A qué le teme Cristina Fernández de Kirchner cuando arremete contra la Justicia

Hace casi un mes, el 21 de junio para ser exactos, la Corte Suprema allanó el camino del juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner por la obra pública. Fue al rechazar por unanimidad varios de sus planteos. 

Se trata del debate oral que comenzó el 21 de mayo de 2019 ante el Tribunal Oral Federal 2 que tiene en el banquillo a la vicepresidenta, miembros de su gabinete (durante su presidencia) y también al empresario Lázaro Báez por presuntas irregularidades en 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz adjudicadas al Grupo Austral, con construcciones por 46 mil millones de pesos.

Junto a Fernández de Kirchner son juzgados el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner, entre otros.

Proceso que ya está en etapa de alegatos donde la Oficina Anticorrupción desistió de ser querellante y por ende acusar y la Unidad de Información Financiera pidió la absolución. Pero el 1 de agosto será el turno de la fiscalía, que sí acusará a los imputados y pedirá penas. 

Pero el Máximo Tribunal debe resolver otros recursos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en diversos expedientes que la inquietan. 

Con ese telón de fondo ayer por la tarde sorprendió una carta que subió a sus redes en formato vídeo de más de 14 minutos donde la vicepresidenta arremete directamente contra la Corte Suprema, al referirse a la Corte “ejemplar” de Néstor Kirchner, pero no deja afuera de las críticas a magistrados de Comodoro Py. 

Al hablar de persecución refiere que “los medios de comunicación hegemónicos comenzaron a anticipar -cual modernos Nostradamus-, como iba a fallar la Corte de los cuatro, en la causa fraguada y conocida mediáticamente como “vialidad” u “obra pública”.

"La misma en la que, con calendario electoral en mano, iniciaron el juicio oral el 21 de mayo del 2019, exactamente un mes antes de que cerraran las listas para las elecciones presidenciales. Así y con tres años de demora, la Corte de los cuatro falló exactamente como anticiparon esos medios: rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado", se quejó Cristina Kirchner.

"Fue un fallo totalmente atípico. A la falta de argumentación jurídica y el lenguaje ofensivo utilizado -llegando a citar como antecedente el del genocida Jorge Rafael Videla-, se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos, como un aval anticipado para la condena que, tal como dije el 1 de diciembre de 2019 ante el Tribunal Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada", agregó la vicepresidenta.

En uno de sus fallos, la Corte dijo que las afirmaciones del tipo de que “se estaría intentando generar así alguna noticia de impacto en plena campaña electoral”, o que “se habrá de intentar utilizar este expediente con fines políticos e impropios, poniendo en riesgo las instituciones democráticas del país” aparecen como meras conjeturas sin sustento en las constancias de la causa.

“El hecho de que se trate de un juicio que involucre a una alta funcionaria pública nacional no cambia esa conclusión. No es posible pensar que cualquier decisión adversa que se adopte en procesos donde estén implicados funcionarios de tal naturaleza exija, por esa sola circunstancia, la intervención de esta Corte. Ninguna norma de la Constitución Nacional, ni de las leyes pertinentes, autorizan a concluir que la competencia del Tribunal tiene ese alcance”, agregó Cristina en su escrito.

En sus redes, tras el vídeo de la vicepresidenta, el abogado constitucionalista Andrés Gil Dominguez afirmó que la CSJ al rechazar el recurso de queja de Cristina Kirchner “siguió el estándar que se aplica en el 99% de los casos de los justiciables mortales. Abrirlo hubiera sido una excepción”.

Agregó en su hilo que en todo caso las “eventuales conductas delictivas de los miembros de la CSJ se canalizan a través de un proceso de juicio político”. Por otra parte sostuvo que contra una eventual sentencia condenatoria en la causa Vialidad restan dos instancias de revisión: Casación y CSJN.

A qué le teme Cristina Kirchner

Ahora bien podríamos pensar que le teme a una condena por una causa que ella considera producto de lawfare. A tener un antecedente cuando hasta ahora ha ido sorteando cualquier obstáculo en la justicia como fueron los sobreseimientos en la causa "dólar futuro" o en Hotesur y los Sauces o memorándum, estas dos últimas a la espera de una resolución en la Cámara de Casación. 

Vayamos entonces al inicio de la carta: Según refiere Cristina Fernández de Kirchner, “en el año 2003, a pocos días de asumir y ante la amenaza pública de dolarizar la economía formulada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces…El presidente Néstor Kirchner se dirigió al país por cadena nacional anunciando que enviaría a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político de los integrantes de aquella Corte, que formaban la popularmente conocida mayoría automática”.

"A partir de esa decisión y auto limitándose en sus propias facultades para proponer los candidatos, Néstor Kirchner construyó una Corte Suprema de Justicia que fue catalogada por propios y ajenos como una Corte ejemplar”, destacó la vicepresidenta. 

Fue ella misma quien reivindicó una Corte de 5 miembros, algo que hoy critica y que intenta en el Congreso aprobar un proyecto que eleve la cantidad de miembros a 25. Sebastián Pilo, codirector de ACIJ ( Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) expresó a través de las redes y comparto: “Hay una cosa muy sencilla que puede hacer cualquier gobierno al que le preocupe el funcionamiento de la Corte: cumplir la normativa vigente y proponer a una candidata para cubrir uno de sus cargos, que está vacante hace 8 meses”.

Desde la partida de Highton de Nolasco del Máximo Tribunal no ha existido capacidad de consensuar quién ocuparía esa vacante, por lo tanto continúa integrada por 4 cuando ya se debería haber cubierto ese puesto. En ese sentido, hubo expedientes donde debieron expedirse conjueces, o porque no se llegó a un acuerdo entre los cortesanos o bien por excusaciones. 

Siguiendo con el desglose de lo esbozado por la vice recuerda que “en los Tribunales de Comodoro Py se inventaba un nuevo método de privación de la libertad que se conoció como la “Doctrina Irurzun”. La misma consideraba que los funcionarios del gobierno peronista finalizado el 10 de diciembre de 2015 conservaban un “poder residual” y por lo tanto debían ser privados de su libertad para no “obstruir” las investigaciones que se hicieran sobre cada uno de ellos. Así, se encarceló a mansalva a dirigentes políticos, sindicales y hasta empresarios de medios no afines con el Gobierno de Mauricio Macri.

Aquí nuevamente Pilo manifiesta a través de sus redes sociales “que si les preocupa la política de persecución penal, pueden tratar el pliego para cubrir la Procuración General de la Nación, que está vacante hace 54 meses”. Recordemos que Alberto Fernández postuló al juez Daniel Rafecas, pero tampoco se llegó a conseguir el consenso necesario para aprobarlo en el Congreso tal y como pasó cuando Mauricio Macri postuló a Inés Weinberg de Roca.

Por otra parte, el codirector de ACIJ esbozó en sus redes que “si les preocupa la vigencia y efectividad de los derechos, pueden intentar designar a un Defensor o Defensora del Pueblo de la Nación, que está vacante hace 13 años”.

Cuando escribimos junto a Lucía Salinas el libro "Poderosos" de editorial Galerna llegamos a la conclusión que “hay una relación que es dialéctica entre la justicia y el poder político. Un salvoconducto que se retroalimenta, que entra en tensión circunstancialmente pero que después, se encausa para volver a darle continuidad a ese mecanismo corrido de sus jurisdicciones. “La justicia está para garantizar la impunidad que pretenden los políticos, y a cambio los jueces se garantizan la inmunidad”, reflexiona el fiscal Delgado e introduce otro concepto, “estamos ante instituciones expropiadas, que cumplen un rol diferente al que dice la Constitución”.

Esta idea es compartida con Miguel Wiñazky que sostiene que el problema, entre otros, radica en que las instituciones “se corrieron de sus límites, de sus jurisdicciones, la política queriendo colonizar la justicia, y ésta respondiendo al interés del Poder Ejecutivo”. En este conjunto de ideas, vuelven a dialogar sobre una necesidad imperante: la calidad democrática. “Dónde está el límite, ahí hay que mantener esa territorialidad que no se debería perder, este tipo de fronteras borrosas en la jurisdicción de estos dos poderes hace que tengamos una democracia frágil y no muy desarrollada en el cumplimiento de la ley”.

Por otra parte vuelve a arremeter contra la Corte por su decisión de declarar la inconstitucionalidad de la integración del Consejo de la magistratura del 2006 cuyo proyecto fue de ella cuando era senadora, “a la luz de la cual se designaron más de las dos terceras partes de los magistrados que conforman hoy el Poder Judicial de la Nación”, agrega que “Resucitan”, además, la ley anterior que establecía que el Presidente de la Corte Suprema presidía el Consejo de la Magistratura.

“Queda claro entonces que el objetivo no sólo es la Presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados, proteger a Bruglia y Bertuzzi (designados a dedo por Macri en la Cámara Federal), garantizar su propia impunidad y, fundamentalmente, continuar con la persecución”.

Así las cosas puede gustar o no la decisión de la Corte, tema harto discutido, pero fue el mismo tribunal el que le dio un plazo al Congreso para dictar una nueva ley o en su defecto volver a esa vieja integración de 20. Otra vez las fuerzas políticas no lograron consensuar y nunca salió una ley capaz de respetar los estamentos como manifestó el Máximo tribunal en su fallo. 

Cristina también sostiene que “es también el mismo Poder Judicial que permitió, a través de distintas medidas cautelares, que se evaporaran de las reservas del Banco Central más de 2.000 millones de dólares, complicando aún más las finanzas del país luego del criminal endeudamiento tomado por Mauricio Macri, que alcanzó extremos inimaginables con el increíble préstamo de 45.000 millones de dólares del FMI. Endeudamiento criminal que ningún Fiscal ni Juez ha decidido investigar aún.

Aquí me permito decir que yerra al decir esto, ya que hay una investigación en curso a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi y que impulsó el procurador del tesoro Carlos Zannini. 

Por último reafirma que “el Poder Judicial devenido en Partido Político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional.

Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la Ley son letra muerta de la Constitución.

Nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad. Legitimidad que sólo se logra a partir de la credibilidad y el respeto que sobre sus decisiones tenga la ciudadanía”.

Ante esto el abogado constitucionalista Diego Armesto afirma que la CSJN es la cabeza del Poder Judicial, “ella desde la cúspide debe ser independiente y cumplir con sus funciones más allá de quien este sentado en el banquillo de los acusados”.

Agrega por otra parte que “la política, la coyuntura no puede condicionar a uno de los poderes del estado y, la ciudadanía debe tener la garantía de esta independencia. El Juez debe ser independiente, no debe prevaricar y la República también significa respetar las resoluciones del órgano jurisdiccional. No existe un partido judicial, todos debemos saber que existe un poder judicial”.

Vuelvo entonces al epílogo del libro Poderosos. Allí nos preguntamos Por qué el poder político le presta tanta atención a Comodoro Py. Allí Carlos Pagni nos dio una explicación que sustenta en tres razones: “La primera puede ser ideológica: hay una corriente muy activa, antiliberal, que no aprecia la división de poderes. A esa corriente le interesa la Justicia como objeto de sometimiento, de subordinación. Dicho de otra manera: a los poderes autoritarios les interesa dominar a la Justicia para utilizarla como herramienta de persecución de los adversarios o de quienes ejercen algún poder de crítica. Otra razón es moral: existe un deseo de controlar a la Justicia para obtener impunidad. Un tercer motivo tiene que ver con el sistema político. En tiempos en que las fuerzas políticas no están equilibradas, los dirigentes buscan llevar la pelea a los tribunales”.

Entonces vuelvo a preguntarme a qué le teme Cristina Fernández de Kirchner, porque si uno como gobernante sabe que hace bien las cosas no teme a que la justicia lo investigue, es más pone a disposición de ella todo, y si no estamos de acuerdo con el desempeño de algún o algunos magistrados, se debe utilizar las instituciones para que se investigue si tal conducta permite avanzar hacia un juicio político y la destitución de aquel funcionario judicial que actuó a contrario de lo que manda la ley. 

A lo dicho por la vicepresidenta se sumó el  presidente Alberto Fernández quien también utilizando las redes sociales sostuvo: “He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió @CFKArgentina. 

He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”. Fernández fue otro de los que intento hacer una reforma judicial y como tantos gobernantes fracasaron en el intento. Nuevamente por falta de consensos, no lo pudo hacer Néstor ni Cristina Kirchner, tampoco Mauricio Macri y cuando asumió también quiso hacerlo Alberto.