El profundo impacto a futuro que puede tener la decisión de tomar deuda sin autorización y la demanda en la Corte

La Suprema Corte de Mendoza está de vacaciones, pero en mesa de entradas esperan una demanda anunciada con bastante antelación. Fiscalía de Estado va a pedir que sea declarado inconstitucional el Decreto 2.502 que el Gobierno redactó para poder tomar deuda sin autorización legislativa. Será un paso formal que dejará latentes varias estrategias políticas de efecto neutro en lo inmediato, pero de profundo alcance en el mediano plazo.

Primero, porque pondrá en tensión esa vidriosa decisión del Gobierno en la que muchos ven más una prueba para el futuro que para el 2023. Es que, para este año, el Estado tiene los recursos para afrontar los pagos, pero el próximo gobernador tendrá las cuentas más complicadas y, según señalan, el intento de hacer "roll over" sin autorización legislativa es la búsqueda de un cheque en blanco hacia adelante.

Es decir que, si esta vez se permite obviar la autorización legislativa, hacia adelante los gobiernos tendrían aval infinito para no pagar, refinanciar y dejar a la Legislatura como una estampa. En segundo lugar, la demanda volverá a poner a prueba el funcionamiento político de la Corte con un tema sensible. Más allá de lo estrictamente judicial, el juego de mayorías en el plenario del tribunal podría pesar. El nuevo formato de funcionamiento de la Corte obliga a que el tema sea tratado por los 7 jueces y sería ingenuo pensar que solo estará en discusión la legalidad del Decreto. Ese tribunal ha demostrado tener permeabilidad desde la política, tanto del PJ como de la UCR y mal que les pese a los jueces deberán hacerse cargo de un tema más denso que el elegido para habilitar la feria (lo hicieron para fallar por la reina de la vendimia de Guaymallén). 

Fiscalía de Estado presentará la demanda por inconstitucionalidad, de manera casi obligada pues ya había dictaminado en contra del "roll over" sin autorización legislativa. Será la tercera causa, pero esta vez sin necesidad de que haya una cautelar. Por ahora serán todas causas judiciales sobre las normas, pero no sobre los hechos. Es que el Gobierno difícilmente haga uso de la "auto autorización" para tomar deuda. Más allá del Decreto 2502 que anuncia la operación, necesita autorización nacional y, sobre todo, confianza del mercado de capitales. La judicialización y las dudas sobre la legitimidad  pueden tener efectos sobre el costo de la deuda. Es concreto, que sea mucho más caro o que haya menos oferentes. Eso a pesar de que Mendoza tiene una relativa buena calificación como deudor. Como sea, la operación financiera está en pausa.