Educación: un proceso de destrucción organizada

El debate viene por el lado de la determinación que tomó el gobierno de CABA de decirle «nones» a la utilización del denominado «lenguaje inclusivo», una jerigonza que pretende, al contrario de cómo se ha estructurado el lenguaje de forma histórica, imponer unas reglas determinadas política e ideológicamente; lo que representa la normalización del «no aprendizaje», un elemento en clara oposición a los valores establecidos y compartidos culturalmente a nivel global.

Vale decir que, en Francia, el «inclusivo» ha sido prohibido, por considerar las autoridades de ese país que obstruye la comprensión de la lengua y la escritura. El debate se da en todo el mundo, y ante estos hechos, las naciones van tomando posición frente a esta nueva «vaca sagrada» del progresismo.

En Argentina, Ana María Borzone, Dra. En Filosofía y Letras e investigadora del CONICET afirma que, desde la década de 1980, se abandonó la sistematización de la lectoescritura, basándose en los predicamentos de Jean Piaget que dicen que hay que permitir que los niños y los adolescentes descubran por sí solos el camino de la comprensión del lenguaje.

De la mano de una decisión política del ex gobernador Alfredo Cornejo, los estudios de campo de Borzone comenzaron a allanar el camino, en Mendoza, para cambiar la situación educativa. Hoy, exhiben datos alentadores en los deciles más bajos de quienes transitan la escuela pública. Por cierto, estos planteos son atacados por sectores de la izquierda y por organizaciones gremiales, que mutaron al docente profesional en un trabajador de la educación y que hacen del sistema educativo una pieza de combate político sistémico.

En la provincia de Buenos Aires —en la cual el sistema educativo está en manos de SUTEBA, el gremio que conduce Roberto Baradel— el esquema es acotar cada vez más el servicio educativo. Un ejemplo de ello, ocurrió esta semana en un encuentro entre autoridades del área y directores de escuela, en donde quedó claro que lo que se plantea desde la Dirección General de Escuelas es liquidar al sector con decisiones políticas de claro corte ideológico.

Bajo el cartabón de «Discusiones pedagógicas entre directoras y directores», el director provincial de educación secundaria, Gustavo Galli —quien lleva la batuta de la bajada ideológica para el área—, lejos de proponer cambios que mejoren la situación, lo que planteó es dar pautas de evaluación, acreditación de asignaturas, regímenes de asistencias, aprobación del año, materias que los alumnos pueden «llevarse» y repitencia cuyos criterios provocaron una fuerte reacción por parte de los presentes: muchos directivos comenzaron a expresar su disconformidad al respecto de todos estos temas, incluyendo una falta de directivas claras referidas a la evaluación, acreditación y promoción de los alumnos.

El criterio que se planteó ante las autoridades ministeriales e inspectores del área es tan a la baja, que implica la absoluta falta de estímulos, tanto para docentes como para alumnos, que motiven tanto el esfuerzo como la dedicación. Continúa así la improvisación, la lentitud para bajar la información, y el escaso acompañamiento de las autoridades a la hora de resolver conflictos institucionales: por ejemplo, las sanciones son «reflexión y reparación». No son punitivas, lo que hace que aumente la violencia en las escuelas de manera exponencial, ya que se devasta el criterio de autoridad.

Todo lo expuesto en estas jornadas devela que hay cada día más directoras y directores dispuestos a cuestionar esta orden impuesto políticamente.