"Avances" entre el Gobierno y los anestesiólogos, pero el conflicto sigue latente
Luego de más de tres horas de reunión entre el Gobierno y los anestesiólogos autoconvocados, en el marco de la aprobación de la ley de emergencia semanas atrás, el oficialismo provincial resaltó que el saldo "fue positivo". El cónclave entre las partes involucradas se da bajo un panorama preocupante en clínicas y hospitales, donde se han postergado más de 5000 cirugías a raíz del conflicto. Desde el sector anestesista hicieron hincapié en "la necesidad de una respuesta inmediata salarial a la solicitud de los prestadores".
La Ley de Emergencia fue sancionada el 17 de mayo, pero los anestesiólogos presentaron amparos individuales y un pedido de inconstitucionalidad a dicha normativa por considerarla una imposición de realizar trabajo forzoso y sin fundamentos sólidos. Se espera que pronto haya una resolución judicial, en especial de la medida cautelar mientras se espera la definición de la cuestión de fondo a partir de este tipo de reuniones. Mientras tanto, una Resolución del Boletín Oficial convocó a "los profesionales que hubieran estado cumpliendo funciones, previas al 31 de marzo de 2022, en los Servicios de Anestesiología de los Hospitales del subsector público de la provincia de Mendoza", pero esto no fue bien recibido en el ámbito.
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En diálogo con MDZ, la senadora radical y pieza clave en la disputa, Natacha Eisenchlas, resaltó que "fue una reunión positiva en términos de que se avanzó en algunos puntos que habían quedado esbozados en la primera reunión de la mesa de diálogo. Sobre todo con respecto a las potestades del Estado en la formación y gestión de los recursos humanos. Mientras la mesa de diálogo se junta, también hay muchas reuniones entre los profesionales y el Ejecutivo, tanto en forma particular como con autoconvocados o la AMA (Asociación Mendocina de Anestesiólogos).
Y continuó: "En ese sentido, el Ejecutivo y ellos reconocieron que habían rescatado la voluntad de diálogo entre ambas partes y se quedó en avanzar en la creación de un servicio de anestesiología en hospitales -donde no lo hay-, en la creación de centros de formación -que incluyen a los residentes que no pudieron concluir el proceso- y en idear juntos que la relación sea mejor".
En tanto, el pedido de aumento de sueldos fue un tema que no pudo esquivar el Gobierno. "Ellos plantearon lo salarial y nosotros dijimos que la mesa de diálogo no era el lugar. Lo aclaramos desde un principio: el salario se discute en paritarias. Quedamos en juntarnos mínimo una vez por mesa, como dice la ley, pero si se existiera la necesidad de hacerlo antes, habrá predisposición de ambas partes", dijo Eisenchlas.
El análisis de los anestesiólogos
Arturo Salassa, médico anestesista y portavoz de los Anestesiólogos Autoconvocados de Mendoza dio detalles acerca de lo acontecido. "No cortamos el diálogo a pesar de que hay una ley de aplicación de sanciones tanto administrativas como penales vigente. Vamos a seguir manteniendo canales de conversación y de propuestas estructurales sustentables a largo plazo. Pero lamentablemente no se condicen con la urgencia y la necesidad de una respuesta inmediata salarial a la solicitud de los prestadores".
Y añadió: "También nos ofrecimos a reformular nuestra propuesta inicial y poner a disposición del ministerio cuáles son las posibilidades concretas en materia económica o técnicas que tiene el ministerio para destrabar esta situación en lo inmediato entendiendo que tenemos la necesidad urgente de volver a los hospitales públicos a trabajar para dar respuesta a las necesidades de los pacientes".
"No hemos tenido ninguna respuesta en esto ya que el Gobierno argumenta que es una situación coyuntural que no tienen herramientas para ante una situación de excepción tomar medidas. Esperamos que se pueda contemplar una recomposición transitoria en el marco de la emergencia para volver a los hospitales mientras continuamos con el diálogo", cerró.
A pesar de que la norma aprobada por la Legislatura faculta al Gobierno a "aplicar la sanción de suspensión en el ejercicio profesional de un mes a cinco años e incluso interponer acciones penales y civiles" a los anestesiólogos que no se presenten a trabajar en los 120 días que dura la emergencia, esto no ha sucedido. Incluso, fuentes del propio oficialismo resaltaron que "lo que importa no es quitar matrículas, sino normalizar el servicio".
Por otro lado, Gerardo Vaquer, senador del Frente de Todos que también estuvo presente en el encuentro, señaló a este diario que "fueron más de tres horas de reunión. Hay temas que podrían encontrar solución en el corto y otros en el mediano plazo. Falta más trabajo (que se acordó realizarlo) de acercamiento para lograr esos acuerdos. Vamos a aguardar unos días para que puedan avanzar en lo hablado y expectantes para verificar eso". Respecto al reclamo salarial, deslizó que "el Gobierno se resiste, pero se tocó el tema porque es la base".