Por qué la Nación dice que no hay ajuste en discapacidad y responsabiliza a Mendoza
Luego de que legisladores provinciales de la UCR elevaran un reclamo a la Nación en medida de protesta por “el ajuste en discapacidad”, el gerente de delegaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud, Daniel Spadone, negó a MDZ la existencia de esa situación y aclaró que “desde el 2019 a la fecha se aumentó en un 320% el valor de las prestaciones”. Además, aclaró que la Nación tiene a cargo las “obras Sociales nacionales y prepagas”, por lo tanto, excluyó a las obras sociales provinciales, la de los poderes judiciales y legislativos, como así también de las fuerzas armadas y universidades nacionales. “Quizá los legisladores mendocinos del radicalismo deberían ir a reclamar a su propio Gobierno”, dijo el funcionario nacional.
“No al ajuste en discapacidad”, se ha convertido en una frase que se repite en distintas partes del país y Mendoza no es ajena. En ese sentido, como contó MDZ, los legisladores que integran el bloque radical en la Legislatura presentaron un documento con pedidos a la Nación para que "se dé cumplimiento efectivo a las prestaciones médico terapéuticas y de acceso a la educación correspondientes a las personas con discapacidades, cercenadas en su efectivo goce en el último año calendario".
Desde la Nación, negaron el ajuste. En diálogo con MDZ, el gerente de delegaciones, Spadone, fue contundente: “En primer lugar, no hay ningún ajuste por decisión política del Gobierno nacional. Todo lo contrario. Desde el 2019 a la fecha, hemos aumentado el 320% el valor de las prestaciones (es decir los servicios que reciben las personas con discapacidad)”, advirtió el funcionario.
Pero además, dio algunas explicaciones técnicas para fundamentar sus dichos que apuntaron a que la cuenta de los fondos de discapacidad son intocables por ley, por lo tanto, no podrían sufrir ningún tipo de ajuste. “Se destinan diez mil millones de pesos, a 93 mil beneficiarios con discapacidad, para el pago de dichas prestaciones. Estas erogaciones son financiadas a través del fondo solidario que se nutre de los aportes y contribuciones de los trabajadores y las trabajadoras de acuerdo a la ley 23.661, y que se encuentra fuera del presupuesto nacional, exento de ajustes o modificaciones y sujeto a la recaudación a cargo de la AFIP, protegido por ley”, aseveró.
Sobre la situación de los prestadores, Spadone aclaró que en relación a los períodos 2020, 2021 y 2022, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, como organismo de control, validó 60.000 facturas mensuales de 45.000 prestadores. Esto implica un total de 1.900.000 facturas, de las cuales solamente 3.000 fueron reclamadas por los prestadores, “Lo equivale al 1,5% del total”, sumó.
En ese sentido, explicó de qué manera se hacen los pagos a los prestadores. “Si un prestador hizo un servicio en junio, presenta su factura en julio. Nosotros la auditamos, tenemos 70 días”, agregó. En ese sentido, la Superintendencia comunicó que el último período facturado que fue junio, y que se encuentra en proceso de pago, del total de las obras sociales, 216 ya percibieron el 100%, 16 recibieron entre un 99%y un 50%, 12 de ellas entre un 49% y un 30%, y el resto (que son 13) entre un 29% y un 0.
Pero, respecto a Mendoza, Spadone puso énfasis en que la Nación “no tiene a su cargo obras sociales provinciales”- como OSEP (Obra Social de Empleados Públicos) y cargó contra los legisladores nacionales que presentaron la nota. “ No sé si es ignorancia o mala fe, no hay ajuste, no lo hubo y no la habrá. Quizá deberían informarse sobre cómo funciona el sistema y si lo que se está teniendo problema es con una obra social provincial tendrán los legisladores que reclamar ante su propio Gobierno”.