La Justicia demora y debate todavía cómo citar a declarar al pastor Bonarrico

Mientras esperan que vuelva de Estados Unidos, el gobierno apuesta a que Héctor Bonarrico desmienta ante la Justicia que negoció un acuerdo político a cambio de plata con Cambia Mendoza. Ya pasó un mes desde que el escándalo estalló y los fiscales demoran una citación para el pastor, la cual resulta vital para la causa.

Esta semana, por primera vez, el gobernador se vio forzado a hablar en público del subsidio de $18 millones. Lo que Rodolfo Suarez manifestó el jueves, en una improvisada rueda de prensa en la inauguración de nuevas obras del Polo Judicial, no fue más que lo que el propio mandatario venía ventilando en conversaciones privadas. El gobierno, desde el primer día que el caso explotó, apostó a dar por terminada la historia por el simple acto de haber derogado rápidamente el decreto que le otorgaba millones a la fundación de Bonarrico. Y que la admisión del pastor de que esos fondos le fueron otorgados como parte de un acuerdo político s debió a que “no entendió nada”- como expresó Suarez- acerca del objeto de ese acuerdo.

¿Qué no entendió el aliado de Cambia Mendoza según el gobernador? Que esos $18 millones que le dieron a través de un decreto a la Fundación Acción Social (y que en cinco minutos le cancelaron) estaban destinados para ayuda en los barrios más vulnerables en los que esa organización opera. Y no, como reveló públicamente Bonarrico, que formaban parte de un pago por parte del Gobierno para sumarse con su partido MásFe a la oferta electoral del oficialismo en los comicios de 2021.

Esta argumentación se ata a lo que el mismo gobierno viene intentando instalar desde que el pastor contó con detalles la forma en que le habían viabilizado el subsidio. “El viejo está loco”, fue la manera en la que siempre se defendieron. Suarez está dejando girones de credibilidad en medio de este escándalo. Aunque esté convencido de que el caso no le afecta ni a él, ni a Alfredo Cornejo quien, en definitiva, es quien se encarga de este tipo de arreglos electorales.

Tanto es así que, como siempre recostado en una encuesta, planteó el desafío a quienes lo cuestionan. “Nosotros lo que hacemos es actuar con transparencia y de cara a la gente. Los mendocinos y las mendocinas sabrán a quién creerle y a quién no creerle”. Desde que el caso explotó todos dentro de Cambia Mendoza tienen clara una cosa: hacia afuera, la versión acerca de lo sucedido con Bonarrico es una. Pero hacia adentro todos saben lo que realmente ocurrió.

El pastor confesó, habiendo sido él mismo parte del arreglo, lo que desde hace años se sabe y es que muchas veces los acuerdos alcanzados a nivel político (en este caso electoral) de alguna u otra forma se terminan pagando con fondos públicos que son utilizados discrecionalmente. En los hechos y en la mitología de la política mendocina estos episodios se cuentan por montones. El problema para el gobierno es que ahora, uno de los protagonistas de la transa, abrió la boca.  

Por eso la clave está en saber qué determinará en definitiva la Justicia. El gobernador tuvo reflejos para anular rápido la vigencia del decreto y, al estar derogada la norma, no se alcanzó a producir daño al patrimonio ni subsistirá cualquier ilegalidad porque no se alcanzó a realizar ningún desembolso de dinero. Solo queda para los fiscales aquí, analizar algún grado de tentativa. El asunto es una brasa caliente para el procurador Alejandro Gullé quien puso a trabajar a Javier Pascua, el jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos y a los fiscales de Delitos Económicos Flavio D'Amore.

Sobre este asunto, todos ellos están abocados sobre dos causas: la que presentó el gobierno en contra de Bonarrico por tentativa de fraude al Estado y la otra (que fue generada de oficio por el propio Pascua y a la que luego se le anexó la demanda presentada por el Frente de Todos) por averiguación de delito.

La cantidad de fiscales involucrados en esta historia es un ejemplo de por qué el caso quema. Lejos de hacerlo para imprimirle ritmo a la investigación, esa decisión fue una forma de cuidarse las espaldas. Pascua y compañía saben que, termine como termina esta historia, no será los mismo para la política pedir un jury a un fiscal que ir por la cabeza de tres. Y esto abarca tanto a la reacción que pueda tener el gobierno como la oposición. Aunque aquí las miradas apuntan más a la Casa de Gobierno. Dentro del complejo entretejido del funcionamiento del Poder Judicial, se sabe desde hace tiempo de la influencia de un oficialismo que alecciona jueces y fiscales y que además controla el jury que decide la suerte de ellos en caso de que deban ser sometidos a esa instancia decisiva

Hablando de velocidad: se cumple este domingo un mes desde que Bonarrico dijo lo que dijo y el pastor todavía no fue citado a declarar cuando su testimonio será clave para volcar hacia un lado o hacia el otro la investigación. Lo que se supo el viernes es que hasta ahora se siguen realizando pedidos de documentación e informes y se solicitó a este medio la grabación de la entrevista en MDZ Radio en donde Bonarrico contó todo. Pero no se habrían solicitado demasiadas medidas más de prueba.

La indefinición acerca de la forma en que el Ministerio Público lo llamará a Bonarrico se debe a que no deciden si declarará en carácter de testigo o de imputado. Es decir, en el marco de cuál de las las dos denuncias será convocado. Se analizó una vía alternativa y es que preste declaración a título informativo. Pero de una u otra forma nada de eso ocurrió hasta el momento. Si lo imputan, llegado el momento podría negarse a declarar Si lo llaman en carácter de testigo y luego termina imputado, esa primera declaración será considerada nula.

Hubo uno que zafó de tener que opinar. El titular de la Oficina de Ética Pública, Gabriel Miró, remitió todo lo actuado (en realidad nada de lo actuado) a la Justicia porque así se lo impone la ley de creación de ese organismo. Ante ese ámbito también había acudido el PJ en búsqueda de alguna sanción contra Cambia Mendoza y contra el pastor.

Como se dijo, el gobierno aguardaba para estos días el regreso de su aliado desde los Estados Unidos sabiendo que la dilación de los tiempos judiciales corre a su favor. Sin dudas no es lo mismo, en el marco de la causa, que el pastor hubiera declarado a los pocos días de haber reconocido que le dieron plata a cambio de un acuerdo como él mismo contó. Que, como sucederá ahora, terminar hablando ante los fiscales más de un mes después mientras en el camino hasta lo pudieron haber persuadido de desmentir todo.

Y mucho de esto último posiblemente sucederá. El gobierno descarta que, cuando le toque, Bonarrico volverá sobre sus pasos y negará la existencia de algún pacto irregular para la tramitación de ese subsidio. “Cuando hable Bonarrico la causa se cae”, descartan en Casa de Gobierno. Cómo hará el pastor para desmentirse sí mismo, es un misterio todavía. Y para seguir la línea de su fe, quizás hasta ni Dios lo sepa.