Indalo: la Justicia comienza a derrumbar el “hostigamiento” de AFIP
Comienza a esfumarse el “cuento chino”, en la jerga del Poder Judicial, de Fabián De Sousa y Cristóbal López en relación a la querella que iniciaron por presunto “hostigamiento” de la AFIP para desapoderarlos de sus empresas. Al sobreseimiento dictado en favor de Leandro Cuccioli ayer se sumó la falta de mérito dictada por María Servini de Cubría para Alberto Abad.
Se trata de los dos titulares del organismo recaudador que intervinieron durante el proceso denunciado por los accionistas de Oil Combustibles y el grupo Indalo. La demanda iniciada por De Sousa y López comienza así a tambalear en los tribunales a partir de la caída del argumento sobre un presunto “apriete” de la AFIP más teniendo en cuenta los considerandos del fallo de ayer de Servini para dictar la falta de mérito sobre Abad.
En la resolución de la magistrada, a la que tuvo acceso MDZ, incluso se menciona el accionar de Abad como un contra-ejemplo de lo actuado por su antecesor, Ricardo Echegaray, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Vale la pena detenerse en fojas 187 donde para dictar la falta de mérito la jueza aclara que “se valoró también la obligación cierta de los funcionarios de AFIP acerca de su responsabilidad de gestión de los intereses públicos que, dicho sea de paso, encontró correlato en la posterior condena de Ricardo Echegaray, justamente, por no proteger los intereses que su cargo estaba obligado a cuidar, y en este mismo caso!”.
Más allá de los casos puntuales de Cuccioli y Abad que derrumban la querella de De Sousa y López, el Poder Judicial avanza actualmente en paralelo con ejecuciones fiscales sobre empresas de los querellantes como Telpiu S.A. A principios de marzo Justicia hizo lugar a una demanda presentada por la AFIP por una deuda por el impuesto al valor agregado correspondiente a los periodos agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021por el monto de $103.864716,10 más $ 15.579.707,42 de intereses.
En la demanda presentada por el órgano recaudador para promover la ejecución fiscal solicitó al juez federal de ejecuciones fiscales tributarias, Guillermo Mario Galli, la traba del embargo general de fondos y valores del ejecutado por el monto del total reclamado con más el 15% de dicha suma, fijados legalmente para responder a intereses -resarcitorios y punitorios- y costas. Esto es la suma de ciento tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciséis con diez centavos ($ 103.864.716,10) con más el monto de pesos quince millones quinientos setenta y nueve mil setecientos siete con cuarenta y dos centavos ($ 15.579.707,42).
La falta de mérito para los funcionarios de AFIP complica así la querella de Fabián De Sousa y Cristóbal López en la causa donde denunciaron "aprietes" del organismo recaudador para desplazarlos del control de sus empresas. A este avance de la Justicia para desarmar la querella del presunto “Hostigamiento”, se sumó la falta de mérito para Alberto Abad, y también para el ex subdirector general de Recaudación del organismo, Sebastián Paladino en el marco de la causa por presunto hostigamiento a la empresa Indalo.
La magistrada entiende que, de momento, no existen otros elementos que permitan afirmar – a pesar de las contradicciones marcadas sobre los descargos de los imputados – “que la conducta perpetrada haya sido en el marco del hostigamiento denunciado; menos aún que haya habido algún tipo de connivencia entre ellos como para dictar la disposición que se terminó firmando, es que resulta necesario profundizar la investigación, de manera tal de confirmar o descartar tales extremos”.
En ese sentido, sostiene Servini, “no todas las conductas enrostradas por los querellantes como perpetradas por parte de funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos alcanzaron el estadio que requiere el artículo 294 del C.P.P.N., entre ellas y fundamentalmente, la crítica introducida en torno a la direccionada modificación de Resoluciones Generales del organismo recaudador; algunas de las cuales aún hoy siguen vigentes, transformándose a mi criterio en decisiones de estado en materia de administración tributaria".