Consejo de la Magistratura: entre críticas por "interferencia política" y defensa del modelo vigente
Mientras se discute a nivel nacional una reforma, en Mendoza se reabre la discusión sobre el rol político en la Justicia. Denuncias por "opacidad" e injerencia del Poder Ejecutivo y defensa por mayor "apertura" a abogados "de la calle".
Norma Llatser, Julio Gómez (presidente del Consejo de la Magistratura), Alfredo Cornejo, Dalmiro Garay, Omar Palermo y Teresa Day.
Julieta Caballero - MDZLa propuesta de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reformular el método de selección de jueces, fiscales y defensores oficiales —con el objetivo de “terminar” con la discrecionalidad política— generó un fuerte impacto en Mendoza, especialmente en el Consejo de la Magistratura.
El debate, que se instaló a nivel nacional, también se da en la provincia en un contexto donde distintos sectores advierten sobre una creciente injerencia del poder político en la Justicia. Las críticas no provienen sólo de la oposición, sino también de actores con peso dentro del propio Poder Judicial.
Ese clima incluso derivó en internas dentro de la Suprema Corte de Justicia, que demoró más de un año en definir quién ocuparía una vacante en el Consejo de la Magistratura. Finalmente, esta semana fue designado el ministro Julio Gómez.
Como suele ocurrir, hay posiciones encontradas. Mientras algunos sectores sostienen que el organismo funciona de manera equilibrada, otros cuestionan una fuerte incidencia política —particularmente del Ejecutivo provincial— y plantean la necesidad de avanzar hacia una reforma que limite la intervención subjetiva.
En ese marco, la propuesta impulsada por los supremos Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti busca reducir el peso de las entrevistas personales en la evaluación de los postulantes y fortalecer criterios objetivos, como los antecedentes académicos, los resultados de los exámenes de oposición y la trayectoria profesional.
El antes y el después del Consejo de la Magistratura de Mendoza
En Mendoza, distintas voces del ámbito judicial plantearon la necesidad de revisar el funcionamiento del Consejo. Uno de ellos fue el ministro de la Suprema Corte, José Valerio, quien advirtió en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM sobre un “retroceso” en el sistema de evaluación a partir de la reforma de 2017 (ley 9.013), durante el gobierno de Alfredo Cornejo.
Según explicó, el esquema anterior —ley 7719 que se lanzó en 2007— contemplaba cuatro bloques de evaluación: un examen escrito y uno oral (5 puntos cada uno), antecedentes laborales y académicos (hasta 5 puntos) y un componente discrecional de otros 5 puntos.
Sobre este anterior sistema también habló en MDZ Radio 105.5 FM-en After Office- Diego Lusverti, juez del Tribunal Penal Colegiado 1. quien consideró que “antes el norte del sistema era que llegaran los mejores”, al recordar que el examen escrito era anónimo y prácticamente imposible de vulnerar.
“Una persona que aprobaba ambos exámenes con buen desempeño podía alcanzar el máximo puntaje, y eso difícilmente podía ser revertido por la discrecionalidad del Consejo”, sostuvo.
Sin embargo, tras la reforma de 2017, se eliminaron aspectos centrales de ese esquema. “Se quitó el anonimato del examen escrito y también su carácter excluyente. Hoy el que rinde el escrito pasa directamente al oral”, explicó Lusverti.
Además, los exámenes dejaron de otorgar puntaje: ahora sólo se califican como aprobados o desaprobados. “Es un sistema bastante opaco, porque no se sabe bien quién aprueba y quién no (...) lo cierto es que pasan solamente los que los que la mesa examinadora considera aprobado”, cuestionó.
En ese nuevo esquema, los 10 puntos que antes correspondían a los exámenes quedaron fuera de competencia, y el sistema se redujo a 10 puntos totales: 4 por antecedentes y 6 discrecionales del Consejo.
Para Lusverti, esa “opacidad” es precisamente lo que hoy se discute a nivel nacional. “Eso es lo que atenta contra la transparencia del sistema y la posibilidad de elegir a los más idóneos”, señaló.
"El examen escrito era relevante porque existía el anonimato. Ahí, sin saber quiénes eran, excluías los que no habían aprobado".
Al margen de las críticas de la reforma, Valerio sostuvo que con la nueva ley del Consejo "se avanzó en algunas cosas como por ejemplo la separación de los concursos de fiscales y los defensores. Se tomaron esos exámenes o evaluaciones técnicas con relación a los fiscales y viceversa. Es decir, se buscaba más la idoneidad con la función", dijo.
"Exceso de discrecionalidad" y sospechas en el Consejo
Valerio también apuntó contra el actual modelo al denunciar un “exceso de discrecionalidad” que, según sostuvo, “se presta a la manipulación”.
“El sistema anterior es prácticamente el que ahora propone la Corte nacional. Lo que se advierte es que hay que prestar atención a estos márgenes de discrecionalidad”, afirmó.
Consultado sobre la incidencia política, fue contundente: “Existe totalmente la sospecha de influencia. No hace falta que yo lo diga, lo sabemos todos”.Incluso mencionó la existencia de “camarillas” y estructuras de poder dentro del proceso de selección. “Hay interferencias en la elección de representantes y un aparato electoral que todos conocemos”, sostuvo.
Igualmente sostuvo que este problema ya viene de antes y se remitió al 2023, cuando se removió a toda la Comisión Penal del Consejo de la Magistratura, con la aparición de audios y textos. "Yo todavía me acuerdo. Pero no he escuchado explicaciones. Ninguna", cerró.
También recordó una conversación que tuvo con el ex gobernador Rodolfo Suarez por una situación irregular. "Tuve que hablar con el gobernador Suarez, cuando yo presidía el Consejo por interferencias que yo veía, que había combinaciones dentro del Consejo y le dije que eso me parece una barbaridad. Y se corrigió”, manifestó Valerio.
Otro alto referente del Poder Judicial consultado por MDZ sostuvo la necesidad de "revisar" cómo actúa el Consejo y plantearon la "necesidad imperiosa de jerarquizarlo, respetando la instancia de designación, que es política"
Pero agregó que es importante "recuperar concursos con gente insospechada de imparcialidad y con prestigio". Agregaron que "debería volver el puntaje" en los exámenes y parafrasearon con la reconocida canción Cambalache, al sostener que "no puede ser lo mismo un burro que un gran profesor".
En tanto, Germán Gómez, diputado peronista y miembro del Consejo de la Magistratura, si bien no criticó el funcionamiento, indicó que "tiene que discutirse un nuevo modelo en la provincia de Mendoza que modernice y que dé prioridad a quienes reúnen los mejores requisitos para para cumplir una función tan importante, como es la administración de justicia".
Voces a favor del funcionamiento del Consejo de la Magistratura
A diferencia del juez Valerio, hay voces a favor también respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Brevemente se refirió al respecto el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, quien sostuvo, a propósito de la propuesta de la Corte Nacional, que en Mendoza el Consejo "está funcionando bien", pero aclaró que "todo se puede modificar".
Ante los dichos de sospechas en el manejo interno, Jaliff defendió el trabajo al sostener que el organismo está representado por miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, "con el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, para mi la conformación está bastante equilibrada", planteó.
Particularmente del Colegio de Abogados, su presidente, Sergio Molina, dijo a MDZ que en todo el proceso que se realiza en el Consejo de la Magistratura, se le da importancia tanto a los exámenes, como también a los antecedentes de los postulantes y "el diálogo directo entre el Consejo y los aspirantes".
"Estos tres puntos son importantes y dejar de lado alguno de ellos sería perjudicial", planteó.
Sostuvo que los antecedentes y exámenes "son cuestiones totalmente objetivas, pero hay veces que puede haber un aspirante al cargo que tenga un amplio conocimiento en el plano académico, pero que le cuesta afrontar aspectos de lo cotidiano".
De igual forma, referentes del Colegio de Abogados sostuvieron que ese organismo "ha hecho lo posible para que los abogados de la calle puedan llegar a las magistraturas" y que este funcionamiento los pone en una suerte de "igualdad de condiciones" porque "no solo tienen conocimiento profundo del derecho y antecedentes, sino que el ejercicio profesional en la calle te hace conocer muchas cosas que dentro del Poder Judicial quizás no".
Puntos importantes de la propuesta de reforma nacional
En parte de la fundamentación del reglamento propuesto por la Corte Nacional, que será discutido en el Plenario del Consejo de la Magistratura, los supremos argumentan que consideran conveniente "proponer mejoras orientadas a garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados".
"En ese punto es donde funciona y tiene para sí el análisis el Consejo de la Magistratura, que no se limita sólo al conocimiento público del derecho, sino que toca aspectos que hace al funcionamiento diario de la gestión", planteó.
De otra forma, opinó que "cuando uno toma solamente exámenes o el CV, para un trabajador del ámbito judicial (ndr: de la 'familia judicial') es relativamente fácil tener un CV amplio y un conocimiento de lo jurídico, pero le puede faltar de la parte práctica".
Además, negó que haya algún tipo de "influencia política". "Puede ser q en la Nación ocurra, pero en Mendoza no pasa; en general el proceso funciona de manera óptima", sostuvo Molina.
De igual forma, referentes del Colegio de Abogados sostuvieron que ese organismo "ha hecho lo posible para que los abogados de la calle puedan llegar a las magistraturas" y que este funcionamiento los pone en una suerte de "igualdad de condiciones" porque "no solo tienen conocimiento profundo del derecho y antecedentes, sino que el ejercicio profesional en la calle te hace conocer muchas cosas que dentro del Poder Judicial quizás no".
Integrantes del Consejo de la Magistratura de Mendoza
- Suprema Corte: Julio Gómez (titular y presidente del organismo), Norma Llatser (suplente)
- Poder Ejecutivo: Juan Carlos Jaliff (titular), Mercedes Rus (suplente)
- Magistrados en ejercicio: Alfredo Dantiacq (titular); Cintia Barriga Minervini (suplente)
- Abogados de la matrícula: Pablo Teixidor y Adriana Atencio (titulares); Javier Fernández Broner y Elsa Fuligna (suplentes)
- Cámara de Diputados: César Cattáneo y Germán Gómez (titulares); María Eugenia de Marchi y Gustavo Perret (suplentes)