El derecho del otro y la falta de respeto a la educación

En la ciudad de Mar del Plata, en la esquina de las calles Estrada y Carballo, se encuentra ubicada la Escuela Primaria Nº22, dependiente del gobierno provincial. En la década de 1990, durante muchísimos años, pudo verse en la puerta de ese establecimiento una pintada que rezaba: “Les estamos enseñando la clase más valiosa: les estamos enseñando a luchar”.

Aquella pintada —hoy borrada luego de unas muy necesitadas reformas edilicias, que se dieron durante el gobierno de Cambiemos— es un claro ejemplo de la gimnasia mental absurda que los docentes argentinos aplican cada vez que, llevados de la nariz por los gremios —con el nefasto Roberto Baradel a la cabeza—, se adhieren a un paro, privando a miles de niños del acceso a la educación.

Este remanido debate —que, como demuestra el recuerdo de la pintada, no es nuevo— hoy vuelve a cobrar fuerza a partir del proyecto del diputado nacional Alejandro Finocchiaro y otros legisladores opositores que lo que busca es que exista en los colegios públicos, durante días de paro, una guardia formada por docentes y directivos que permita que los alumnos no pierdan días de clase, elevando a la educación pública a la categoría de “servicio estratégico y esencial”.

El proyecto pone sobre la mesa un debate necesario: ¿Vale más el derecho a huelga que el del acceso a la educación? ¿O el derecho a protestar más que el derecho a circular libremente? La sociedad argentina está cansada de ser rehén de grupos políticos que abusan de los derechos que la Constitución Nacional garantiza para hacer avanzar su agenda política sin que exista detrás de ellos una representación real: dicen hablar en nombre de los trabajadores, de los educadores, de los pauperizados o del pueblo; pero, en realidad, sólo persiguen sus propios intereses.

Por remanido que sea, el debate es necesario. En este final de época de cara al 2023, la sociedad argentina se anima, quizás como nunca a antes, a poner estas discusiones en negro sobre blanco.