ese proceso fue seleccionada Minera Aguilar. El acuerdo es para traspasarle el 88% del total del proyecto. El otro 12% se quedó en manos de Impulsa Mendoza, que será socio "testigo" de ese desarrollo. El acuerdo se hizo público tras los cuestionamientos de Fiscalía de Estado por haber incluido cláusulas secretas. 

En el contrato se blanquean los riesgos legales que hay y que se heredaron de Vale. Es que el proyecto caído quedó con litigios tangibles y otros posibles por los incumplimientos. Vale y Mendoza firmaron acuerdos de indemnidad que serán traspasados a la nueva empresa, pero que incluyen rígidas cláusulas para que se mantenga. 

También se conoció que PRC tiene compromisos con otras compañías que también se traspasan, como con la chilena Piedra Mora. 

El contrato es con Minera Aguilar, pero queda abierta la posibilidad de venderla o sumar inversores. En el contrato se menciona que la empresa no se puede vender hasta que se cumpla el plan de inversión (de 10 millones de dólares), pero con una salvedad: puede haber negociaciones o incorporación de inversores que hagan viable el proyecto. En ese caso, la Provincia tiene poder de veto. En esa primera etapa también hay una cláusula de garantía a través de un fideicomiso en el que se guardan las acciones de le empresa. A medida que avance la inversión, se liberan las acciones para el "nuevo dueño" de PRC.

El plan de inversión incluye la adaptación del complejo minero, pero también logística y disponibilidad de energía. De hecho fue modificado el plan para el traslado del mineral. En vez de "sacarlo" por el puerto de Bahía Blanca, gestarían un acuerdo con Trenes de Argentina para unir una traza ferroviaria hasta Palmira, en San Martín. También quedó blanqueado en el contrato el contacto para privilegiar a la rescatada Impsacomo proveedora. 

Según el plan de inversiones, el 31 de enero del año que viene Minera Aguilar debe tener contratadas las 60 personas a las que se comprometió a emplear. La producción de sales de potasio no será antes del 2025.