A lo Goyeneche: la historia del destierro del fiscal anticorrupción de Mendoza

A lo Goyeneche: la historia del destierro del fiscal anticorrupción de Mendoza

Sebastián Capizzi fue el responsable de las investigaciones que derivaron en las condenas de los exintendentes Sergio Salgado (Santa Rosa) y Luis Lobos (Guaymallén). Sin embargo, el año pasado lo cambiaron de funciones por su incómoda -o independiente- forma de trabajar.

Mariano Bustos

Mariano Bustos

mbustos@mdzol.com

A través de un comunicado senadores de Juntos por el Cambio cuestionaron la destitución de la fiscal de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, quien fue removida de su cargo por investigar a la política y descubrir diversos casos de corrupción. "Esta maniobra no es otra cosa que un mensaje, casi una amenaza, a todos aquellos integrantes de la Justicia que pretendan un poder independiente y atenta contra los conceptos más básicos de la división de poderes y la democracia", argumentaron. Sin embargo, algo similar a lo sucedido en Entre Ríos pasó en Mendoza con el fiscal anticorrupción Sebastián Capizzi. El jefe de la fiscalía de Delitos Económicos incomodó a la dirigencia política a tal punto que de un día para el otro, a pesar de su exitoso trabajo, lo trasladaron al Valle de Uco. A diferencia de Goyeneche, a Capizzi no lo echaron: lo desterraron.

Sebastián Capizzi aterrizó en la Fiscalía de Delitos Económicos en 2018 y fue ratificado en el cargo por la Legislatura en 2019. A lo largo de los años se convirtió en una suerte de abanderado de la lucha contra la corrupción logrando resultados concretos. Su trabajo como jefe de la fiscalía fue clave para lograr la condena del exministro de Transporte Pablo Rousseau por destruir documentación pública (un año y seis meses de prisión), la del exintendente de Santa Rosa Sergio Salgado (cinco años de prisión) y el exintendente de Guaymallén Luis Lobos (cuatro años y seis meses de prisión).

El exintendente de Santa Rosa, Sergio Salgado.

Sin embargo, su estrella se apagó rápidamente luego de que le corriera vista denuncias contra familiares de funcionarios que vinculados al oficialismo mendocino. Su trabajo incomodó a la dirigencia política y se movieron rápidamente los hilos para correrlo de ese lugar. A Goyeneche la sometieron a un Jury de enjuiciamiento y la destituyeron. A Capizzi lo trasladaron al Valle de Uco.

 

A través de la resolución 316 firmada el 30 de julio del año pasado, el Ministerio Público Fiscal concretó el enroque. Javier Pascua dejó la Unidad Fiscal del Valle de Uco y se convirtió en jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos. Mientras tanto, Capizzi ocupó el lugar que quedó vacante por la salida de Pascua.

Esta maniobra fue denunciada en su momento por Xumek ante el Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados como un ejemplo de la falta de independencia que existe en el Poder Judicial de Mendoza. "El Jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Dr. Sebastián Capizzi, ante la consulta del Fiscal Santiago Garay, ordenó realizar la correspondiente investigación, solicitando informes y la realización de una pericia contable. Sin embargo, el expediente continuó sin movimientos, hasta que el mismo Dr. Capizzi ordenó confeccionar una serie de pedidos de informes respecto del estado de las sociedades anónimas constituidas por los denunciados. A raíz de esto, según fue publicado, el Procurador General  habría procedido a presionar al Fiscal bajo la amenaza de trasladarlo a la Ciudad de Tunuyán. Dicho traslado se concretó mediante Resolución 316, mediante la cual se designó a Javier Pascua, quien se desempeñaba en la Unidad Fiscal del Valle de Uco, como nuevo Jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, y se trasladó a Capizzi a la Unidad Fiscal del Valle de Uco", enumeran desde Xumek.

El procurador general Alejandro Gullé determinó el traslado de Capizzi.

Rápidamente quedó olvidado el trabajo que Capizzi había realizado y los resultados obtenidos al frente de la Fiscalía de Delitos Económicos. "La corrupción rompe la confianza y la fe en la cosa pública. Cada peso que se desvía en casos de corrupción no llega a los servicios públicos", afirmó alguna vez Capizzi durante el juicio a Luis Lobos por por defraudación al Estado y administración fraudulenta. Pero la aparente independencia con la que podía desenvolverse se esfumó cuando puso la lupa sobre integrantes de la UCR.

El exintendente de Guaymallén, Luis Lobos.

En Entre Ríos la fiscal Cecilia Goyeneche logró condenar al exgobernador Sergio Urribarri por destinar fondos públicos a su campaña presidencial pero además desbarató una red de corrupción que atravesaba a toda la política entrerriana por falsos contratos de locación de la Legislatura. Un fraude al estado que comenzó en 2008 y que significó un perjuicio por 58 millones de dólares que se fueron en contrataciones truchas. La política no se lo perdonó y esta semana fue destituida.

"Vamos a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, tanto por el amparo que interpusimos como por la destitución y esperamos que la Corte resuelva pronto. Lo que puedo decir es que el balance de todo el Jury es emocional, porque uno tiene una sensación de asco por el nivel de impudicia y obscenidad de todo este trámite. Llega al punto de que no estoy notificada si me destituyeron o no, pero lo doy por cierto”, sostuvo Goyeneche,

Este tipo de casos demuestran la falta de independencia que existe en la Justicia y los vínculos que existen con la política.  “Es la consumación de un golpe dado por la corrupción en un proceso tendiente a mantener el status quo en la provincia. Este es el primer round. La lucha puede ser larga o no, va a depender del máximo tribunal. Puede ser una lucha larga de varios meses o años”, expresó Goyeneche a un medio nacional sin darse cuenta -o quizás sí- que su caso el testimonio de algo que ocurre en todo el país.

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