Suarez y su intento para que el escándalo de Bonarrico pase rápido

El gobierno ya dio muestras este fin de semana de que intentará salir del escándalo desatado por el supuesto pago de favores políticos al pastor Héctor Bonarrico, de la misma manera que siempre busca salir ante este tipo de situaciones: ensayar algún tipo de respuesta, tomar alguna que otra medida y, fundamentalmente, apostar a que el tema transcurra rápido y la opinión pública pase a otra cosa.

Así lo hizo Rodolfo Suarez cuanto debió atravesar sacudones anteriores, como aquella vez que se detectaron hechos de corrupción en Vialidad, o la vez que se adjudicaron o se intentaron adjudicar de manera sospechosa obras y servicios públicos o cuando se descubrió que, durante 2020, habían ocultado la cifra real de muertos por la pandemia. Todo pasa, siempre fue la estrategia adoptada por el gobernador. En este caso, voceros oficiales, revelaron a MDZ que Suarez expresó: “Para mí el tema ya está. No hay tanta historia, lo di de baja al subsidio y se acabó”

¿Podrá salir ahora de la misma manera? En principio no debería resultar tan fácil. La admisión pública hecha por Bonarrico acerca de cómo una fundación que él conduce resultó beneficiada con un subsidio del Estado de 18 millones de pesos pagaderos en dos años y ajustados por la inflación, impactó como pocas otras denuncias de manejos irregulares detectados a nivel oficial.

El pastor confesó, habiendo sido él mismo parte de la transa, lo que desde hace años se sabe: muchas veces los acuerdos alcanzados a nivel político (en este caso electoral) de alguna u otra forma se terminan pagando con fondos públicos que son utilizados discrecionalmente. En los hechos y en la mitología de la política mendocina estos episodios se cuentan por montones.

¿Qué otra cosa que un ejemplo de esto es el reparto de cargos y contratos?, por ejemplo. Y yendo un poco más allá: aún hoy son recordadas las incursiones de Juan Carlos “Chueco” Mazzón en las campañas de 2007 y 2001 para financiar, con plata traída desde Buenos Aires, a los candidatos de la oposición que podían resultar funcionales al peronismo. O cuando el mismo Chueco, sentado en un café frente a la Legislatura, repartía beneficios a la vista de todos para conseguir votos que terminaran aprobando el pliego de Eduardo Frigerio en el departamento General de Irrigación. O bien cuando durante el gobierno de Francisco Pérez se puso a disposición de los que en aquella oportunidad le daban la interna a Alfredo Cornejo en el radicalismo “lo que necesiten”. Y también, durante la gestión anterior a Suarez, cuando se intentó financiar a los candidatos de Protectora, las estrellas en ascenso en aquellas legislativas de 2017, arreglo que no se concretó solo porque no se pusieron de acuerdo con el precio.

Lo que cambia ahora de esas historias es que alguien revela detalles desde adentro, acerca de cómo funcionan este tipo de negociaciones. En trazos gruesos lo que el controvertido pastor evangélico viene repitiendo desde el jueves a la mañana (que contó todo por primera vez en la radio) es que, en julio y un día antes del cierre de la presentación de frentes electorales para las legislativas de 2021, existió una negociación con los principales dirigentes de Cambia Mendoza para establecer los términos de la anexión de su partido MasFe a la coalición oficialista.

“Yo quería la reelección (de su banca en el Senado) pero me dijeron que no había lugar para mí. Y lo entendí”, es parte del relato del pastor. Unas semanas antes de las elecciones, al acuerdo fue tomando forma cuando le ofrecieron a su partido hacerse cargo de alguna repartición del Estado, una especie de dirección interculto, y él se negó. “Las direcciones del Gobierno trabajan con dinero del Estado y se dedican a atender con plata del Gobierno específicamente a un grupo de personas. Como yo, presidente y fundador de MasFe, no quiero ser un empleado del Gobierno, llegamos a este acuerdo, en vez de abrir una dirección. ¿Para qué? Para que Bonarrico  no tenga una armazón muy grande de empleados y todo lo demás”, relató.

Entonces ¿cuál fue el arreglo? Lo explicó así Bonarrico: "Se basó en un ofrecimiento que se me hiciera para crear, dentro de la estructura estatal, una dirección interculto para que yo ocupara el cargo de director. Ofrecimiento que decliné por no querer engrosar el gasto público ni recibir un sueldo del gobierno provincial. Propuse entonces que, en vez de crear una dirección, la fundación Acción Social pusiera la estructura, totalmente ad honorem, para coordinar y llevar a cabo los programas de los que se encargaría la dirección que pretendían crear". Para esto se precisaron fondos que iban a venir, precisamente, del subsidio de la discordia, que fue refrendado en un acta en febrero pasado, ratificado por el decreto que se publicó el jueves en el Boletín Oficial y que sirvió de disparador para que estallara el escándalo

Suarez estaba escuchando en vivo al pastor mientras hacía estas declaraciones por radio y estalló: “¡Este viejo está loco!”, repetía, e inmediatamente llamó a sus asesores legales para marcar una plan que se concretó, una parte, de manera inmediata. Y la otra, el día después. Ni bien terminó de hablar Bonarrico, el gobernador empezó con una cadena de mensajes por wasap a los periodistas para comunicar que había decidido “tirar para atrás“ el decreto de los 18 millones. El viernes, el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, anunciaba una denuncia penal por “tentativa de fraude al Estado” contra el pastor.

En el camino, el propio Suarez buscó despegarse de lo sucedido. Hizo saber que él no había estado al tanto de nada. Y que nunca había negociado con Bonarrico. El pastor contraatacó: “Me sorprende que el Gobernador dijera que no estaba al tanto del acuerdo al que había arribado, no con un dirigente político. sino con un Ministro de primera línea y que luego fuera refrendado por quien es su actual vicegobernador, el señor Mario Abed ( a cargo del ejecutivo, por ausencia del Sr. Gobernador, quien estaba al tanto y había autorizado el decreto)”. A Ibañez lo menciona porque fue con él, con quien habló durante los últimos meses para que el subsidio saliera. Y también lo mencionó a Tadeo García Zalazar, presidente de la UCR provincial, como artífice primario de este acuerdo.

Varias cuestiones para analizar aquí. El gobierno buscó desacreditar a Bonarrico tildándolo de loco. ¿Se sorprenden a esta altura de la figura del pastor que viene desde hace tiempo tomando a la política como una alternativa de negocios? Por estos días, parecen haber caído en la cuenta de que incorporaron a Cambia Mendoza a un hombre con pensamiento medieval, anti Esi, que llegó a pedir la intervención del Ejército desde su banca en la Legislatura y que además tiene expresiones homofóbicas.

En su descargo, desde Casa de Gobierno incluyen a este subsidio para la Fundación Acción Social dentro de la larga lista de ayuda estatal para la contención social. La pregunta aquí es si Bonarrico hubiera accedido a este financiamiento si su partido no se hubiera incorporado a Cambia Mendoza el año pasado. De no ser así, seguro que todavía estaría esperando por una definición por parte de las autoridades como decenas de organizaciones que aguardan por algo de asistencia. Parte de esto, seguramente, será lo que deberá investigar Gabriel Miró, el titular de la Oficina de Ética Pública quien ahora tendrá que ocuparse de detectar si existieron desmanejos o no por parte de los mismos que lo pusieron en ese cargo.

El gobernador tuvo reflejos para anular rápido la vigencia del decreto, que le permitirá una ventaja a la hora de dar las explicaciones que deberá brindar su gobierno ante la Justicia. Ya son al menos dos las denuncias penales que están en curso. Una ya presentada por el exlegislador Marcelo Romano y la otra que presentará este lunes la senadora Anabel Fernández Sagasti por averiguación de delito. Al estar derogada la norma, no se alcanzó a producir daño al patrimonio ni subsistirá cualquier ilegalidad. Dicho en otros términos: Suarez alcanzó a frenar el drenaje los fondos que iba a generar no solo un problema jurídico, sino que también lo iba a someter a un proceso de dos años de auditoría en cada uno de los controles trimestrales que estaban previstos en el acuerdo para la rendición de cuentas.

Y por último. Suarez dice que no estaba al tanto de lo que firmaron. O bien el cornejismo, que es quien cierra este tipo de acuerdos electorales, lo quiso hacer pasar por el río con botas. O bien su mano derecha, Ibañez, no cumplió con su tarea que es revisar y advertir al gobernador acerca de este tipo de cosas. Si se analiza en profundidad la cotidianidad del gobierno, bien podrían haber sucedido ambas situaciones.