Causa Vialidad: los puntos clave en los alegatos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner

Este lunes comenzaron los alegatos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad. MDZ Radio habló con el abogado constitucionalista Diego Armesto, quien analizó los argumentos de la defensa de la vicepresidenta.

“Hasta ahora, hay dos cuestiones: primero, por fin encontramos a alguien que está haciendo la defensa técnica y está hablando en un tono que es digno de escuchar, porque está explicando técnicamente cuál es la posición de la defensa. Hasta ahora, lo que habíamos visto es una primera parte donde se trató de establecer que no existe una asociación ilícita y ahora comenzó una etapa en la que están tratando de meter la disputa por las cuestiones políticas no judiciales, es una decisión propia del Gobierno llevar a cabo determinadas obras utilizando bajo argumento las declaraciones que llevaron adelante los jefes de Gabinete del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que son Abal Medina, Capitanich, Alberto Fernández y Sergio Massa”, afirmó el especialista.

"Yo no coincido con esta cuestión de que las decisiones políticas no pueden judicializarse, se está tratando de poner al fiscal en una posición casi política donde pareciera que los fiscales y los jueces no pueden bajo argumento alguno modificar cuestiones que hacen al funcionamiento propio del Gobierno", agregó.

"Cada punto que el fiscal argumentó como elemento para poder establecer la asociación ilícita y el pedido de los 12 años que pidió el fiscal, en esta instancia, el Dr. Beraldi y su otro colega, deberá tratar de derribar cada uno de los argumentos esgrimidos por el fiscal”, detalló.

Armesto argumenta que, mayormente, la política trata de conseguir un atajo y de sentir esa indemnidad con el argumento que fue una decisión política. "Hay algo más que está agregando, con el tema de los DNU, en donde automáticamente está metiendo a todo un Gobierno dentro de esa decisión. Y ahí es donde yo creo que el fiscal tampoco quería ir. No se está enjuiciando a un Gobierno, se está enjuiciando a determinados funcionarios que cometieron un delito", destacó.

Y sumó: “Bajo ese argumento, mañana cualquier macana que se mande cualquier funcionario público puede decir 'fue una decisión política' bajo este mismo razonamiento el mismo Poder Judicial ha llevado adelante también una jurisprudencia en esta línea, argumentando que está habilitado para revisar”. 

“Nadie está evaluando acá el mérito, oportunidad y conveniencia de la decisión política que llevó a determinado esquema político o función, determinada obra dentro del presupuesto. Cuando se arma el presupuesto, mayormente se hace conforme a las necesidades de ingresos y egresos por parte del Poder Ejecutivo. La historia argentina nos lleva a decir que nunca se ha modificado el presupuesto por el poder que tiene el Congreso de la Nación. Sí, es una obligación constitucional que el Congreso apruebe el presupuesto. Ahora bien, llegar a modificarlo en el mismo Congreso de la Nación, es casi imposible", argumentó.

En cuanto a la posible judicialización de la política dijo: “Si vos tomas las decisiones en el marco de la Constitución y de las facultades que te da la misma, no hay posibilidades de ninguna judicialización de la política y eso no va a atar de pies y manos a ningún Gobierno. Es el argumento que utilizan, que esto va a llevar a que ningún Gobierno tenga las facultades de tomar decisiones. Lo que hay que hacer es en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, si hay una ley de administración financiera tiene que cumplirse los artículos de ley, si esos artículos no se cumplen o si no se cumple con los elementos básicos o las condiciones básicas que tiene la misma ley sobre la conformación del presupuesto tiene que haber una sanción. Si no pareciera que los funcionarios son indemnes a cualquier tipo de sanción y eso lo único que conlleva es generar un cierto grado de impunidad muy grande en la Argentina".

Finalmente, el abogado detalló: "El eje de la defensa de Cristina en este momento es la no existencia de la asociación ilícita. La cuestión es que son temas políticos, no judiciales. Y en tercer lugar, que toda la artillería legal que utilizó el Gobierno estaba dentro del marco de la Constitución y de la ley. Por eso se citó a la Ley de Administración Financiera, la Constitución, el procedimiento de los DNU, es decir, cada uno de los argumentos esgrimidos por el fiscal. Por eso, dentro de todo, es una una defensa técnica que por fin podemos ver que se está llevando adelante dentro del marco y tratando de derribar lo que dijo el fiscal".