El "Caso Chocolate" que terminó con un intendente preso

Ayer durante el debate presidencial la candidata del FIT, Myriam Bregman, le pidió explicaciones a Patricia Bullrich sobre el silencio en torno al escándalo que sacude a la legislatura bonaerense. La candidata de Juntos por el Cambio dijo que es a Sergio Massa al que deben preguntarle sobre el puntero del PJ, Julio "Chocolate" Rigau, que tenía en su poder la tarjeta de débito de 49 empleados de la Legislatura. Pero lo que quieren mostrar como un caso aislado es parte de una vieja práctica que, cada tanto, vuelve a salir a la luz. En Mendoza, sin ir más lejos, el exintendente de Guaymallén Luis Lobos está condenado por un caso similar. Y no es el único antecedente.

A "Chocolate" lo encontraron cobrando el salario de 49 personas pero la justicia apenas investiga el caso. Es más, los jueces Juan Benavides y Alejandro Villordo determinaron su liberación y están a las puertas de un juicio político por esa decisión. Sorprende el silencio de la dirigencia bonaerense respecto a ello y por eso Bregman aprovechó el debate para exponer la incomodidad de Juntos por el Cambio con esa investigación. Bullrich no se quedó callada y le devolvió la papa caliente a Sergio Massa justo en medio del escándalo del lujoso viaje de Martín Insaurralde. Pero el caso genera preocupación porque hay ejemplos a lo largo y a lo ancho del país de este tipo de prácticas.

Luis Lobos fue condenado en mayo del 2019 a cuatro años y medio de prisión por un suceso similar. En concreto, la Justicia determinó que Lobos había ingresado a la planta permanente de la Municipalidad de Guaymallén a la empleada doméstica y el jardinero de su suegra, María Elena Fernández. Ambos desconocían ser empleados del municipio y el sueldo lo cobraba -sin que ellos lo supieran- la propia Fernández. Al igual que con "Chocolate", hay videos en los que se puede ver a la mujer ingresar al cajero con varias tarjetas extrayendo los salarios de esas personas, a las que luego les daba un pequeño porcentaje. 

La Justicia comprobó que Fernández convenció a su empleada y al hijo de cobrar una "ayuda económica" del municipio y le pidió ir a firmar los papeles a la Municipalidad. Lo que nunca supo es que no existía ninguna ayuda económica, sino que la nombraron como empleada municipal y su salario lo cobrara su empleadora.

Pero ese no es el único caso que se registró en Guaymallén en los últimos años. Durante la gestión radical de Marcelino Iglesias dos concejales radicales renunciaron a sus bancas envueltos en escándalos similares. A ambos los acusaron de quedarse con porcentajes de las dietas de sus asesores. En septiembre del 2021, un asesor acusó al concejal Fabián Forquera de quedarse con la mitad de su sueldo. El edil le decía que la otra mitad la usaba para otros contratos. 

Lo mismo pasó en noviembre de ese mismo año con otro concejal de Cambia Mendoza. A Martín Casas otro empleado lo acusó de quedarse con parte de su salario e incluso pedir préstamos en su nombre. Tanto Forquera como Casas renunciaron tras las denuncias.

En noviembre del 2020 en el departamento de General San Martín se filtró un audio de una concejal explicándole a una empleada que tenía que devolver parte de su dieta si quería ser contratada. Al igual que en Guaymallén, la concejal afirmaba que ese dinero se usaría para pagarle a otros empleados.

Salvo por el caso Lobos, el resto de las investigaciones apenas prosperaron. Entrevistada en MDZ Radio, la candidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Talerico, se quejó de la protección a "Chocolate" Rigau y justificó el pedido de juicio político contra los jueces que lo beneficiaron. 

"Hay una sociedad que demanda que hagamos la ‘limpieza’ que tenemos que hacer. Esto no puede ser tolerado y espero que el sistema judicial tome nota de esto y empecemos a liderar para adelante, hagamos una Conadep de la corrupción y empecemos a liderar la limpieza de nuestro país”, manifestó.

“Venimos a renovar y prestigiar la política para devolverle la confianza a la gente. Tiene que haber señales de políticos transparentes que nos sean parte del problema y que apoyen a las investigaciones judiciales en serio”, afirmó. La única forma de que eso sea posible es sin una mirada selectiva que sólo condena los hechos que salpican al adversario político y calla cuando aparecen involucrados los propios.