Segmentación de tarifas: dudas, aumentos de más del 200% y temores al impacto en las provincias

Segmentación de tarifas: dudas, aumentos de más del 200% y temores al impacto en las provincias

En las provincias hay dudas sobre cómo hará el Gobierno para aplicar los aumentos por la falta y el mal manejo de datos. Pero inquieta que el aumento de más del 200% para algunos usuarios genere más malestar social. El caso de Mendoza con la tarifa social y las dudas con otros servicios.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

picardi@mdzol.com

El Gobierno nacional finalmente presentó el "certificado de necesidad" que deberán llenar los usuarios para mantener los subsidios en los servicios públicos. Se trata de la segmentación de los usuarios según ingresos para ver a quién le dan o no subsidios. La decisión es nacional, pero los impactos más importantes serán provinciales, comunitarios. Y tras los anuncios aún quedan muchas dudas técnicas y políticas. En los gobiernos locales el tema inquieta porque, saben, serán la primera barrera de contención del descontento que puede generar un "tarifazo" y de las protestas que puedan surgir. Justamente esa puede ser una de las consecuencias, pues por más edulcorado que haya sido el anuncio de Darío Martínez, quienes queden excluidos de los subsidios tendrían un aumento del 200% en la luz, y más en el gas natural. Tarifazo pleno, aunque necesario para las cuantas públicas. 

La maraña burocrática que se armó parece inconmensurable. Y es rara la estrategia: según el anuncio, solo el 10% de la población se quedaría sin subsidios; pero el formulario lo tienen que llenar todos porque si no podría haber presunción de "riqueza". La quita de subsidios es para los servicios nacionales. El análisis es más complejo de lo que se presentó. En el caso del gas natural, es la Nación quien regula todo, pero hay provincias que están dentro de las zonas frías determinadas por la ley y pagan menos. En el caso de la electricidad es un enredo: en Buenos Aires la Nación mantiene la regulación del servicio y por eso tienen una tarifa híper subsidiada. En el resto del país, está dividido: una porción de la tarifa (el valor agregado de distribución) es provincial y la administran los gobernadores, la otra parte (generación y transporte) es nacional y es lo que aumentará abruptamente y el resto son impuestos.

En Mendoza, por ejemplo, la parte provincial está con tarifa plena. La parte nacional no, y tiene un atraso de al menos dos años. Por eso calculan que si se aplica la quita como se anunció, muchos usuarios tendrían aumentos del 200%. Hoy la Provincia mantiene dos vías de subsidios. Por un lado el estímulo al ahorro de energía, que alcanza a 315 mil usuarios (de 570.500 que hay en total). El otro es la tarifa social, que incluye a 107 mil usuarios a los que el Estado les sostiene la tarifa. Aunque no hay precisiones, ese grupo podría estar afuera de los aumentos; siempre y cuando llenen los formularios. En total se destinan 608 millones de pesos a esos dos programas. 

Los usuarios del AMBA tienen más subsidios que el resto del país. 

Sensibilidad

Las tarifas son de los temas más sensibles para los gobiernos, por la reacción que generan los aumentos. Lo sabe el kirchnerismo, que tiene como política el congelamiento,  y lo sufrió Mauricio Macri por las impericias que tuvo para aplicar subas. Ahora los gobernadores pueden tener un problema en caso de que los impactos sean fuertes. Por eso incomoda el futuro inmediato; cuando se apliquen los aumentos en medio de un clima social áspero. Pero hay un concepto clave y bien arraigado a la gestión nacional: si es que se aplica. 

El punto de medición será, como siempre, donde están los votos; es decir en el AMBA, ese distrito 25 del país que decide elecciones por el volumen de votos y que distorsiona cualquier ecuación. Luego, la logística de la aplicación, que muchos ven inabarcables para un gobierno que ha demostrado impericia. "Lo más probable es que antes que un impacto fuerte, haya miedo a aplicarlo y no se ejecute", especulan en el Gobierno al detallar el poco "amor por los datos" que hay y el volumen de . Incluso, citan una frase textual de la gestión del kirchnerismo. "Ante la duda, es subsidio", es la máxima que tienen en la Secretaría de Energía manejada por Darío Martínez.

La aplicación o no de los tarifazos segmentados condiciona a los gobernadores, que tienen a su cargo otros dos servicios. El agua y sobre todo el transporte público dependen de cada jurisdicción (salvo, claro, los privilegiados del AMBA). En Mendoza mantendrán el plan de hacer los estudios de costos y audiencias públicas que correspondan. De allí surgirá, obviamente, que serán necesarios aumentos por la inflación (que supera el 60% anual). El problema será la aplicación de las subas sugeridas; quién se hace cargo y cuándo se aplican. 

Más allá del ruido político que habrá y la inconveniencia de las decisiones, hay datos que hablan. La energía y las tarifas de los servicios son uno de los ejes principales de la gestión económica. Los subsidios complican las cuentas públicas y representan una enorme porción del déficit que tiene el país. Y la falta de inversión energética (por tarifas y otros condicionantes) complican más la producción, el abastecimiento y la logística del país. Por eso pocos dudas en que era necesario un esquema distinto de gestión en ambos planos. Pero quienes no tenían resuelto cómo hacerlo eran los dirigentes del Frente de Todos que ejecutan una gestión polifónica y desentonada. 

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