Las claves para entender por qué estamos más inseguros en Mendoza

Primera escena de lo que ya se hizo cotidiano. Este episodio ocurrido el domingo último en la madrugada del Gran Mendoza, seguramente se repite por decenas día a día. Un padre, abogado de profesión, va a buscar a su hija a la salida de un boliche y cuando llega la encuentra llorando desconsoladamente. La desesperación logró apenas ser controlada cuando la joven alcanzó a contar que le habían robado el celular, pero que estaba bien más allá de un hecho al que no le faltó algo de violencia. Cuando llegó la policía y ante la mirada inquisidora del abogado y del resto de los padres que ya se habían arremolinado en el lugar, el uniformado soltó la frase: “Qué quiere jefe, no podemos con todo. Solo somos tres en investigaciones que estamos de turno un sábado a la noche para cubrir a todo Luján de Cuyo”.

El brutal asesinato de Emiliano Fernández en Las Heras, volvió a poner sobre la agenda el problema de la inseguridad en Mendoza y está forzando al Gobierno de Rodolfo Suarez a hacer algo que no quería: hablar de los temas de seguridad como uno de los que asoma como mas deficitarios en la gestión.

Habrá que creer en los hechos lo que desde el viernes es un anticipo a nivel oficial: Raúl Levrino, el ministro de Seguridad, saldría finalmente de su ostracismo para exponer y exponerse públicamente en los próximos días por la forma en que está conduciendo la cartera. Colaboradores del ministro aseguran que el silencio notorio de las últimas semanas no fue autoimpuesto, sino que formó parte de una estrategia comunicacional del Gobierno de no hablar de los asuntos referidos a la inseguridad en la provincia. Y menos hacerlo cuando las papas queman como sucedió en las últimas semanas. “Hablar de seguridad es un boomerang”, entienden en Casa de Gobierno, y admiten en buena medida lo que sostienen desde el edificio de la calle Salta. “No es que Levrino no quiera hablar, es que no lo dejan”, se justifican.

El punto es que el ministro no solo no habla con los medios. Sino que además mantiene casi cortada toda comunicación institucional con la Bicameral de Seguridad, ante quien se comprometió (en su última ruptura de silencio ocurrida en septiembre) a trabajar con intercambio de información y con el debate de proyectos de leyes que hicieran falta para superar la situación actual. Salvo la respuesta de algunos pedidos de informes puntuales, poco y nada se avanzó en estos meses al respecto.

Está claro que el vínculo político entre oficialismo y oposición está roto en la Legislatura. Y, en el aspecto relacionado con la seguridad, el cuadro es peor aún. El presidente de la Bicameral, Rafael Moyano, impulsa un cambio en el reglamento de este órgano que surgió a la luz de la reforma en materia de Seguridad de finales de los 90 que se transformó, con el paso del tiempo, en el último caso logrado de acuerdos políticos entre los partidos de Mendoza.

La Bicameral, por ley, debe estar presidida por la oposición y fue diseñada para que desde la Legislatura se generara un ámbito de seguimiento y control de las políticas de seguridad. El cambio reglamentario que se le busca introducir, apunta a modificar el peso que hoy tiene Cambia Mendoza dentro de ese órgano del que hoy maneja tanto el quórum como las votaciones. La última sesión del jueves fue caliente cuando se planteó este tema. El encuentro de los legisladores que integran este cuerpo venía precedido por un pedido de renuncia por parte del Frente de Todos a la cúpula de Seguridad y el oficialismo se sentó a dar quórum después de un mes. Pero rechazó cualquier modificación que ponga en riesgo el control de los que allí se decida.

Segunda escena de lo que ya se hizo cotidiano. Luego de haber calmado a su hija tras el robo de madrugada, el abogado volvió a su casa, dio por perdido el teléfono celular y se acostó amargado por la costosa pérdida material. Pero aliviado en definitiva de que la cosa no hubiera resultado peor. A la tarde del domingo tuvo un impulso: recordó que la marca del teléfono que le habían arrebatado a su hija tiene un sistema de seguimiento y, cuando lo accionó, vio como el aparato aparecía dando algunas vueltas por Godoy Cruz. Cambió de opinión. Decidido ahora a recuperar el aparato, fue hasta la comisaría 47 de Carrodilla y al llegar se encontró con el lugar cerrado. Golpeó. Una voz desde adentro le gritó “va a tener que esperar caballero, estamos en el cambio de turno”. Esperó. Pero cuando ya había pasado casi media hora no soportó más y se volvió a acercar a la reja. Ya nadie respondía desde adentro. Aunque sí se escuchaba un sonido. Eran ronquidos, el policía estaba durmiendo.

Poco se sabe acerca de qué dirá Levrino esta semana si es que se cumple el compromiso de que volverá aparecer en público. Sin embargo algo sí está confirmado: el Gobierno saldrá a refutar con datos propios las críticas que arrecian. Y en este punto se difundirán dos, fundamentalmente. Uno de ellos es el que ya vienen utilizando voceros oficiales para intentar demostrar que la situación de inseguridad en el Gran Mendoza no es comparable con la del Gran Buenos Aires, por caso.

En ese sentido expondrán como se logró controlar (y hasta bajar) las tasa de homicidios, así como también la de robos agravados por el uso de armas. Entre enero y febrero del año pasado, contabilizan, los homicidios en Mendoza fueron veinticuatro. En los primeros meses de este año, catorce. Con respecto al segundo indicador, los robos con arma registrados en los dos primeros meses de 2021 fueron 828. Durante enero y febrero de este año, sumaron 429.

En estos números es en dónde Suarez se para para decir que la situación no está fuera de control. Y la argumentación, sólo observando estas estadísticas, tiene sustento. Pero el dato que más puede llegar a reflejar la realidad está en algo que el ministro divulgaría en estos días.

En Mendoza subió el robo de autos y de neumáticos, crecieron los hurtos, el robo de celulares y las entraderas a las viviendas. Con respecto al primer punto, La Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) actualizó el listado de todos los robos de vehículos registrados en Argentina y Mendoza está ubicada en el cuarto lugar del ranking a nivel país. Godoy Cruz, Villa Nueva y Las Heras son las localidades con mayor cantidad de robos de automóviles, de los 145 sustraídos en los últimos meses según este registro. De las entraderas, solo basta observar la forma en que la mayoría de los barrios privados se convirtieron en un colador. Ni hablar, de la situación de aquellos que no cuentan con el beneficio de la seguridad privada.

Levrino divulgará seguramente los alcances de la última encuesta de victimización, un estudio que se viene realizando desde 2016 y que busca establecer, a través de encuestas domiciliarias y no por medio de las denuncias formales, cuál era la situación real de la inseguridad en Mendoza. El número que se está barajando es la clave para entender el problema y es lo que se conoce como la "cifra negra". Históricamente la cifra de delitos que no se denuncian en la provincia rondó el 50%, en 2016 ese número trepó al 60%, en 2019 (último dato conocido) casi llegó al 65% y el registro más reciente, que es una señal de alarma fuerte para esta gestión, es que en la actualidad más del 80% de los robos y hurtos no entran en los registros oficiales. 

Algunos elementos pueden ayudar al análisis aquí. Uno de los ejemplos de política de seguridad exitosa a nivel global, es la recordada “tolerancia cero” que el famoso alcalde Rudolph Giuliani aplicó en la ciudad de Nueva York a mediados de los 90. Aquél concepto de política pública ganó fama por la acusación de que los policías, en nombre de esa “tolerancia cero”, muchas veces terminaban llevándose por delante las libertades individuales de muchos ciudadanos y, particularmente, de los latinos y afroamericanos. Mucho de cierto hubo en eso.

Pero también Giuliani se basó en otro precepto, definido como el de las “ventanas rotas”. Esta última medida estuvo inspirada en la teoría de un profesor de la Universidad de Harvard, James Q. Wilson, para quien, si en un edificio abandonado hay una ventana rota y no es arreglada rápidamente, los vecinos apedrearán el resto de las ventanas y eso terminará destruyendo la propiedad entera. "La policía debe sancionar todas las infracciones, por más insignificantes que parezcan, porque la sumatoria de esas pequeñas faltas crea un clima de desorden e inseguridad que favorece la irrupción del delito", explicaba hace algunos años al diario La Nación, el entonces jefe de policía de Nueva York, William Bratton.

Pero para poder aplicar esta idea hace falta no solo gestión y mayor presencia policial en la calles. Sino que además se requiere de mucha información, que claramente, el Ministerio de Seguridad no tiene. ¿Cómo atacar las zonas de mayor índice delictivo si no se sabe cuáles son? ¿De qué forma armar un registro en tiempo real de los robos si no se conoce dónde se producen? En realidad, no es que bajen los delitos. Lo que sigue bajando son las denuncias.

¿Por qué la gente no concurre a las oficinas fiscales o ni siquiera apela al registro on line que resulta más práctico? Son varios los factores, aunque la imagen del policía durmiendo en su turno tranquilamente puede funcionar como una muestra más que acabada del problema.

Tercera escena de lo que ya se hizo cotidiano. El abogado logró que finalmente le tomaran la denuncia luego de despertar a los gritos al efectivo que, de mala gana, hizo uso de su tiempo para registrar el hecho en la computadora. Pasada una hora, mientras todavía el celular robado seguía apareciendo como activo en Godoy Cruz, sobrevino otro problema. No había móviles policiales para ir al lugar en donde el aparato estaba siendo detectado.

La decisión política de Rodolfo Suarez durante la campaña y luego al asumir, fue no tocar al equipo que Alfredo Cornejo instaló en el Ministerio de Seguridad a partir de 2016. De al menos cuatro piezas clave del control de la cartera, tres todavía siguen en manos de funcionarios designados por el ex. Hugo Sánchez continúa en la jefatura de Gabinete, Néstor Majul suma el manejo de la secretaría de Relaciones con la Comunidad y la voz de mando sobre la Policía la ejerce un efectivo más que un civil. En el fondo, en Seguridad aún se lamentan por la salida apresurada y en medio de un escándalo de Roberto Munives, aunque reconocen que había perdido credibilidad ante la tropa luego de sus afirmaciones en el caso de la muerte de Florencia Romano. Marcelo Calipo, el reemplazante de Munives desde febrero, es parte del mismo equipo que viene trabajando desde hace seis años al menos y él mismo se define como un discípulo de Munives. Suarez fue el que designó al ministro, pero sostuvo otra medida vital tomada por Cornejo: mantener un esquema de media docena nada más de comisarios generales para manejo de la fuerza, cuando históricamente estos superaron los veinte.

Para defenderse de las críticas, el Gobierno descarga en parte la responsabilidad del problema en la situación económica y social de la Argentina y busca allí las culpas sobre uno de sus descargos favoritos a esta altura: Alberto Fernández. Es un hecho que la crisis termina empujando para arriba los indicadores del delito en todo el país, así como también que las condiciones macro económicas no ayudan. Durante 2021, Seguridad debió declarar desiertos tres llamados a licitación para la compra de 90 móviles policiales porque no encontró un proveedor que pudiera garantizar esa capacidad de venta. Algunos concesionarios locales ni se presentaron. Para ellos venderle casi un centenar de autos al Estado para cobrarlos al precio original y (con suerte) a los 90 días en este contexto de país, significaba directamente perder plata.

Ahora bien. La situación económica nacional explica parte del problema. Aunque no todo. Un informe realizado por el Instituto Alternativa que responde al peronismo mendocino, detectó que en el Presupuesto 2022 que aprobó la Legislatura, los gastos totales de la provincia crecieron un 215% en los últimos tres años, mientras que lo destinado a Seguridad subió apenas el 158%. El mismo estudio detalla que en los últimos años la incorporación de personal policial para servicio efectivo es menor a la necesaria, solo alcanza a cubrir las salidas y que además existen limitaciones en los ascensos dentro de la carrera policial.

“La incidencia del presupuesto total de gastos asignado a la Dirección General de Policía sobre el presupuesto total de gastos de la provincia de Mendoza también viene disminuyendo de manera constante, pasando del 6,14% en 2014 al 5,16% en 2021. El Gobierno provincial viene asignando cada año una porción menor de sus erogaciones para sostener los gastos en personal, bienes de uso, bienes de capital, servicios, etc. de las policías de Mendoza”, reza el informe.

La ratificación de estos datos o no, será tarea de Levrino en su aparente reaparición pública inminente. Pero la falta de recursos es una realidad. De manera cruda y hace cuatro días, el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, describió la situación en las fiscalías de manera dramática. “En el Sur las oficinas fiscales están trabajando con un solo ayudante fiscal. No hay un solo personal administrativo cuando antes ese trabajo lo hacían los policías. Es una deuda que tenemos, la cantidad de personal que colabora. A mí me han renunciado diez ayudantes fiscales porque estaban reventados y hay trece que están con parte psiquiátrico”.

Y siguió: “Los fiscales tienen entre siete y diez audiencias diarias por distintos delitos. Es sacarse un chip para ponerse otro. El sistema acusatorio funciona cuando hay una proporción de tres fiscales por cada juez. Y esa proporción es hoy de uno a uno”.

Final de una escena que ya se hizo cotidiana. El abogado llegó, sin la asistencia policial, al barrio en donde seguía apareciendo el celular detectado. Y aquí el motivo de mencionar la profesión del protagonista de esta historia. Sus contactos fueron los que le permitieron llegar al ayudante fiscal de turno, para agilizar las órdenes de allanamiento en las viviendas en donde titilaba el teléfono perdido. Mientras aguardaba por esta irrupción policial, unos chicos que estaban lavando un auto en la vereda detectaron esa presencia extraña que venía con un teléfono en mano como buscando algo, cayeron en la cuenta de lo que estaba sucediendo y uno de ellos se acercó: “Me imagino que estará buscando esto, lo encontramos tirado anoche en la calle”, le dijeron al padre de la víctima del robo. En realidad, el teléfono no estaba en la casa que detectaba el sistema sino que apareció dos viviendas más allá. La Policía iba a allanar domicilios en donde no iba a encontrar nada, con las consecuencias que eso hubiera implicado. Cuando ya todo parecía resuelto, apareció en escena el ayudante fiscal. Apurado, nervioso y desbordado, reconoció a quien lo había llamado algunos minutos antes para reclamarle por las demoras en el operativo y resopló: “Qué querés que le hagamos, hermano. Estamos remando en dulce de leche”.