Vicentin: Gobierno y privados avanzan en el potencial conflicto

El conflicto por el futuro de Vicentin se aceleró. Ayer el Gobierno nacional avanzó sobre la justicia de Santa Fe, para dejarle en claro a la Corte Suprema de esa provincia que la intención de desembarcar en el dominio de la compañía concursada bajo el mecanismo de Cramdown va en serio.

Esta mañana fue el sector privado el que pasó a la acción, y dejó en claro de manera pública y concreta, que están en contra de la idea de creación de una "empresa testigo" de capital público que regule el mercado local de alimentos y exportaciones de cereales, oleaginosas y aceites.

Fue a través de un comunicado conjunto firmado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales, titulado sin eufemismos, "La Agro Exportación rechaza la Creación de una Empresa Testigo". Y que tiene en el primer párrafo la siguiente leyenda: "las declaraciones presidenciales en relación al proceso judicial de la empresa Vicentin y del concurso de acreedores no se corresponden con las condiciones del mercado de granos en Argentina".

La avanzada sobre el Corte Suprema de Santa Fe fue concretada desde el Banco Nación. La entidad financiera le dejó en claro al máximo tribunal provincial que el anticipo que el propio Alberto Fernández hizo el domingo pasado en una entrevista, no es una simple declaración más o menos fuerte, sino una política oficial. Y que los jueces de Santa Fe deben saber que el Ejecutivo tiene la firme intención de convertir la frase sobre el Cramdown oficial es una realidad.

La posición de la entidad que maneja Eduardo Hecker es clara; y se expresa en el siguiente párrafo:

Es imprescindible evitar el fraude. La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude y una quita del 80 por ciento en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación y un daño al Patrimonio colectivo. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad y, por lo tanto, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo.

Lo que se perfilaba en la propuesta -si resultaba homologada-, es la posibilidad inminente de que haya un desguace de la compañía, al tiempo que distintos sectores quedarían sin destino, además de convertirse en una amenaza al empleo de los que hoy están trabajando.

Como parte de la política del Gobierno, el Banco Nación manifestó su oposición a la propuesta y realizó todos los esfuerzos necesarios para evitar la extranjerización; el desguace de la compañía y la pérdida de puestos de trabajo.

A partir de la decisión de la Corte Suprema Provincial, en la actualidad se abre una etapa -que probablemente sea la del Cramdown-, y en esta etapa se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado. Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía; que genere empleo y que además  genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado.

Este texto lo tienen ya sobre los escritorios correspondientes los jueces que integran el tribunal santafesino, quienes deben resolver en semanas si devuelven la causa al magistrado de primera instancia Fabián Lorenzini, a quién la Corte le quitó la causa por las demoras en resolverlo y las críticas a la propuesta de la conducción de Vicentin de ofrecer una quita del 80% de la deuda por unos U$S 1.500 millones. Un planteo que el Banco Nación no está dispuesto (ni puede por estatuto interno) a aceptar, ante lo cual propone el Cramdown.

Ante la confirmación del proyecto oficial de avanzar en la toma de control de Vicentin, reaccionaron los sojeros, cerealeros, aceiteros y exportadores. El comunicado conjunto de CIARA y los exportadores de cereales, se firma lo siguiente:

• En primer lugar no existe un mercado cartelizado sino que en argentina existe uno transparente con muchas empresas y cooperativas que compiten entre sí y que le han permitido al país ser un jugador mundial de relevancia más allá de los intentos intervencionistas contra la cadena agroindustrial.
• Las experiencias de empresas estatales de granos fueron eliminadas en los países exportadores y competidores hace muchos años La industria de molienda de soja está estancada hace diez años con la mitad de su capacidad ociosa debido a la falta de una política que promueva su cultivo e industrialización.
• Hoy la mayor carga tributaria de la economía argentina está sobre la cadena de valor de la soja y no hay tecnologías nuevas. El Estado debería trabajar en resolver estos problemas para que el primer aportante de divisas del país crezca en lugar de disponerse a gastar los impuestos de los contribuyentes en operaciones de empresas privadas.
• Es importante recordar que el complejo agroexportador argentino representa un pilar fundamental para el comercio exterior del país. Tan sólo durante el mes de mayo las compañías del sector liquidaron USD4.200 millones, una cifra récord que significó un 33% más que en abril y ascendió a USD 15.000 millones a lo largo del año.
• Comprendemos que la Argentina se encuentra en una acuciante y cíclica situación de inflación, pero queremos manifestar que no acompañaremos la puesta en marcha de medidas que ya han demostrado ser ineficientes e inconducentes. Por el contrario, este ímpetu debería estar dirigido a la solución de inconvenientes que dificultan el desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial previstos en el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, cuya sanción permitiría incrementar las exportaciones en 100 mil millones de dólares y generar más de 250 mil puestos de trabajo en todo el país.

Las posiciones extremas indican que el problema está en ascenso. Y que dados los antecedentes del país en cuanto a la mala relación entre un gobierno de corte populista y el campo, no hay que descartar, si las partes no ceden, un nuevo conflicto más político que económico.