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Feriado: los curiosos detalles de la causa judicial que enfrenta a Suarez con Fernández Sagasti

El 2 de septiembre fue feriado nacional, pero la provincia no adhirió. Luego, se determinó una compensación a los empleados que trabajaron. Legisladores que dependen de Fernández Sagasti denunciaron a Suarez. Las insólitas idas y vueltas.

En medio de una situación compleja, Mendoza gasta energía, recursos y tiempo en temas que parecen no tener tanta importancia en la vida cotidiana. Uno de ellos es el insólito caso del feriado decretado por Alberto Fernández al otro día del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, al que Rodolfo Suarez no adhirió, pero que luego generó una compensación a los empleados.

Ese día hubo incertidumbre, en Mendoza se anunció informalmente que no había asueto y por eso hubo clases y actividad normal. Sin embargo, luego apareció el Decreto nacional y la situación cambió a tal punto que el Gobierno emitió una norma interna para que se devuelva el día a los estatales que habían trabajado el 2 de septiembre.  Pero la polémica siguió y el kirchnerismo denunció al gobernador Rodolfo Suarez por un delito grave desde el punto de vista institucional. La génesis de esa acusación salió del núcleo más duro del oficialismo nacional relacionado con Mendoza, es decir, el grupo liderado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Esa demanda fue encabezada por la diputada Marisa Uceda y desde el oficialismo apuntan también que detrás está el abogado Carlos Gabriel Blanco. Se trata de un empleado del Senado que trabaja junto a Fernández Sagasti y que tuvo una buena noticia: fue pasado a planta permanente junto con otro grupo de empleados. Blanco había sido sumado por la senadora mendocina en 2018 como parte de la planta temporaria y ahora tendrá trabajo de manera vitalicia como  subdirector de Relevamiento y Monitoreo de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal. 

Alberto Fernández decretó que el 2 de septiembre sea feriado. 

Idas y vueltas

La discusión tomó un matiz netamente político, pues no afecta en nada a la vida cotidiana y hasta podría ser algo abstracto en los hechos. El Gobierno provincial, al mismo tiempo, difunde una rebeldía que al final no fue, pues el 2 de septiembre en realidad fue feriado nacional y ahora se debe hacer cargo formalmente por los empleados que trabajaron. 

Así, el 9 de septiembre el Gobierno envió una nota interna a todas las oficinas de Recursos Humanos del Estado para disponer una reparación al problema y compensar a las personas que ese día trabajaron. En concreto, se ordena devolver el día. "Todo agente que solicite la compensación y acredite haber trabajado la jornada laboral completa el día 2 de septiembre de 2022, deberá hacerlo de manera fehaciente (GEDO o nota) dirigida al encargado del área en la que preste servicios", instruyó el Gobierno. Quienes trabajaron el 2 de septiembre tendrán un día de compensación, pero no podrá ser ni lunes, ni viernes. "La autoridad pertinente podrá otorgar el día en compensación, teniendo especial cuidado de no afecta la prestación de servicios ni la funcionalidad de la oficina o área que corresponda. De igual manera, no podrán ser otorgadas en día anterior o posterior a fin de semana", explica la nota. 

El Gobierno no había dispuesto ningún instrumento legal para no adherir al feriado, pero sí se había explicado que por la hora y la falta de un Decreto, no se podía tener certeza sobre la forma de actuar. El Decreto de Alberto Fernández disponiendo el feriado sí fue publicado durante la mañana. En el texto en el que se dispone la compensación se explica por qué no se adhirió. "El horario de publicación produjo confusión en la población y la imposibilidad material por parte de la Administración para disponer de las acciones tendientes a dictar los actos administrativos necesarios para ordenar las tareas y garantizar los servicios mínimos indispensables", argumentaron desde el Ejecutivo. 

La denuncia contra Suarez es por sedición, un delito para el cual el Código Penal prevé hasta 6 años de prisión. Pero también se pide que se investigue si hubo abuso de autoridad. La Justicia Federal ya ejecutó medidas de prueba, como solicitar al Gobierno que envíe un detalle sobre el nivel de actividad de la administración pública que hubo el 2 de septiembre, si hubo alguna norma  o comunicación oficial donde se explicara cómo sería el funcionamiento del Estado ese día.