Emir Félix se alejó de Nación y estableció su postura sobre los terrenos a mapuches

Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) emitieron una resolución en la que se reconoce la posesión histórica de tierras del sur provincial a dos comunidades mapuches de San Rafael y Malargüe. Esto provocó una avalancha de críticas por parte del oficialismo, encabezas por Alfredo Cornejo. A esto se le sumó la decisión de Rodolfo Suarez de hacer intervenir a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado para reclamar la inconstitucionalidad de la medida. 

En medio de un año electoral que ya se perfila complicado, desde el radicalismo optaron por apelar a los conflictos violentos que se dan en la Patagonia con otras comunidades y a la discriminación que se aplica desde la Nación para perjudicar a Mendoza como argumentos para reclamar una marcha atrás.

En tanto, se esperaba la postura que tomaría el Justicialismo, algo que incluso fue reclamado por funcionarios del gobierno local. "Qué bueno sería que los intendentes apoyen este pedido del gobernador y se manifiesten en contra del accionar del Gobierno Nacional, que cedió tierras mendocinas deliberadamente", dijo el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad.

Finalmente, el intendente de San Rafael, Emir Félix, se expresó al respecto pidiendo que la Justicia se expida acerca de "la veracidad de la pertenencia étnica de esas personas". 

Félix señaló que, antes de dar su postura, estudió la resolución que se publicó y esto lo llevó a considerar "se está haciendo un uso de la ley 26.160 alejado del ánimo con que fue creada, generando inseguridad jurídica". Es que, según precisó estas comunidades no han podido demostrar ser "habitantes originarios". "La resolución del INAI sienta un precedente que genera tensión social y abre un panorama de reclamos a lo largo y ancho del territorio por parte de quienes dicen ser originarios, sin que tal condición este fehacientemente comprobada", comentó el mandatario a través de sus redes sociales y sumó: "El autorreconocimiento no puede bastar para afectar derechos de terceros. Esta medida toma por sorpresa a casi todos los mendocinos".

Con este argumento, Félix pidió: "Es imperativo que la justicia determine la veracidad de la pertenencia étnica de esas personas. Verificado el origen étnico invocado, deberá acreditarse que fueron ocupantes de las tierras reclamadas en forma pacífica en los términos previstos por la ley 26.160 y modificatorias".