El frente judicial contra el decreto de Rodolfo Suarez se mantiene en stand by

Uno de los principales focos de conflicto del verano para el Gobierno de Mendoza fue la controversia generada por el decreto del gobernador Rodolfo Suarez para refinanciar deuda sin solicitar un nuevo aval de la Legislatura. La oposición y también la Fiscalía de Estado interpusieron demandas ante la Suprema Corte de Justicia exigiendo que se declare inconstitucional la norma. No obstante, el máximo tribunal provincial esperará la reincorporación de todos los jueces tras la feria para comenzar el tratamiento de las presentaciones, por lo que recién en febrero habría avances en estos planteos.

A su vez, en el Gobierno provincial ya adelantaron que dejarán en pausa la emisión de los nuevos títulos públicos hasta tanto no se se resuelva la disputa acerca de la legalidad de la operación. Entienden que la judicialización tendría efectos negativos en la búsqueda de oferentes, por lo que esperan a que la Corte fije una postura para avanzar con la refinanciación.

Durante los últimos días del 2022, Suarez firmó el Decreto Nº 2502 que estipula la emisión de títulos por 81,5 millones de dólares para reestructurar vencimientos de deuda que tiene la provincia. De esta manera, el Ejecutivo dio inicio a un proceso de refinanciación sin que la Legislatura avale un nuevo pedido de roll over, para el cual se requieren los votos de los dos tercios de ambas cámaras.

Para ello se basó en una interpretación de la Ley N° 8.706 de Administración Financiera, considerando que los artículos 64 y 68 de esa norma habilitan la operatoria, la cual entienden que es beneficiosa y conveniente para la provincia.

Sin embargo, esta iniciativa fue cuestionada por la oposición y asegura que viola el artículo 41 de la Constitución provincial, el cual exige la autorización de los dos tercios de ambas cámaras legislativas para tomar nuevos créditos. A raíz de ello, el Partido Verde y el Frente de Todos acudieron con acciones de inconstitucionalidad ante la Corte y presentaron una medida cautelar.

En tanto, la última semana el fiscal de Estado, Fernando Simón, también pidió a la Surprema Corte que declare inconsitucional el Decreto Nº 2502 y pide su nulidad. El titular del organismo de control sostiene que la operatoria pretendida necesita de una autorización legislativa y advierte sobre “la gravedad institucional que reviste el invadir competencias de otro poder estatal”.

Las tres demandas ya ingresaron al Poder Judicial, que durante enero tiene un funcionamiento limitado por la feria. De hecho varios ministros de la Corte se encuentran de licencia durante esta etapa de receso.

La última semana se encontraban concurriendo a tribunales los jueces Mario Adaro y Omar Palermo, mientras se aguarda que este lunes se reincorpore a las actividades el presidente del alto tribunal, Dalmiro Garay.

Esto ha generado que el análisis y el avance tanto de la cautelar como de las acciones de inconstitucionalidad queden en “stand by”. Según señalaron desde el Palacio Judicial esperarán a que todos lo integrantes del alto tribunal se reintegren a sus funciones para comenzar el estudio de las presentaciones.

Esto se debe a que la Corte tiene que abordar este tema en pleno, es decir que los siete miembros deben votar para determinar si es constitucional o no el decreto de Suarez y, de esta manera, avalar o no esta operación y por consiguiente otras similares que puedan hacer a futuro.

Por lo tanto, recién en febrero comenzaría el camino judiciales de las acciones interpuestas por la oposición y por la Fiscalía de Estado contra la iniciativa del Gobierno provincial. En tanto, la resolución de la cuestión de fondo podría dilatarse en el tiempo

La demora del fallo no es un hecho menor, ya que la provincia debe pagar 120 millones de dólares en amortizaciones más intereses de deuda durante este 2023. El primer vencimiento por 60 millones de dólares es en marzo, mientras que el otro pago de 60 millones de dólares debe concretarse en septiembre.