Consejo de la Magistratura: la Corte se hace cargo a pesar del enojo K

Cuando en diciembre de 2021 la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley 26.080 (del año 2006) e instó al Congreso a que sancione una nueva ley también dio 120 días al Consejo de la Magistratura para integrar el órgano en línea con la Ley 24.937 y su correctiva. Así lo determinó el máximo tribunal del país.

"Hasta tanto esa ley sea dictada corresponde que en los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e inaplicables recobre plena vigencia el régimen previsto por la ley 24.937 y su correctiva 24.939, debiendo tenerse especialmente presente que para aprobar y elevar ternas de candidatos la mayoría requerida es de dos tercios de los miembros presentes". La Corte fue clara, lo que ocurra primero, sino todo desde el 16 de abril será declarado nulo.

Así, según refiere la norma, los nuevos miembros iniciarán y concluirán su mandato “de manera conjunta y simultánea”, aunque señala “con excepción del presidente”.

Ya sabemos que el Congreso no logró aprobar una ley y que la integración aún no se completó. Queda la elección de los académicos que se realizará mañana -que está además judicializada- y la política metiendo la cola como siempre. No fue capaz de sacar una ley pero tampoco es capaz de acatar un fallo de la Corte, lo que convierte en cosa juzgada. Nadie inferior puede desacatar un fallo o decirle al máximo tribunal que hacer. Tenía que nombrar un senador y un diputado y no lo hizo.

 Alegó que había una precautelar dictada por un juez federal de Paraná que se lo prohibía. Ese pedido había sido realizado por el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto, que ordenó al Congreso no designar sus representantes ante el Consejo.

Ante semejante situación suscitada el miércoles de la semana pasada, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires le pidió al máximo tribunal que se avoque y anule esa decisión. 

Asimismo el Ministerio Público Fiscal apeló la decisión del magistrado, quien hoy domingo de pascuas rechazó el recurso interpuesto al considerar que “no se verifican los supuestos ya que no es una cautelar sino una medida de carácter interino por lo que no es apelable”.

Según fuentes del cuarto piso del palacio de Tribunales, “ya rige la vieja ley”, por lo tanto Horacio Rosatti ya es el nuevo presidente del cuerpo. Además refirieron que todos acataron el fallo y que “el único estamento que no cumplió es la política”.

De hecho la oposición podría presentarse mañana mismo planteando una inhibitoria en el fuero contencioso administrativo y federal para que un juez avale las designaciones que tanto Cristina Fernández de Kirchner como Sergio Massa no firmaron por acatar un fallo de Paraná.

Lo cierto es que los jueces de la Corte podrían tratar el tema durante la reunión de acuerdo del martes próximo y anular la decisión del juez Alonso. Y Horacio Rosatti debería asumir esta semana la presidencia del Consejo. 

Por otra parte surgió un nuevo problema tras la aprobación del reglamento transitorio para habilitar el funcionamiento administrativo de la Justicia. En esa votación, que salió por 7 votos a 5 y que le otorgó las "facultades mínimas de gestión administrativa” a su actual presidente, Alberto Lugones. Si la Corte dijo que a partir del 16 de abril hasta que no se conforme el cuerpo o haya nueva ley todo será declarado nulo, ahora bien quién avalará cualquier decisión tomada por Lugones si para la Corte es nulo. Podrían iniciarse procesos judiciales al respecto. 

Bien sabemos que la Constitución Nacional no establece un criterio numérico respecto a los consejeros, sino de cómo deben estar representados. El artículo 114 sostiene que se debe procurar “el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.

La norma es clara y habla de jueces de todas las instancias. Algo que el oficialismo rechaza de cuajo. No quieren a Rosatti en el Consejo. La política juega fuerte frente a una justicia que seguramente mostrará su poderío sin hablar. Lo hará como tantas veces a través de sus sentencias. 

Consultado por MDZ sobre qué debe pasar desde mañana, el abogado constitucionalista Diego Armesto manifestó: “A partir de mañana, las instituciones y nuestra dirigencia política está a prueba, por cuanto no pueden desconocer lo que la Constitución dice y tampoco puede obviar el fallo de la CSJN. Las instituciones trascienden a los hombres, por ello, hoy, el Congreso debe debatir una ley, que respete el “equilibrio” y mientras tanto hay que trabajar por una justicia independiente lejos de las rencillas de la política de turno”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Pedro Caminos hace una reflexión más profunda de lo que puede pasar, sobre esta guerra que se dio entre la justicia y la política por un poco de poder. Según advierte Caminos, “la Corte le ordenó al Consejo integrarse de acuerdo con la ley revivida”. Esa ley establece un quórum determinado que, en principio,  podría reunirse sin la participación de los consejeros que faltarían designar por las Cámaras y el estamento académico. Así que, en principio, el Consejo está en condiciones de funcionar, presidido por Rosatti. “Lo que no está claro es que van a hacer los consejeros que piensen que la decisión de la Corte fue contraria a principios constitucionales. Si se quedan, aun cuando sistemáticamente se nieguen a acordar nada, van a legitimar la decisión de la Corte respecto a la composición del Consejo”. 

Además aduce que “en el caso particular del representante del Ejecutivo, su presencia le impediría al Presidente objetar después las ternas que le eleve el Consejo en su composición surgida del fallo. Y, aunque es un poco más complejo, algo similar pasaría con los senadores por la mayoría: su bloque no podría señalar la invalidez de la composición del Consejo como razón para no prestar un acuerdo cuando el Presidente mande pliegos de candidatos surgidos de ternas elevadas por el Consejo que surgirá el lunes”.

El Consejo de la Magistratura no puede dejar de funcionar, desde su creación es el órgano encargado de elegir y sancionar jueces, pero sobre todo de administrar el Poder Judicial. Con una justicia cuyo descrédito va en ascenso, no hay lugar para estas guerras inútiles. Se necesitan jueces, las vacantes cada vez son más, hay magistrados que subrogan hasta 3 juzgados, eso nos debe interpelar como sociedad. Si realmente queremos que la justicia funcione debemos dotar a este cuerpo de la total transparencia y olvidarnos de las chicanas políticas.