El "drama" de los bonos argentinos y el riesgo de un nuevo default

El "drama" de los bonos argentinos y el riesgo de un nuevo default

El Bonar 2030 (AL30) es el bono estrella de la reestructuración de deuda de agosto del 2020. Sin embargo, hoy cotiza a precios de remate. Los tenedores de esa deuda presionan al FMI para que le exija ajustes más severos al país.

Carlos Burgueño

Carlos Burgueño

El Bonar 2030, conocido en el mercado de capitales como AL30, cotiza hoy a 29,81 dólares, un nivel más cercano a un país a punto de declarar el default que a otro que reestructuró su deuda hace menos de dos años, en agosto de 2020, y que fue lanzado al mercado a un Valor Presente Neto (VPN) de 54,8%. Si bien sería una ucronía, para un título público que debería liquidarse en menos de 10 años, debería cotizar, mínimamente, por arriba del 65/70% de su valor.

Que, por el contrario, su cotización haya ido para atrás, significa una sola cosa: no hay interés, ni quiera mínimo, por apostar por los bonos argentinos, y sólo permanecen en poder de aquellos que consideren que aún puede haber algún tipo de negocio futuro; pero que, sin embargo, reconocen que ese valor indica que más pronto que tarde habrá que enfrentar otro proceso de reestructuración de deuda.

Se especula con que ese proceso se dé en el segundo semestre del 2025, antes que comience el proceso pleno de pago de la deuda emitida en la reestructuración de deuda organizado por Martín Guzmán en agosto 2020. En el 2025 (y hasta el 2030), el ritmo de vencimientos entre capital e intereses acumulará unos 7.500 millones de dólares, cifra que aumentará a U$S 8.500 millones en 2026 y unos 8.500 millones en el 2027 y 2029. Finalmente entre 9.000 y 10.000 millones de dólares desde el 2030 en adelante. Es dinero que Argentina está imposibilitado de liquidar al contado y sobre el que tendrá que buscar financiamiento externo para poder enfrentar los pagos.

El problema es que se trata de deuda emitida a un promedio de 3% anual en dólares, mientras que Argentina sostiene en estos tiempos un riesgo país superior a los 1.900 puntos, lo que implica un costo inevitable de más de 22% anual en dólares si se emitiera hoy deuda en el mercado voluntario de capitales. No se registra en la historia ningún caso que en menos de tres años reduzca ese interés de 22 a 3% anual en divisas. Mucho menos la Argentina, un país más acostumbrado a la vergüenza financiera que a una historia de superación. Con lo que lo más probable, casi inevitable, es que si se quieran pagar los vencimientos del 2025 con el lanzamiento de nueva deuda, debería pagar una tasa muy superior al 3% de la deuda en vencimiento. De ahí la especulación de una nueva reestructuración, a precios de negociación y no de mercado.

Esta realidad más cercana de lo que parece, no sólo se analiza en los despachos oficiales argentinos o en los centros financieros locales. Quienes más lo tienen en cuenta son muchos de los fondos de inversión más importantes del mundo, con intereses directos en la deuda argentina, que en las últimas horas pasaron a la acción. Sabiendo que en estos días se puso en marcha la misión de fiscalización del Fondo Monetario Internacional (FMI) para calibrar las metas cerradas en el primer trimestre del año, los inversores en deuda criolla reestructurada en agosto de 2022 creen que es el momento de presionar para que los enviados del organismo se conviertan en duros examinadores contra el país.

Y esperan que los visitantes virtuales (así se realizan los encuentros de la misión) ejecuten toda su capacidad examinadora plena, forzando al Gobierno de Alberto Fernández a extremar la aplicación de las metas fijadas por el acuerdo aprobado por el Board del Fondo el 25 de marzo. Especialmente en lo que tiene que ver con la búsqueda del déficit fiscal máximo de 2,5% del PBI y el aumento de las reservas en no menos de u$s5.000 millones, las dos variables que tienen que ver con la cotización de los bonos argentinos reestructurados en 2020. Aún más que la inflación, tema que, en realidad, sólo influye en la deuda en pesos, pero no en divisas.

La posición de los bonistas es un clásico. Saben que la única manera de influir sobre los funcionarios locales, no es a través de la acción directa (nunca funcionó con la actual gestión), sino desde el FMI y sus misiones trimestrales. En consecuencia, se preparó una estrategia para que los enviados del organismo que maneja Kristalina Georgieva sepan al menos la posición de los tenedores de la deuda local y la relación directa entre los resultados de las misiones, la cotización de los títulos públicos reestructurados y las posibilidades (hoy algo utópicas) para que el país se convierta en un mercado friendly para el sistema financiero local.

El argumento de los inversores es claro. Si el FMI reconoce que es imprescindible la reconciliación de la Argentina con los centros financieros mundiales para que vuelva a haber algún tipo de interés en la llegada de divisas genuinas a Buenos Aires como inversión financiera, sólo queda el camino de que las cotizaciones actuales de los bonos reestructurados en el 2020 mejoren, y que abandonen el panorama de default permanente con que navegan desde casi el mismo momento del fin del canje.

Para que esto ocurra, la única manera es que el país muestre al mundo que va cumpliendo las metas fundamentales del Facilidades Extendidas, y que las posibilidades de la Argentina de mostrar resultados fiscales más o menos coherentes y defendibles sea una realidad. Se sabe que esta es una tarea de largo plazo, pero que en algún momento debe comenzar y luego sostenerse. Es allí donde las misiones del FMI cobran fortaleza y centralizan la atención de los mercados internacionales, al menos en el caso de los poseedores de deuda reestructurada local.

Los bonistas creen que el Fondo no fue lo suficientemente duro con el país y que el camino fiscal cerrado para el período 2022-2025 es demasiado flexible y poco exigente. Y que, en definitiva, no tuvo en cuenta la situación financiera de la Argentina para 2024, año en que debería comenzar a regularizarse la deuda renegociada hace un año y medio.

Además, consideran que el FMI cometió un error de raíz al cerrar el acuerdo: el no exigirle al Gobierno de Alberto Fernández que firme un acuerdo que incluya estrictas reformas estructurales, lo que provoca un severo peligro de incumplimiento. En concreto, a los tenedores de la deuda argentina, los que la mantuvieron desde el canje o los nuevos inversores, no les gusta el acuerdo que el país firmó con el Fondo, pero por flojo en materia de exigencias. Lo contrario, curiosamente, a lo que políticamente se le cuestiona en Argentina a Martín Guzmán.

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