Por recorte de fondos nacionales, intendentes le reclaman una reunión a Diego Santilli y evalúan ir a la Justicia
Casi 30 jefes comunales llevaron adelante una cumbre en Paraná para definir acciones de cara a los reclamos por falta de asistencia de la Casa Rosada. Tal como adelantó MDZ, en abril asistirán al Congreso.
intendentes realizaron un cónclave en Paraná
El Consejo Federal de Intendentes llevó adelante una cumbre este martes en Paraná, donde casi 30 jefes comunales ratificaron que irán en abril al Congreso en el marco de los reclamos por falta de asistencia económica por parte del Gobierno nacional, tal como adelantó MDZ.
A su vez, le reclaman una reunión al ministro del Interior, Diego Santilli, y evalúan presentarse en la Justicia por recortes de fondos, consignaron fuentes del encuentro.
Reclamo por el "abandono" de la Nación y movilización al Congreso
“Mientras se agrava la crisis que golpea a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los gobiernos locales debemos responder cada vez a más demandas con menos recursos y en un contexto de creciente abandono por parte de la Nación”, señalaron en un escrito.
“Mientras tanto, desde el gobierno nacional se busca imponer un discurso que pretende responsabilizar al interior de la decadencia argentina y descalifica a gobernadores e intendentes, cuando en realidad somos quienes sostenemos la atención social, la salud, el transporte y los servicios esenciales frente al retiro del Estado nacional”, señalaron.
El impacto del ajuste en la salud y el transporte público
En el documento, los alcaldes indicaron: “Hoy los Municipios debemos hacernos cargo de más atención social, mayor demanda en salud, jubilados nacionales sin cobertura adecuada de PAMI, programas que cubrían medicamentos para enfermedades crónicas, como diabetes y patologías oncológicas, el vaciamiento del Plan Remediar y del Plan Sumar+, y también del transporte público, sin los aportes nacionales derivados del impuesto a los combustibles que sí se siguen destinando al AMBA”.
“Solo en 2025, el Gobierno Nacional retuvo 120.000 millones de pesos que corresponden al interior”, acusaron.
A su vez, subrayaron que “la situación fiscal también es desigual”. “La incidencia impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que aplica la Nación. Sin embargo, salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en concepto de ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos. Para luego criticar a los municipios por el cobro de tasas que solo representan el 3% del costo fiscal”, agregaron.
Propuesta para un nuevo federalismo fiscal
En ese sentido, pidieron “abrir una discusión de fondo sobre el esquema impositivo y la distribución de recursos en la Argentina, sobre la base de un federalismo fiscal que contemple la cantidad de habitantes y los servicios que presta cada nivel del Estado".
“La Nación recauda recursos de todos, pero no los distribuye de acuerdo con las responsabilidades reales que luego recaen sobre provincias y municipios. En lo inmediato necesitamos una nueva distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos”, plantearon.
“No es aceptable que los Gobiernos Subnacionales recibamos apenas el 10,4% de lo que pagan los ciudadanos, cuando hoy soportamos el 100% del mantenimiento de la infraestructura vial. Apoyamos la iniciativa de los gobernadores para elevar esa participación al 57%, y que sea coparticipable”, criticaron.
A su vez, buscan “reformular los ATN” ya que “ese fondo se integra con el 1% de los recursos coparticipables, el 2% del impuesto a las ganancias y el 1% de bienes personales, aportados por todos los argentinos”.
“Su distribución no puede seguir siendo discrecional y debe incluir a los municipios, que son prestadores directos de servicios para la población. Aun así, las provincias y los municipios sostienen sus cuentas, ajustan gastos no esenciales y priorizan lo indispensable”, aclararon.
“No vamos a abandonar la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la crisis se profundiza. Los datos son contundentes: en los últimos dos años cerraron 22.608 empresas, hay 300.000 personas desempleadas más y crecen la informalidad y las suspensiones. Al mismo tiempo, cae la recaudación propia, la provincial, la nacional y la coparticipación”, enumeraron.